A los problemas que atraviesa el sector del transporte, con un parón importante en el mes de marzo y la posibilidad de poner en marcha otro, se suma ahora la decisión de la Diputación de Vizcaya de implantar peajes para camiones de más de 3.500 kilos en varias de sus carreteras.
Ya se ha aprobado el proyecto de esta norma que tiene unos plazos bastante claros, con la intención de que los arcos de cobro comiencen a funcionar a finales de año en el tramo entre Llodio y Basauri (BI-625) y N-240. A partir de ahí, irlos extendiendo progresivamente a otros puntos, entre ellos, la A-8 en su límite con Cantabria.
Sobre este asunto hemos hablado en Castro Punto Radio con José Andrés Cianca, presidente de Asemtrasan (Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria). Ha lamentado que “a todos los problemas que llevamos un año arrestando, se suma ahora éste”. Si no se pone antes una solución, calcula que para primeros o mediados de 2023, la medida esté operativa ya en el límite con Cantabria”. Un peaje que afecta “al 70% de los 4.000 camiones que hay en nuestra comunidad autónoma y que pasan por esa zona en sus trayectos hacia país Vasco, Zaragoza, Cataluña o Francia”.
Cianca considera que esta decisión de Vizcaya “responde únicamente a un afán recaudatorio y no encontramos otros argumento. Dicen que es para el mantenimiento y conservación de las infraestructuras pero, para eso, ya pagamos suficientes impuestos”. Del mismo modo, ha criticado que es una medida “discriminatoria porque sólo afecta a los vehículos de más de 3.500 kilos”.
Ha defendido que el sector “no puede asumir más costes. Si al aumento del combustible le sumamos esto, evidente no quedará más remedio que repercutirlo y se verá afectada toda la población”.
Desde las asociaciones del transporte se están moviendo ya para tratar de frenar esta medida de Vizcaya. Hoy se reúne en Madrid el Comité Nacional del Transporte y éste será uno de los temas a poner encima de la mesa”. Además, “nos estamos reuniendo con asociaciones del País Vasco y estamos mirando a ver qué podemos hacer conjuntamente para poner freno a esta situación”.
Al margen de este asunto en concreto, hemos hablado con Cianca sobre la posibilidad de que el sector emprenda un nuevo parón. “Estamos ahora en una impasse de dos semanas para que el Gobierno tome alguna medida excepcional”. Y es que, “la rebaja de 20 céntimos en el combustible se ha quedado obsoleta porque ya el precio medio está en 2,10 euros el litro. Es inasumible”.
Ha detallado que “un camión que haga 12.000 kilómetros al mes usa 4.500 litros de gasoil. Esto supone un coste de 9.450 euros, que con la rebaja de los 20 céntimos se queda en 8.550. Se trata del 49% de los gastos totales de explotación de un vehículo y con más del 31% supone ya trabajar a pérdidas”.
