El Pleno ha dado un nuevo paso para regularizar la zona en la que se proyectan la construcción del futuro teatro municipal y el nuevo centro de salud. En concreto, con los votos a favor del equipo de Gobierno y las abstenciones de la oposición, se ha aprobado el compromiso de gasto plurianual derivado del Plan Especial de ordenación de las parcelas obtenidas con el desarrollo de las unidades de ejecución 1.24, 1.26, 1.33 y 1.34, situadas entre la calle Leonardo Rucabado, calle Cantabria, colegio Arturo Dúo y el Archivo Municipal.
Alejandro Fernández, concejal de Urbanismo, ha recordado que la sentencia que se dictó sobre la zona establecía que “el Ayuntamiento deberá restablecer la legalidad urbanística por los medios legalmente previstos al respecto. Ha de acometer una ordenación conexionada de toda la superficie, lo que consigue además regularizar la situación de muchas viviendas. Ya se ha redactado un Plan Especial y se está trabajando en la tramitación ambiental”. Se compromete un gasto para los costes de urbanización restantes. “Son un total de 335.000 euros a ejecutar en tres años: en 2021 un importe de 21.600 euros para proyectos eléctricos, 232.000 en 2022 para obras de nuevas instalaciones eléctricas y 83.000 en 2023 para reparación de viario y medidas compensatorias”.
Para acabar la tramitación ambiental “es necesario que el Ayuntamiento comprometa estos gastos, aunque parte de los mismos los puede acabar sufragando el Gobierno de Cantabria cuando construya el centro de salud”. Sin embargo, “ahora es una exigencia para seguir con el Plan Especial”.
Eduardo Amor (CastroVerde) ha afirmado que “se ha aprovechado la coyuntura para meter algo más, como son unos 285.000 euros para la construcción de unos centros de trasformación para dar servicio al futurible centro de salud. Darle una excusa al Gobierno para no arreglar el de La Barrera. Al final, sólo 60.000 son para regularizar la zona y los castreños van a tener que pagar el restante para la intención de que ahí se instale un centro de salud sin ninguna garantía de que se vaya a hacer”.
El Partido Popular ha defendido que “partimos de una sentencia que nos dice que tenemos que regularizar una zona con un plan especial y se exige un compromiso de gasto que vamos a tener que efectuar para esa regularización y para dar servicio a los suministros eléctricos de aquello que se pretende construir”. Como ha señalado Ana Urrestarazu, “el PP está de acuerdo con la regularización y, si para que haya allí un futuro teatro tienen que ejecutarse esos suministros, no nos vamos a oponer. Simplemente es una tramitación y el cumplimiento de una sentencia”.
En la misma línea, Rosa Palacio (Ciudadanos) ha insistido en que “es la regularización de la zona con un Plan Especial totalmente transparente”. Ha añadido que “si no nos fiamos del Ejecutivo regional no avanzaríamos en nada”.
Podemos entiende que “se debe actuar con un criterio de prudencia. La calle Cantabria está en un proceso judicial que cuestiona su legalidad y un Plan Especial que considere fijada la situación actual, no consideramos que sea lo más oportuno”. Así lo ha dicho Alberto Martínez. También cree que “nos deberíamos interesar en rehabilitar el centro de salud de La Barrera y no dejarlo abandonado mientras se hace el nuevo”.
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La modificación de la ordenanza fiscal número 3 reguladora del Impuesto de Actividades Económicas ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y las abstenciones de la oposición.
Como ha explicado el concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, “el objetivo es tratar de fomentar la instalación de empresas de cierta envergadura en el municipio. Así, se propone una bonificación del impuesto, durante cinco años, del 50%, que podría alcanzar el 95% si la actividad tiene interés social para el Ayuntamiento”.
Por otro lado, “y con el fin de tratar de crear empleo, se bonificará también en función del porcentaje de puestos de trabajo indefinidos que se generen durante el año concreto”.
Por último, “queremos que las juntas vecinales se beneficien también de la instalación de empresas, por lo que se rebaja el coeficiente que se aplica a las empresas”.
Además, “hemos aprovechado para corregir unas anomalías en el documento, como el hecho de que había zonas que estaban catalogadas en el Plan General de Ordenación Urbana como industriales y no se estaba aplicando el coeficiente que correspondía. Esto supone una diferencia de 30.000 euros para las arcas municipales. Del mismo modo, se dota de mayor claridad a la ordenanza confeccionando unos planos en los que se pueden ver con más claridad las zonas delimitadas”.
Para el PRC “la medida es insuficiente y no eficaz. Si el equipo de Gobierno cree que hay que bonificar a las empresas con una cifra que es mínima en comparación con la facturación que tienen, no nos vamos a oponer, pro esto no va a hacer que decidan instalarse aquí o crear empleo”. Por otro lado, “nos parece curioso que estas bonificaciones sean mayores para las firmas de fuera de los polígonos industriales”.
En la misma línea, Eduardo Amor (CastroVerde) ha señalado que “se está zonificando a las empresas que están en los polígonos para que tengan un coeficiente como si estuvieran en el centro, de manera que lo que se hace es aumentar la recaudación en 22.000 euros, pasando de 117.000 a 139.000 euros. Lo que se va a hacer es cobrarles más y no sé cómo eso va a favorecer que se implanten. Suben los impuestos para todas las empresas que facturen más de u millón de euros, salvo si se instalan en las juntas vecinales y en zona no industrial. Se intenta vender una creación de empleo, pero lo que se está haciendo es subir los impuestos a las empresas. No digo que esté bien o mal, pero no se entiende la motivación. Es incongruente”.
Esta argumentación la comparte el PP. Ana Urrestarazu tampoco entiende “que se bonifique a una empresa que se ubique en una zona no industrial en una junta vecinal, cuando estamos hablando continuamente de sacar empresas de los núcleos poblacionales”.
Podemos ha hecho alusión a una de las bonificaciones “que puede llegar al 95% por cuestiones sociales, culturales, históricas o de creación de empleo. En este caso es un concepto tan amplio que siempre se concederá”. Por eso Alberto Martínez ha propuesto “que se divida por cuatro, para los cuatro criterios, con un 23,75% por cada uno de ellos”.
Pablo Antuñano ha defendido que “hay interpretaciones que hacéis que son erróneas. Por ejemplo, que se considere siempre a una empresa la que esté en un polígono porque relacionamos la figura de una empresa como una industria y no. Puede estar ubicada en una casa. No confundamos empresa con industrial. Tampoco subida de impuestos con regularización de lo que se venía cobrando mal”.
CastroVerde ha incidido en que “la palabra regularización es la primera vez que la escuchamos. Si lo hubieran vendido así, se hubiera entendido, pero no como una medida para promover el empleo y la instalación de empresas”.
SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES
Por unanimidad se han aprobado la encomienda de gestión del Ayuntamiento a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la extensión de los servicios públicos digitales, de manera que los ciudadanos puedan realizar, desde sus casas, los trámites con la administración, como ha explicado Antuñano.
También una bonificación del 95% impuesto de construcciones y la tasa urbanística a una Comunidad de Propietarios por obras del Informe de Evaluación de Edificios.
Y la solicitud de autorización de compatibilidad de puesto en la entidad local con trabajo en el sector privado como profesional.
