El pleno del Ayuntamiento ha aprobado, con la única abstención de CastroVerde, una modificación en el contrato del Castrobús a petición de la Junta Vecinal de Oriñón. Se añade un viaje más por la tarde “para que el servicio finalice cerca de las 10 de la noche, como sucede con el resto de pedanías”, ha explicado el concejal del área, Alejandro Fernández. “Habrá un viaje más que saldrá de Castro a las 20:45 horas y de nuevo hacia el centro de la ciudad a las 21:15. Es una petición de justicia que va a permitir que los usuarios puedan estar en Castro una hora más por la tarde”.
El edil ha detallado que esta modificación supone añadir al contrato 13.078 kilómetros al año con un coste para las arcas municipales de 20.337 euros anuales.
Por otro lado, “para solucionar restricciones de aforo en los autobuses de la línea 1, que ha provocado que alumnos de los institutos se hayan quedado fuera a la hora de acudir o salir de los centros, se añade un autobús adicional en los horarios de entrada y salida de los centros escolares durante todos los días lectivos del calendario escolar”, ha dicho Fernández. Y es que, con las medidas de seguridad anti Covid, “todos los asientos pueden ser ocupados pero, de pie, sólo se permite dos pasajeros por metro cuadrado. Los autobuses de la línea 1 pasan de 90 plazas a menos de 50”.
La modificación supondrá 1.192 kilómetros anuales adicionales y un coste de 1.266 euros al año. Tanto este nuevo servicio como el de Oriñón, se pondrán en funcionamiento mañana miércoles.
Este punto ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos.
ACCIONES SOCIALES
La convalidación del Decreto de Alcaldía de aprobación del expediente de Modificación Presupuestaria en su modalidad de suplemento de crédito para financiar prestaciones básicas de los servicios sociales de la entidad local ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos, PP, PRC y Podemos y el voto en contra de CV.
El concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, ha explicado que, al cierre de la liquidación de 2019, las cuentas del Ayuntamiento arrojan un superávit de cerca de 1.500.000 euros, de los cuales la Ley permite destinar el 20% a acciones sociales, unos 300.000 euros. Ha detallado que “100.000 irán a gasto social para ayudar a personas vulnerables, 170.000 para la Residencia Municipal y partidas de gastos que suplementan las que había para la compra de material sanitario de protección”.
Eduardo Amor, concejal de CastroVerde, ha criticado que el total de ese 20% que se puede emplear en acciones sociales “no se destine íntegramente a ayudas sociales, que es el espíritu del Real Decreto Ley”. Por el contario, “tapamos agujeros del Consistorio, como la compra de EPI para todos los departamentos municipales o para deficiencias en la Residencia, que son estructurales”. Con todo, “sólo 100.000 euros de esos casi 300.000 se van a destinar al fin que debería tener, que es el aumento de ayudas de emergencia social”. CV ha presentado una enmienda para que “la totalidad de ese 20% del superávit se destine a ayudas de emergencia social y que el resto de gastos que se han hecho se cubran con modificaciones presupuestarias”. Dicha enmienda ha sido rechazada por la mayoría del pleno.
Para Podemos “las partidas que se proponen por el equipo de Gobierno son necesarias y estamos de acuerdo, pero también compartimos con CV que sería más lógico destinar esta partida íntegramente a ayudas de emergencia social”.
Para Ana Urrestarazu (PP) “muchos de los problemas que tenemos se deben al presupuesto que elaboró CV en la pasada legislatura y que está mal hecho. Habrá que hacer más modificaciones del mismo pero, el Ayuntamiento debe ayudar a los más desfavorecidos y, si la Residencia necesita un plus, hay que dárselo”.
Antuñano ha insistido en que “no entendemos la enmienda porque se va a destinar todo a acciones sociales y nosotros no queremos dejar tocada a la Residencia”.
APORTACIONES ECONÓMICAS A LAS JUNTAS VECINALES
El pleno ha debatido también la propuesta de modificación de la base 39 de ejecución del Presupuesto sobre subvenciones y aportaciones municipales a favor de las juntas vecinales.
Como ha explicado la alcaldesa, Susana Herrán, “el Ayuntamiento colabora ahora con las pedanías a través de subvenciones nominativas con destino al pago de internet rural y otra genérica para financiar gastos corrientes y que, durante varias legislaturas, se ha reducido en casi un 40%”.
La propuesta consiste en “cambiar esa subvención por aportaciones anuales recogidas en el presupuesto municipal con una financiación que sea lo más justa posible. No se determina la cuantía concreta, que se acordará más adelante, pero podría ser una parte fija y otra variable en función de aspectos como la población de cada una, teniendo en cuenta los casos particulares de Islares y Oriñón, que ven aumentados considerablemente sus habitantes en verano”.
El dinero se recibirá en el primer trimestre del año y se “podrá ser destinado a gastos de funcionamiento o a lo que crean conveniente los presidentes de juntas”. En caso de tener deudas con la administración local, “se reducirán las cuantías a percibir”.
Los gatos de internet rural seguirán sufragándose mediante subvención.
La concejala del PRC, Carla Urabayen, ha recordado que “hay cuatro juntas (Sámano, Ontón, Mioño y Otañes) que no pueden recibir subvención por tener deudas con el Ayuntamiento, en materia del agua. Con esta modificación sí podrán hacerlo, aunque deberán destinar el dinero íntegramente a amortizar deuda y no a otra cosa. No será, por tanto, un impulso a las juntas afectadas por esta situación. Irán reduciendo deuda, pero no se soluciona el problema de fondo porque tardarán mucho tiempo en devolver ese dinero”.
Ana Urrestarazu ha hecho alusión a “dos cuestiones que menciona el interventor en su informe. Dice que sería aconsejable una aprobación de una sistema dinámico de distribución con criterios previamente establecidos y luego hace una advertencia de que no se debería caer en la tentación de usar este sistema para resolver las deudas de algunas juntas con el Ayuntamiento, aportando a éstas más dinero”. Para el PP “esto no puede ser un cheque en blanco” y considera que “junto a esto punto, deberían haber figurado ya los criterios consensuados de cómo se haría el reparto del dinero. No nos parece lógico que se vayan a consensuar con los alcaldes pedáneos”.
Alberto Martínez (Podemos) entiende que con este cambio “se pierde gran parte del control que tenemos los partidos en las juntas al pasar de una subvención genérica a una partida en blanco que se puede gastar en lo que se quiera. En las pedanías no se encuentra representación política más que de uno o dos partidos y es difícil acceder a la información”.
Por otro lado, “hay juntas que no presentan sus balances al Tribunal de Cuentas y eso debería debería ser una cuestión sine qua non para recibir estas cantidades”.
Para José Mari Liendo (Ciudadanos) “este nuevo mecanismo va a dotar de agilidad la gestión de esa cantidad económica por parte de las juntas y, el hecho de que se cobre el primer trimestre del año, va a permitir dar respuesta más ágil a los deberes económicos”. Ha defendido que “existen ya unos parámetros por los cuáles se van a hacer estas aportaciones”. Ha reconocido también que le da “rabia que se diga que los presidentes de juntas hacen y gastan lo que quieren, y eso es el pasado. Ahora, cuando hacemos cualquier gasto, contamos con una fiscalización previa por parte de los técnicos”.
A todo esto, la alcaldesa ha añadido que “los criterios de reparto serán recogido en el apartado de gastos del presupuesto y consensuados con los alcaldes pedáneos y los grupos políticos del Ayuntamiento”. Ha afirmado que “no es una cheque en blanco, sino una transferencia corriente cuyo destino será fiscalizado por los técnicos”.
Por parte del CV, Amor ha planteado dudas sobre “el marco jurídico de esta propuesta y hasta qué punto esta posibilidad está contemplada en la Ley de Juntas Vecinales”. También ha dicho que “desde el punto de vista ético no es apropiado aportar estas cantidades a las juntas que no han rendido cuentas ante el Tribunal de Cuentas”.
Liendo ha hecho alusión a la “inquina que tiene CV a las juntas vecinales. Cuando gobernaban en la pasada legislatura, se convocó el Consejo de Juntas en el que se expusieron necesidades y, como al entonces alcalde no le gustaba lo que decíamos, no se convocó más. En el caso de las cuatro pedanías afectadas por la deuda del agua, pasó lo mismo. Montaron una reunión con toda la parafernalia de técnicos y se nos pedía una sumisión sin un trabajo político. Solicitamos reunión al alcalde en diversas ocasiones para proponer soluciones y, no sólo no se nos atendía, sino que se nos derivaba a los servicios económicos para q lo tratásemos con los técnicos directamente. Yo al menos veo un cambio en esta legislatura.
El punto ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PRC, las abstenciones de Podemos y PP y el voto en contra de CV.
BONIFICACIÓN DEL 95% DE IMPUESTOS URBANÍSTICOS
Todos los grupos políticos han votado a favor de la bonificación del 95% en la Tasa Urbanística y el Impuesto de Construcciones para obras derivadas del Informe de Evaluación de Edificios.
PERMUTA DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA
Por unanimidad se ha aprobado, asimismo, el expediente de modificación del Contrato de gestión del servicio público de limpieza urbana, recogida y transporte de residuos, consistente en la propuesta de permuta de maquinaria y equipamiento presentada por la UTE Castro Urdiales.
José Mari Liendo ha explicado que “para mejorar el servicio se permuta una máquina lavacontenedores del Ayuntamiento que está en desuso por una barredora mecánica con destino a las zonas de Urdiales, Cotolino y las juntas vecinales. Algo que se hace sin coste económico alguno para las arcas municipales”.
