El Pleno ha aprobado, por unanimidad, una sanción de 62.267 euros a la empresa ALSA por incumplir lo recogido en el contrato en cuanto a la renovación de la flota de vehículos del Castrobús y la instalación de paneles informativos en las marquesinas.
El concejal del área Alejandro Fernández ha recordado que “la empresa no ha cumplido dos de sus obligaciones contractuales, como son la colocación de 20 pantallas digitales de información en marquesinas antes del 1 de noviembre de 2019, y la renovación de la flota de autobuses antes del 1 de marzo de 2020, en total 6 vehículos”.
El edil ha dejado claro que “vamos a hacer cumplir el contrato y defender los intereses de los ciudadanos”. Ha explicado que, “hasta ahora, nuestro trabajo se ha centrado en conseguir que la empresa cumpla con sus compromisos y hemos llegado a lograr que obtengan la licencia para llevar suministro eléctrico a las marquesinas de cara a colocar los paneles, y estaba seleccionado el modelo, color y serigrafía. En cuanto a los autobuses, a finales de 2019 se consiguió el compromiso de fabricación para ponerlos en marcha en septiembre de 2020. Llegó el covid y la empresa paralizó las inversiones. No obstante, estaban incluidas en los pliegos y su incumplimiento conlleva sanción”.
En concreto, “se propone sancionar hasta el 1 de mayo de 2021. Por una falta muy grave en la no instalación de las pantallas informativas, 1.501 euros por cada mes de retraso, haciendo un total de 25.517 euros. Y por una falta muy grave la no sustitución de los vehículos, con 2.625 euros por cada mes de retraso, haciendo 36.750 euros. En total, una sanción de 62.267 euros”.
Pedro Fuste (PRC) ha exclamado “por fin, ya es hora después de año y medio reclamándole al equipo de Gobierno la incoación de un expediente”. Ha defendido que “los paneles informativos debían estar colocados en noviembre de 2019 y los nuevos autobuses, en marzo de 2020. Por tanto, no hay excusa del coronavirus”. Espera el PRC que “si la empresa sigue en su postura, los expedientes sancionadores sean más fuertes porque, de lo contrario, les va a salir mejor que les multemos que hacer la inversión en los autobuses y los paneles informativos”.
Para CastroVerde “este año y medio que se ha esperado para sancionar es tiempo perdido para intentar regularizar la situación porque de nada han servido las conversaciones y la empresa sigue en sus trece”. Ha criticado que “el incumplimiento se está justificando con el covid, pero dicho incumplimiento es anterior”, ha señalado Eduardo Amor.
Ana Urrestarazu (PP) ha coincidido en que “ya era hora de que el Ayuntamiento tomara la iniciativa cuando hablemos de incumplimientos de contratos porque, a veces, da la sensación de que buscamos el consenso y acabamos perdiendo”.
Desde Ciudadanos, José Mari Liendo ha afirmado que “se manifiestan una serie de incumplimientos y se sanciona de forma, entiendo, que justa”. Ha defendido que “lo fácil es reventar un servicio que es usado por muchos ciudadanos y, en este sentido, la sanción tiene que ser el último paso y antes hay que intentar encauzar el servicio”.
Por último, Podemos también entiende que “se ha tardado bastante”, pero ha valorado que “el equipo de Gobierno cuenta con la oposición para que no nos sigan pintando la cara desde el contrato del Castrobús”. Ha añadido que “la vida de los autobuses es tan elevada que pronto quizá sean un peligro para la seguridad de los usuarios”. Ha pedido que “sigamos siendo una piña como Ayuntamiento si hay que tomar medidas más duras para exigir esa renovación de la flota, porque parece que la empresa no está por la labor y quizá nos tengamos que plantear, entre todos, escenarios distintos”.
Alejandro Fernández ha aclarado que “los autobuses pasan los controles oportunos para garantizar que los vehículos con los que se presta el servicio sean seguros”.
CONVENIO URBANÍSTICO ‘LOS TILOS’
Con los votos a favor del equipo de Gobierno, en contra de CV, PRC y Podemos y la abstención del PP se ha rechazado el recurso presentado por los promotores del convenio urbanístico de ‘Los Tilos’, que no contó con los apoyos suficiente ya en el pleno de abril.
Alejandro Fernández ha recordado que el convenio “es el necesario para que se ceda al Ayuntamiento la parcela donde está la casa de ‘los Tilos’, en el Paseo de Ocharan. El Consistorio compraría el edificio por 385.000 euros, importe que se compensa con la monetarización del 15% del aprovechamiento urbanístico y faltarían 40.000 euros a favor de los promotores, que se comprometen a destinar a la rehabilitación exterior del edificio. El equipo de Gobierno y los técnicos entienden que hay interés público”.
Tras rechazar el pleno el convenio en abril, “la empresa promotora ha presentado un recurso en el que, entre otras cosas, dice que el convenio es necesario para materializar lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. La tramitación del convenio ha sido intachable y no modifica lo recogido en el Plan. La motivación del voto en contra es que se desconoce a qué se destinará la casa ‘Los Tilos’, el coste de su mantenimiento y el impacto estético del nuevo edificio que se construiría en la parte de la parcela que da a Menéndez Pelayo, que no responden al contenido del convenio”.
Según Fernández, “los técnicos comparten los criterios de ese recurso, pero entienden que hay un componente discrecional y de decisión política, aunque afirman que debe ser bien motivado y no arbitrario”.
El concejal socialista ha defendido que “hay que impedir perjuicios económicos y futuras reclamaciones al Ayuntamiento, sobre todo si la decisión no está suficientemente justificada”. Ha recordado que “el convenio se firmó en 1995 y por error no se incluyó en el Plan General. No toca hacer un convenio nuevo, sino actualizar el que se firmó en su momento y que ya decía lo que decía. No estamos hablando ahora, de repente, de comprar el edificio. Lo que cambia es la tasación del mismo”.
Pedro Fuste ha dejado claro que “tenemos la obligación de suscribir un convenio, pero no se especifica de qué tipo. No tiene por qué ser éste”. Ha afirmado que “nosotros no argumentamos que el uso del edificio tendría que ir en el convenio, sino que se vistiera bien dicho documento para convencer al pleno de que éste era el mejor posible”. Y, por otro lado, “¿cómo no vamos a alegar el coste que supone el mantenimiento el edificio? Por supuesto que sí”.
Un convenio “debe ser beneficioso para ambas parte y, en este caso, es mal negocio para el Ayuntamiento porque, para ejecutar su edificio, los promotores nos vende una casa que no quieren y encima no pagan los aprovechamientos urbanísticos”.
Eduardo Amor ha asegurado que “no es tanto el uso como el propio convenio, que tiene que ser algo consensuado entre partes. Esto no es que venga el interesado con un documento y es ése y punto”. Ha trasladado que “el actual no nos gusta porque no vemos lo conveniado. El Ayuntamiento lo que hace es comprar un edificio y no vemos lo que gana”.
Para CastroVerde, “intentar reflotar esto porque ha puesto un recurso el promotor, cuando el pleno ya lo rechazó, no tiene mucho sentido”.
Urrestarazu ha defendido “que la discrecionalidad política debe existir en éste y otros convenios”. No le cabe duda al PP de que “esto se debe articular a través de un convenio, pero nos hubiera gustado que se hubiera dado participación para diseñar el que nos ocupa”.
José Mari Liendo también entiende la discrecionalidad y “no la ponemos en duda”. Desde Cs “siempre vamos a tener en cuenta los informes de los técnicos y nos amparamos en ellos”. Ha reconocido que “posiblemente sea un convenio mejorable, pero es bueno porque nos quedamos con un edificio catalogado y se conserva patrimonio”.
Le “choca la vehemencia con la que se carga contra este convenio y no se defienda el interés público como se ha hecho con otros”.
Podemos se ha reafirmado en lo defendido en el anterior pleno en cuanto “al coste de la apertura de ese edificio, las dudas sobre otros convenios anteriores que no han funcionado muy bien. Le parece “asombroso” que “cuando los políticos no nos podemos de acuerdo en el interés general si lo hagan todos los técnicos”. En cualquier caso, “ésa no es su labor, sino la del Pleno”.
Ha reiterado también las dudas “sobre la altura que debería tener el edificio que se construiría, defendiendo que debe primar el catálogo de protección que establece dos alturas. Los técnicos entienden que deben ser seis en base al Plan General y seguimos manteniendo que sería interesante consultar a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)”.
CONSEJO DE LA MUJER
El pleno ha aprobado la modificación del reglamento del Consejo de la Mujer con el apoyo de todos los grupos políticos.
