El Pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha rechazado la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la recalificación del terreno donde se ubica la fábrica de Conservas Lolín.
La sesión extraordinaria ha contado con la ausencia de los ediles del Partido Popular. Han votado a favor de la modificación del Plan los 8 concejales presentes del PRC (todos menos el portavoz, Jesús Gutiérrez, que no podía acudir al pleno por conflicto de intereses) y CV, ha votado en contra Podemos y se han abstenido el PSOE y Ciudadanos.
Al no haber alcanzado la mayoría absoluta de los concejales, la modificación ha sido rechazada.
A la sesión ha acudido una importante representación de trabajadores de la conservera, sindicalistas de la Federación regional de Industria de CCOO y varios políticos y cargos públicos del PRC de otros puntos de Cantabria, entre ellos la consejera de Presidencia, Paula Fernández.
En la bancada regionalista, la concejala Carla Urabayen ha defendido que “no hay motivo para dilatar más en el tiempo la aprobación de un expediente que está completo y que cuenta con los pertinentes informes favorables”. Ha añadido que “nosotros no incumpliremos el convenio firmado en su día entre la empresa y el Ayuntamiento y que exigía una tramitación diligente de este asunto para retirar del casco urbano una industria molesta y transformar la parcela en comercial, mejorando la calidad ambiental de la zona”.
Ha insistido en el “interés general” de este expediente “por la retirada de una industria molesta, la construcción de un centro comercial muy demandado por los ciudadanos, la cesión al Ayuntamiento de 950 metros cuadrados del bajo cubierta de la fábrica para disfrute de todos, el mantenimiento de una empresa histórica que lleva el ADN castreño por España y fuera del país y de los 50 puestos de trabajo que da, a los que se sumaría los que generarían el centro comercial y la instalación de Mercadona”.
Ha lamentado que “parece que en esta sesión da igual lo que digamos porque cada uno se ha traído el voto desde casa. Parece que da igual que la CROTU, máximo organismo en materia urbanística, haya emitido un informe favorable o que haya un escrito de la empresa pública SICAN que dice que el proyecto de Conservas Lolín en Vallegón es viable y que la parcela para el traslado está reservada”.
Por parte de CastroVerde, el otro partido que ha votado a favor de la modificación del Plan General, Eduardo Amor, ha repasado toda la tramitación llevada a cabo desde que la empresa, en noviembre de 2015, solicitó comenzar los pasos para la recalificación de la parcela. A partir de ahí, se ha referido al “informe emitido por la CROTU en octubre de 2019 tras el cual, el 2 de diciembre, la secretaria propone la aprobación definitiva del expediente. Después ha habido informes complementarios, algo bastante inusual”.
Se ha referido Amor, al último en el que “la secretaria dice que no será obligación del Pleno votar a favor de este punto porque la empresa tiene que demostrar que va a adquirir el uso de una parcela en Vallegón. Esto se emite hace poco y se podía haber dicho antes para dar tiempo a Conservas Lolín a presentar la documentación para acreditarlo”.
A esto, la propia secretaria ha respondido que “esto no lo he dicho hace poco, sino que ya lo señalé cuando se solicitó la celebración de este pleno extraordinario. En contestación, la firma nos presenta, al día siguiente, un acuerdo del Consejo de Administración de SICAN, de 2014, por el que se autoriza el derecho de uso siempre que se garanticen las condiciones financieras”.
Amor ha continuado pidiendo a los grupos “que sean claros sobre si están de acuerdo o no con esta iniciativa de traslado de una industria molestas”. Y es que, “aún no he escuchado al equipo de Gobierno pronunciarse sobre este asunto que entiendo es esencial. Después ya dirán los técnicos si se puede seguir adelante o no”.
En cualquier caso, “si hubiera algún impedimento, la secretaria lo debería advertir en el Pleno. Si no lo hace, no hay motivos para votar en contra. El problema no es si el Ayuntamiento tiene obligación o no de aprobar este expediente, sino si tiene algún impedimento para ello y yo entiendo que no”.
Ha defendido que “la solución que ha encontrado la empresa para salir adelante y mantenerse es vender la actual fábrica e irse a Vallegón con ese dinero. Sabiendo que abocamos a Conservas Lolín al cierre, el Ayuntamiento puede tender la mano si no comete ninguna irregularidad, y no lo hace”.
Tomaba la palabra la alcaldesa, Susana Herrán y lo hacía dejando claro que “el Ayuntamiento ha tramitado el expediente de forma diligente y, si esto se ha extendido en el tiempo, ha sido por toda la tramitación que fue necesaria en la pasada legislatura. No se nos puede achacar a nosotros que se haya demorado en exceso”.
Ha pedido que “no se pongan en duda los informes de la secretaria porque son los que prevalecen en el Ayuntamiento”.
Ha hecho un repaso por todos los informes técnicos emitidos en los últimos meses, entre ellos los de Costas y la CROTU. Al respecto del escrito de este último organismo, “la secretaria pidió una serie de aclaraciones y en la contestación, el 5 de diciembre, no se aclara lo que se pide, pero sí se vuelve a hacer alusión a la advertencia de la Confederación Hidrográfica de que estamos ante una zona inundable. Es más, si en el primer informe de la CROTU se ‘precisaba’ sobre esto, en el segundo lo que se hace es usar la palabra advertir, que es peor”.
El 19 de diciembre “la secretaria emite otro informe en el que plantea dos cuestiones a analizar de forma previa a la aprobación definitiva: que se obtenga autorización de la Confederación Hidrográfica para el uso del pozo de agua que Conservas Lolín incluye como compensación al Ayuntamiento en el convenio; y que la CROTU aclare si los usos son autorizables con arreglo a la normativa del agua”.
Ha hablado del último informe de la secretaria que “no costa en el expediente porque se lo solicito yo como alcaldesa para que me informe sobre la libertad de voto que tienen los concejales, después del escrito registrado por uno de los responsables de la empresa en el que se advierte que, si no acudimos a este pleno, nos abstenemos o votamos en contra, nos pondrá una demanda pidiendo responsabilidades patrimoniales y contables, entre otras”.
La secretaria dice que “el Ayuntamiento no está obligado a aprobar este asunto hasta que la empresa acredite la adquisición o uso de una parcela en Vallegón y que dispone de financiación para la construcción y puesta en funcionamiento de la actividad en el polígono industrial”, ambos requisitos “no cumplidos”.
Según la alcaldesa, “las obligaciones que se recogían en el convenio por parte del Consistorio se han cumplido y por parte de la empresa no”.
Herrán ha aprovechado también para defender la coherencia de su partido “que siempre, desde la pasada legislatura, ha planteado las mismas dudas sobre este asunto, como se puede comprobar en las actas de los plenos celebrados”.
Se ha referido también a los trabajadores de la conservera a los que “entiendo”, pero “no podemos responsabilizar al Ayuntamiento de la situación económica de una empresa privada que se podría haber trasladado a Vallegón en el momento que hubiera querido porque, ese cambio de ubicación, no depende del Consistorio”.
José Mari Liendo (Ciudadanos) comparte todos los argumentos de la alcaldesa. Entiende que “el Ayuntamiento ha cumplido más que de sobra con la diligencia en la gestión de este expediente”. Ha afirmado que “el interés general debe prevalecer, pero siempre sujeto a la legalidad y, en este caso, la secretaria está para velar jurídicamente por los trámites que realicen los componentes de esta administración”.
Ha dicho también que entiende a los trabajadores de la conservera, pero “esa responsabilidad no se puede derivar a la gestión del Ayuntamiento, sino a la de la propia empresa”.
Por último, el concejal de Podemos, Alberto Martínez, ha afirmado que su partido “siempre ha estado en contra de esta modificación del Plan General desde que se dio a conocer. Sacar una fábrica de una zona urbana siempre es deseable, pero no para sustituirla por una mamotreto comercial que, además, afectaría al comercio local”.
La formación morada “apuesta por recuperar la ría y sus márgenes y no por un urbanismo a la carta”.
Por otro lado, considera que “los beneficios del convenio para Castro son contraproducentes. Una de las pasarelas peatonales no se puede hacer, el uso del pozo de agua no está claro y la utilización del bajo cubierta estaría sujeto a los horarios de apertura del centro comercial”. Con respecto a la segunda pasarela, que sería la que sufragaría la empresa, “también la puede hacer el Ayuntamiento”.
A preguntas de Podemos sobre las contraprestaciones para el Ayuntamiento, el interventor ha aclarado que “aunque Costas ha impedido la construcción de una de las pasarelas, al no existir en el convenio prestaciones complementarias, no se le puede reclamar nada a la empresa”.
El concejal de Podemos ha finalizado su intervención señalando que “el Ayuntamiento se enfrenta a una gran responsabilidad aprobando este expediente sobre un terreno declarado inundable”.
