Podemos Castro Urdiales ha emitido un comunicado mostrando su postura sobre lo ocurrido en los prolegómenos del juicio del caso ‘La Loma’ que se está desarrollando en la Audiencia Provincial
“Una vez más”, indica la formación morada, “tenemos la sensación que las instituciones judiciales, en este caso la Fiscalía, no ponen ningún empeño en combatir la corrupción ni en defender los intereses generales de la ciudadanía. Históricamente hemos visto como los creadores de la opinión pública han articulado relatos en los que los denunciantes de la corrupción, así como jueces y fiscales que la han perseguido, han sido los malos de la película”.
Continúa haciendo un relato sobre las diferentes posturas de la Fiscalía durante la instrucción del caso: “en 2012, la fiscal Maite Calvo, en su memoria anual, calificó la situación de Castro Urdiales de ‘estado delictivo generalizado’. Al año siguiente, fue apartada del cargo de Fiscal Jefe de Cantabria. Resulta curioso que, durante los años anteriores, su predecesora, la Fiscal Pilar Martin Nájera, no observó ningún indicio de corrupción. Actualmente, esta Fiscal ostenta el cargo de Fiscal especial contra la violencia de Género en Madrid”.
“En 2012, la fiscal María Jesús Cañadas solicita casi 200 años de penas de cárcel para 48 imputados en el sumario, por todo el abanico de delitos que engloba la corrupción, calculando un perjuicio económico para el municipio de 10 millones de euros, lo que fue ratificado por la Audiencia Provincial en todos sus términos, excepto en lo que se refiere al número de imputados que lo reduce en tres dejando la causa en 45 imputados”.
Continúa la cronología de Podemos: “entre los años 2015 y 2019 este juicio duerme el sueño de los justos y, poco antes de iniciarse, se produce un cambio en la fiscalía, designando a la Fiscal Pilar Santamaría. Esta Fiscal, en la primera sesión del juicio de La Loma, anuncia que va a exculpar a 39 de los 45 acusados y solicita aplazamiento para la presentación de nuevo escrito de acusación. En el nuevo escrito, que resulta ser un copia pega del anterior, descubrimos que la Fiscalía deja de acusar por 9 delitos de corrupción sin motivos y hace un relato distinto de los hechos”.
Entre el primer escrito de acusación y el segundo no solo se han introducido hechos nuevos sino que han desaparecido los siguientes, “sin motivo alguno”, según Podemos:
- Un delito contra la ordenación del territorio en el SUNP 3: Se concede licencia para construir 15 viviendas a la promotora NORSUR XXI SL, que se construyen en terreno no urbanizable. “Los responsables de esta concesión han sido exculpados a sabiendas que lo firmaron conociendo su ilegalidad”.
- Tres delitos de malversación de fondos, con un perjuicio global para el municipio por aprovechamientos urbanísticos no percibidos superiores a 9,6 millones de euros, confirmados por la Audiencia Provincial de Cantabria en 2015.
- Cuatro delitos de falsedad de documento público.
- Un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Podemos Castro apunto que “se han alterado los hechos de una manera sustancial, al menos, en tres asuntos: en el SUNP 3, responsabilizando únicamente al alcalde cuando la responsabilidad estaba delegada en la Comisión de Gobierno, como deja constancia la resolución de 9 de julio de 2003; en relación al Plan Especial del Monte Cueto, dando a entender que en 2002 se había iniciado, y posteriormente paralizado, la construcción del depósito de agua, cuando no es cierto ya que la autorización -y el inicio de las obras de dicho depósito- han comenzado en septiembre de este año. Aún no sabemos en qué lugar está situado el depósito que la Fiscal Pilar Santamaría asegura en su escrito que se comenzó a construir en 2002; y por último, se omite la relevancia que tiene que los planes se aprobaran en 2004 para así evitar la aplicación del POL, que hubiera elevado la cesión de aprovechamiento urbanístico del 10 al 25%”.
La formación morada se pregunta “ante la inacción y desaparición absoluta del Ayuntamiento de Castro Urdiales en todo este proceso, si el retraso del juicio, la dilación indebida de la justicia, el cambio de fiscal a última hora, la exoneración de técnicos municipales, promotores y constructores, ¿tiene como fin último perseguir el estado de corrupción generalizada que denunció la Fiscal Maite Calvo o va a servir de cobertura para que la corrupción y los corruptos resulten impunes?”.
El reproche de Podemos al Ayuntamiento incide en que “la ausencia del Ayuntamiento como acusación particular, con la finalidad de recuperar para las arcas municipales lo presuntamente sustraído con métodos fraudulentos, ¿va a continuar la línea que vimos en el pasado con el juicio “electricista” y el equipo de gobierno va a volver a enterrar la cabeza en el suelo, como los avestruces o defenderán como es su obligación los intereses de los vecinos?”.
