Ambas formaciones indican en un comunicado que “la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), fue creada con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para limpiar sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos improductivos. Con la recientemente anuncia adquisición total de la entidad por parte del Estado, se asumen 35.000 millones de deuda a sumar a los ya perdidos 54.000 del rescate inicial”.
Alberto Martínez, portavoz de la formación morada en el municipio añade que “hemos gastado 90.000 millones de euros de nuestros impuestos en el famoso rescate bancario que no iba a costar un solo euro, ¡qué menos, que ahora sirvan para desarrollar políticas que repercutan en favor de la ciudadanía!”.
Pablo Villasante portavoz de IU, señala que “en la vecina ciudad de Torrelavega, con la que tantas veces nos comparamos en importancia y población, recientemente nos han dado un ejemplo importante sumando al parque de viviendas sociales 36 pisos de la SAREB que nunca llegaron a estar habitados. Este lote de viviendas ha sido adquirido por 3,2 millones, de los que el Gobierno de Cantabria aportó el 70 por ciento y el Gobierno de España el 30 por ciento restante”.
Por su parte, Alberto Martínez asegura que “solamente en la ciudad de Castro la SAREB dispone de 20 unidades de suelo urbanizable y 26 viviendas, según los datos aportados por su propia web. Unos recursos ideales que podrían servir para contar en Castro Urdiales, con un parque público de alquiler social que facilite el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que no pueden asumir los precios del mercado actual o que no disponen de una alternativa habitacional”.
“Es increíble que en Castro con la cantidad de viviendas que disponemos, y con alquileres que difícilmente bajan de los 500 euros, no dispongamos ni a nivel local, ni autonómico de una entidad que intermedie para facilitar el acceso a una vivienda de forma eficaz” finaliza Pablo Villasante.
Izquierda Unida y Podemos indican que “es nuestro objetivo reforzar el papel de la administración local en apoyo a quienes el alquiler les supone un esfuerzo económico ingente y también para intermediar entre inquilinos y propietarios consiguiendo garantías y beneficios para ambas partes”.
