Tal y como hemos informado, en cumplimiento del auto del juez Acayro que anula el pleno del pasado 4 de febrero en el que se rechazó la aprobación definitiva de la modificación del Plan General relacionada con Conservas Lolín, el Ayuntamiento deberá convocar en estos días un nuevo pleno.
En ese sentido, la portavoz del Partido Popular, Ana Urrestarazu, ha opinado en Castro Punto Radio sobre el auto y las gestiones que habrá que realizar a partir de ahora.
Urrestarazu ha hablado de “auténtico escándalo y vergüenza que se intente vulnerar el derecho a la libertad de voto de los concejales y suplantar a la administración”. Más allá de que los ediles tengan sus dudas sobre esta modificación del Plan General, “porque se vienen arrastrando unas advertencias de inundabilidad, vemos que hay una sentencia que anula un pleno en el que hubo una voluntad política”.
Ese pleno se suspende pero, “leyendo la sentencia, vemos que no se hace referencia a ninguna jurisprudencia al respecto, sino que son valoraciones personales del juez y, veladamente, se deja entrever cuál debe ser el sentido del voto porque, de lo contrario, tiene unas consecuencias patrimoniales y demás”.
Todo ello cuando, “revisando por activa y pasiva, el convenio entre el Ayuntamiento y Conservas Lolín, no existe la obligación de tener que aprobar esa modificación del Plan General, además de que la discrecionalidad política debe prevalecer. Esa opinión política, ahora mismo, está secuestrada por una serie de amenazas que entendemos que se nos están vertiendo. Si escuchas a los concejales del PRC te das cuenta de que están con la escopeta cargada esperando que, al que no vote favorablemente, al día siguiente se le impute por no sé qué cosas que se van a inventar”.
Por todo, “nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y te preguntas si estas en un régimen dictatorial o democrático, si puedes tener opinión política, si te tienen que someter y amenazar, si vas a perder tu casa porque un señor no haya sabido gestionar su fábrica. Un montón de preguntas que te formulas”.
Desde el PP, “seguimos asesorándonos con varios abogados y, por el momento, ninguno comparte esa sentencia, ni que tenga que repetirse un pleno ni lo que veladamente se viene a decir de las consecuencias que pueda tener no votar a favor”.
A Urrestarazu le parece curioso también que, aunque no es una sentencia firme porque hay opción de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, “hay que convocar ese pleno porque lo ordena una sentencia judicial. Vamos a suponer que en esa sesión tenemos que votar que sí y sale adelante la modificación del Plan General. Después el TSJC puede anular este pleno y dar validez al del 4 de febrero. Podemos seguir así, en alegaciones y recursos, hasta que haya una sentencia firme irrecurrible y haciendo el ridículo. Vamos a convocar un pleno en el que su resultado no va a ser definitivo porque el auto de Acayro se va a recurrir”.
Todos los partidos que no apoyan la modificación (PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos) se reunieron ayer para compartir posturas y escuchar al abogado que defiende al Ayuntamiento en este caso.
A partir de ahí, “lo que vote cada concejal será lo que considere, con el asesoramiento que busque. Nosotros no hemos decidido aún nuestra posición. No estamos de acuerdo con el punto, pero deberemos analizar los pros y contras en base a la sentencia”.
Urrestarazu ha dejado claro que “nadie duda de la legalidad del convenio, que compromete al Ayuntamiento a tramitar diligentemente la modificación. Hasta ahí, porque la voluntad política de cada concejal es discrecional. El Consistorio ha cumplido su parte hasta el final, hasta llevarlo a pleno. La empresa, sin embargo, no. El convenio dice que el Ayuntamiento no se verá obligado a aprobar la modificación del plan hasta que la empresa demuestre que ha comprado la parcela en Vallegón para el traslado de la fábrica y que dispone de financiación suficiente para poner en marcha la actividad allí. Ésa parte es la única del convenio que no se ha cumplido y es curioso que nadie haga referencia a esto. A nosotros se nos obliga a votar en un sentido en el que no estamos de acuerdo y nadie obliga a una parte a cumplir su compromiso”.
