Tras conocerse la denuncia, que de manera conjunta, han presentado en los Juzgados los concejales de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, contra Conservas Lolín S.L y Fernando Gutiérrez Castro “por coacciones”, hemos querido recabar la opinión de ediles de las cuatro formaciones políticas. La portavoz del PP, Ana Urrestarazu, ha preferido no pronunciarse de momento, mientras que Alberto Martínez (Podemos) no ha podido finalmente hacerlo por un asunto familiar de última hora.
Por tanto, en Castro Punto Radio hemos podido hablar con José Mari Liendo (Cs) y Pablo Antuñano (PSOE).
Como ha defendido Liendo, “desde Ciudadanos entendíamos que era la medida que teníamos que tomar, porque vemos que se trata de coaccionar, a través de amenazas, la libertad política de todos los miembros del Consistorio”.
Ha recordado que “el escrito de Conservas Lolín en el que se advierte de responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que se podría incurrir si no se votara a favor de la modificación Número 23 del PGOU (Recalificación de la fábrica de la conservera) llegó al Ayuntamiento el miércoles pasado, cuando parte del equipo de Gobierno estábamos viajando a Fitur. Fuimos contactando unos con otros vía telefónica para recabar la opinión de cada uno y lo que tenían pensado hacer. Nosotros expusimos que íbamos a ejercer nuestro derecho a ponerlo en conocimiento del juzgado y la Fiscalía oportuna. Sobre todo para que, en el futuro, no pudiéramos vernos en una situación en la que parte de estas amenazas se cumplieran. Queremos actuar con la libertad para la que fuimos elegidos por los ciudadanos”.
Cada partido político “estaba derivando el asunto a sus asesorías jurídicas para ver cómo encauzar el asunto y verificar que nuestro voto, con independencia de cuál sea, no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencia”.
Todos los concejales firmantes de la denuncia “teníamos claro que había que frenar esto de alguna manera y entendemos que con un documento conjunto se hace más fuerza”.
Liendo ha dejado claro que “por encima de las diferentes ideologías que podamos tener las fuerzas políticas que nos hemos puesto de acuerdo para presentar la denuncia, está preservar los derechos que tenemos como personas elegidas por nuestros vecinos. Más allá de a qué partido pertenezcamos, el escrito de Conservas Lolín va hacia nosotros como personas y tenemos que ejercer nuestros derechos de una manera limpia y siempre velando por los intereses de los vecinos y no de ninguna empresa en concreto. Queremos tener la libertad de elegir lo que creemos que es lo mejor para nuestro municipio”.
La modificación del PGOU relativa a la fábrica de Lolín se tratará mañana en comisión informativa. Una reunión que “esperamos que discurra por los cauces de la normalidad. Las personas que han solicitado la celebración de pleno extraordinario (PRC y CastroVerde) entiendo que explicarán el momento en el que está el expediente y sus opiniones. El resto de miembros harán sus preguntas y consultas sobre las que dictaminar un punto que se tendrá que debatir en un pleno”.
Liendo tiene claro también que “la postura que tomemos nosotros sobre este asunto en el pleno será la que sea, pero no se verá afectada por ese escrito de la conservera. Puedo entender que la empresa está pasando por dificultades pero eso, al final, no es culpa de ningún partido ni concejal a nivel personal. Tiene que prevalecer el interés general de todos los vecinos por encima del de una empresa”. Por tanto, “queremos estudiar el caso con nuestro compañeros y tomar la decisión que entendamos es mejor para los ciudadanos”.
Lo cierto es que, a día de hoy, “con los informes técnicos que existen, creemos que toda la documentación no está completa y faltan algunas contestaciones que han sido solicitadas por la secretaria municipal a la CROTU, a Costas y a la propia empresa sobre los planes de financiación para su traslado a Vallegón. Tiene que dar fe de que tiene los medios y la parcela y dudo que, tal y como lo han presentado, sea válido e incluso legal. Todos estos flecos nos hacen ser un poco distantes en cuanto a la diferencia de criterio que existe entre la conservera y el Ayuntamiento”, ha dicho Liendo.
Pablo Antuñano, por su parte, ha reconocido que “es una cuestión bastante peculiar, que no se da muchas veces, que partidos de distintos signos se pongan de acuerdo. Al final, son hechos suficientemente graves, porque se atenta contra la libertad que tiene un cargo público de ejercer su derecho a votar en un pleno lo que en conciencia crea que debe votar”.
Ha explicado que “se valoró la situación con el departamento jurídico del partido y nos dijeron que era conveniente frenar este tipo de acciones que vienen a atentar contra esta libertad”.
Viendo que “el resto de formaciones políticas firmantes de la denuncia estaban estudiando también emprende acciones judiciales, entendimos, entre todos, que era mejor hacerlo de forma conjunta porque le da más solidez y porque, al final, la afrenta es contra todas las personas que conformar estos grupos municipales. Al final, somos partidos que defendemos esa libertad de expresar lo que la persona, en conciencia, crea que tiene que decidir y no debemos asumir que se nos coaccione con escritos indicando lo que tenemos que votar o, de lo contrario, se emprenderán acciones judiciales que pueden deparar consecuencias patrimoniales a los que voten en sentido contrario a lo que se nos indica”.
Según Antuñano, “los juristas que nos han asesorado nos han dicho que ésta es una forma de coaccionar el voto de un cargo público”.
Ha dejado claro también que “el voto que emita el PSOE sobre esta modificación del PGOU en ningún caso se verá condicionado por lo que dice el escrito de Conservas Lolín. Tomaremos nuestra decisión de forma libre. Cualquiera que piense que con unas amenazas o coacciones va a modificar nuestra decisión en ese pleno, está equivocado”.
