El Parlamento de Cantabria está debatiendo y votando estos días las enmiendas que los distintos grupos políticos han presentado a los presupuestos regionales para 2023. En este sentido, de las 20 que el PP ha planteado para Castro, por algo más de 8 millones de euros, han sido rechazadas las cuatro que, por el momento, se han tratado.
Como han detallado en Castro Punto Radio el diputado popular Álvaro Aguirre y la portavoz del Grupo Municipal del PP, Ana Urrestarazu, se trata de los 27.500 euros para Protección Civil, prevención y extinción de incendios; 20.000 euros para puntos violetas en fiestas, 70.000 euros para la Asociación Cultural Pasión Viviente y 80.000 euros para actividades juveniles en El Camarote y las Juntas Vecinales.
Los grupos que sustentan al Gobierno regional (PSOE y PRC) “argumentan para rechazar estas enmiendas que son reincidentes con las que hemos presentado otros años. Pero claro, si llevan ocho años sin hacer nada, entenderán que, si la situación no cambia y el mal se agrava, nosotros insistamos”, ha defendido Aguirre.
Por su parte Urrestarazu ha calificado la actitud de socialistas y regionalistas como “vergonzante y grave” porque “hay una serie de necesidades a las que nadie da cobertura”. Ha lamentado que “no se mira por los intereses de los ciudadanos, sino sólo desde un prisma político y de revanchismo en función del partido que presente las propuestas”.
El PP espera que “por responsabilidad, cordura y lealtad con los intereses de los castreños, no se rechacen todas las enmiendas que hemos presentado”.
Estarán especialmente atentos a dos de ellas. La que tiene con ver con el Centro Cívico de Cotolino porque el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, vino a Castro a hablar de la redacción del proyecto”. También con los 700.000 euros que piden para el Centro de Día.
En este sentido, Urrestarazu ha opinado sobre el ultimátum que lanzó al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ayer la alcaldesa de Castro, Susana Herrán en relación a que si no garantiza la permanencia del servicio, el Ayuntamiento no aprobaría el cambio de uso de la parcela en la que se ubica el edificio para que pueda albergar también una residencia de mayores.
La edil popular ha defendido que “el ultimátum no lo da ella, sino que se lo dio a ella el pleno rechazando la cesión de la parcela si no se garantiza que el centro de día sigue”. Y a Zuloaga “se lo dio el Parlamento”. Ha añadido que la alcaldesa “se tenía que haber envalentonado antes de la rueda de prensa que dio presentado el proyecto de rehabilitación del edificio porque, aquel día, vendió por un titular la dependencia en Castro”.
Aguirre ha ido más lejos y ha señalado que, “si no es capaz de defender los intereses de Castro, que se largue”.
