3 OCTUBRE 2016 /
Toda la oposición del Parlamento de Cantabria (PP, Podemos y Ciudadanos) se ha unido para sacar adelante una moción presentada por Podemos, y defendida por la diputada castreña Verónica Ordóñez, en la que se insta al Gobierno regional a suspender el concurso abierto para adjudicar a una empresa privada la gestión del aparcamiento subterráneo de Amestoy.
Los grupos del Gobierno regional, PRC y PSOE, han votado en contra.
En esta iniciativa, “se insta al Gobierno de Cantabria a que, en el caso de que resultase desierto el concurso para la gestión del parking, se opte por suspender la convocatoria e iniciar una revisión de los fines y procedimientos necesarios para que este recurso sea una inversión rentable para toda Cantabria, especialmente para Castro Urdiales”.
Además, se insta al gobierno a que “en el caso de que durante esta nueva ampliación del plazo de admisión de solicitudes al concurso para la gestión del parking, se determine la concesión del mismo a reinvertir los beneficios obtenidos con este negocio en la población de Castro Urdiales con especial atención en la necesaria labor de reforzamiento del Rompeolas”.
PODEMOS
En la defensa de la moción, Verónica Ordoñez, destacaba lo “curioso” de que, después de su interpelación parlamentaria de la pasada semana, “sacaran del cajón el Plan de Puertos de Cantabria 2014-2021”.
“El nivel de credibilidad de su propuesta está bajo mínimos”, decía Ordóñez, “ya en 2006, un informe indicaba que el rompeolas castreño no cumplía con los coeficientes de seguridad, y de ahí la propuesta del señor Mazón de actuación sobre el espigón, pero ligándolo a un puerto deportivo, lo que fue todo un chantaje”, reprochaba la diputada de Podemos.
Ordóñez calificaba de contradicción la postura del Gobierno regional: “al desaparecer el puerto deportivo, desapareció la obra del rompeolas, y ustedes dicen ahora, diez años después, que el dique no tiene deficiencias… ¿en qué quedamos? Y además, ahora en el Plan de Puertos vuelve a salir la obra del rompeolas”, preguntándose “para cuando piensan actuar. Dejen de comportarse como trileros de cara a la ciudadanía castreña”. En este sentido, Verónica Ordóñez ha inquerido al consejero a definir el compromiso de ejecución de esta obra en la legislatura 2015-2019.
Concluía la diputada comprometiéndose a “trabajar para que ese dinero que nos quitan a los castreños a través de falsas promesas, quede consignado para el municipio, aunque sea en los Presupuestos regionales”.
PARTIDO SOCIALISTA
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Silvia Abascal se preguntaba si Podemos Cantabria, “al traer una moción calcada a la que llevó el PP al Pleno del Ayuntamiento de Castro y fue rechazada, no ve capaz al consistorio castreño de tomar sus decisiones, y lo quiere tutelar”.
Los socialistas defienden que los ingresos que obtenga el gobierno de Cantabria se gestionarán desde la caja común “en beneficio de todos los cántabros, al igual que la inversión de Amestoy la pagaron todos los cántabros”, reprochando a Podemos que “arremeten contra los principios de solidaridad territorial, caja única y cohesión social que ustedes predican”.
Abascal defendía que “el Gobierno regional ha invertido en Castro más de 1,6 millones de euros en nueve meses, lo que demuestra la intención de este gobierno con la localidad”.
PARTIDO POPULAR
En una encendida intervención, el diputado popular y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez abogaba por que el concurso para la privatización “quedara desierto. Y si se adjudica, el dinero tiene que ir a Castro Urdiales, y a hacer el rompeolas inmediatamente”.
Reprochaba al gobierno PRC-PSOE que no pagaran “ni un euro” del parking cuando gobernaban: “ustedes pusieron pago aplazado al parking, y se pagó en los cuatro años del gobierno de Ignacio Diego, 4 millones menos al año que tuvimos en Obras Públicas para hacer otras cosas”.
El exconsejero afirmaba en sede parlamentaria que la segunda planta del parking fue “una gran chapuza, que alguno tenía que ir a la cárcel por ello. ¿Ustedes saben lo que se gasta el parking con las filtraciones de agua de la 2ª planta? ¿Dónde necesitaba Castro 800 plazas? Le valía con 400”, incidía Rodríguez.
El diputado popular también acusaba al gobierno de Revilla de privatizar la gestión integral del aparcamiento cuatro días antes de las elecciones de 2011: “el personal del parking es de una empresa privada a la que Gesvican paga un millón y pico al año”.
Y se mostraba sorprendido por el modelo de privatización de la gestión: “si dicen que da medio millón de beneficio al año, ¿por qué no han pedido un canon anual de más de 600 u 800 mil euros? En cambio, piden que les paguen el canon de 8 millones de golpe, para volvérselo a mal gastar en sus vicios, Sr. Mazón y Sr. Revilla”.
CIUDADANOS
Por parte del grupo de Ciudadanos, José Ramón Carrancio defendía que privatizar los servicios “no tiene por qué estar bien hecho siempre”. Al argumento del gobierno de que los aparcamientos están privatizados en todos los sitios, Carrancio ponía como ejemplo que el Tribunal de Cuentas ha indicado que “las basuras, privatizadas en todas partes, ha supuesto un sobrecoste a los ciudadanos de entre el 30 y 70%”.
También criticaba que entre los 15 millones que ha costado el parking y los 8 que recibiría en el concurso, “hay 7 que pierde el ciudadano. Igual quieren hacer el regalito a alguna empresa. No podemos apoyar que con dinero público se ayude a hacer millonario a alguien privado”.
PARTIDO REGIONALISTA
El diputado del PRC Pedro Hernando equiparaba a CastroVerde con Podemos: “esta moción fue rechazada en el Ayuntamiento de Castro, y que yo sepa, gobiernan ustedes o al menos un partido al que han solicitado el voto, que allí han votado en contra de la misma. Hay que ser coherente. Los castreños han votado en contra de esta moción, y ustedes la traen al Parlamento”.
Hernando dejaba claro que, con la privatización de la gestión, no se pierde ni la propiedad del parking ni su carácter público, y se mantendrán las limitaciones sobre precios y tasas, “así como mejoras en la gestión. Los ciudadanos de Castro no notarán cambios, si acaso a mejor”.
Concluía el diputado del PRC calificando de barbaridad “pensar que los beneficios de Cabárceno o Alto Campoo vayan a sus ayuntamientos, díganos desde Podemos si ustedes piensan eso”.
