Los ciudadanos, empresas y pymes que adquirieron un vehículo nuevo, kilómetro cero, de renting, leasing o análogo entre los años 2006 y 2013 pueden estar afectados por los sobrecostes del cártel del automóvil, en el que la mayoría de marcas crearon un acuerdo entre ellas “para intercambiarse determinada información entre competidores, pactando precios y rebajas de los coches que se vendieron entre esos años, lo que supuso un sobrecoste en los precios de, al menos un 10%”.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia “detectó estas actuaciones irregulares que perjudicaban a los consumidores y procedió a imponer las oportunas sanciones. A partir de ahí las marcas negaron la existencia de esas prácticas y su presencia en el cártel, pese a que algunas reconocían haber participado”.
Recibieron sanción, recurrieron y el Tribunal Supremo “ha confirmado que existía ese cártel y un perjuicio evidente para los adquirientes de los coches”.
A partir de ahí, se han comenzado a suceder las reclamaciones de los clientes y en Cantabria, cuatro despachos de abogados (Cañadío, Altónaga, Abot y Borja González-Salvador Concejo) han creado la Unión de Afectados por el Cártel del Automóvil (Upercar) para tramitar las demandas en la región.
Dos de sus integrantes, Lope Crespo de Lara y Marcelo Altónaga, han detallado en Castro Punto Radio cómo deben proceder los ciudadanos para ver si están afectados y el proceso a seguir. “Deben remitir un correo electrónico a info@upercar.org con la factura de compra y la documentación del vehículo. Nosotros estudiamos cada caso y vemos si entra dentro de los supuestos afectados para iniciar el proceso de reclamación”. Del mismo modo, se les puede encontrar en Facebook e Instagram y en la web upercar.org donde encontrarán teléfono de contacto y un listado con las marcas afectadas.
Desde Upercar entienden que, “en circunstancias normales, serán las marcas, que han hecho mal las cosas, las que tengan que asumir las costas judiciales y los afectados no tendrán que adelantar ningún dinero. Los profesionales que los asistan sólo cobrarán si el proceso tiene éxito y, en función del resultado, se pactará un porcentual con los interesados”.
Por el momento, “hay dos reclamaciones presentadas en Santander. Hay resoluciones ya de varios juzgados de España pero queremos ser prudentes en este sentido porque cada caso va a ser distinto”.
En el siguiente enlace se puede escuchar la entrevista al completo:
