Según se recoge en la sentencia, fechada el 14 de febrero, los propietarios denunciaban en su recurso que se había «vulnerado» su derecho de defensa por estar incompleto, a su juicio, el expediente administrativo. «La administración demandada ha cometido un abuso de derecho y una desviación de poder para privar a mis representados del uso de la propiedad de la finca que se pretende expropiar desde 2008, dejando que se arruine el edificio para luego justificar una expropiación a la baja».
Como publica hoy El Diario Montañés, la Sala reprocha al recurrente el «desconocimiento palmario de la finalidad y significado del acuerdo recurrido, que se limita a declarar la utilidad pública y urgente ocupación de los bienes afectados por ese proyecto de demolición, a efectos de legitimar el inicio del oportuno procedimiento expropiatorio».
