Como ya informamos ayer, la Fiscal Superior de Justicia de Cantabria ha archivado las diligencias del caso Ágora, tras la denuncia presentada por el candidato a la Alcaldía de Castro por OlaCantabria, Javier Arcocha, que traslada en nota de prensa que, “el gerente de Gesvican, José Orruela, ha comunicado que se llevarán a cabo correcciones para no cometer delitos penales”.
La Fiscalía ha redactado un edicto de archivo de las diligencias previas penales por supuestos delitos de prevaricación en la firma del convenio del proyecto Ágora, así como de un supuesto delito de tráfico de influencias en la cesión ilegal de una servidumbre de paso ilegal, según explica Javier Arcocha.
Sobre el primer punto el fiscal declara que no existen indicios de delito en la aprobación plenaria y la firma del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa pública Gesvican, del Gobierno de Cantabria, amparándose en los informes técnicos del arquitecto y de la secretaria municipal. Según Javier Arcocha “los informes del arquitecto municipal son del año 2019, aunque la firma del convenio es de mayo de 2018”.
En cuanto al supuesto delito denunciado de tráfico de influencias, “el fiscal matiza mucho el asunto”, incide Arcocha. Después de tomar declaración en calidad de investigado al gerente y exconcejal del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, José Orruela, el Fiscal en su informe escribe: “Bajo la supuesta necesidad de edificar unas oficinas municipales de ámbito socio-cultural, se enmascaraba la pretensión de construir una servidumbre de paso a unos sótanos pertenecientes a la hermana del portavoz municipal del PRC con notorio perjuicio para la Administración local y existiendo una connivencia entre representantes municipales, la Consejería de Obras Públicas de Cantabria y Gesvican”.
Para Javier Arcocha “ha ocurrido un delito de tráfico de influencias en grado de tentativa, ya que, en las condiciones técnicas figura como base para la realización del edificio y resulta meridianamente claro que no existe título jurídico que ampare la inclusión de dicha servidumbre en el proyecto”.
El exconcejal del PRC y gerente de Gesvican, José Orruela, en su declaración, “se hace responsable de la inclusión de esa servidumbre en las condiciones técnicas, pero añade que obedece a un error y será subsanado”.
Es por ello, según Arcocha, que la Fiscalía archiva las diligencias. Después de este informe del Ministerio Fiscal, “donde se deja bien claro que no existen documentos oficiales sobre dicha servidumbre”, Arcocha ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento donde pide a la alcaldesa “que se condene ese paso y se recupere los terrenos municipales”.
Esperará a las decisiones municipales “en referencia a la cancelación del convenio del proyecto Ágora y la recuperación de los terrenos municipales antes de tomar medidas judiciales al respecto”.
