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UN AÑO DESPUÉS DE QUE SE CONCEDIERA LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN AL TERCER INSTITUTO, LAS VIVIENDAS DE ESA ZONA SIGUEN SIN TENERLA

APD-2

13 FEBRERO 2017 /

Poco más de un año después de que el Instituto 8 de Marzo obtuviera la Licencia de Primera Ocupación, tras la construcción del depósito de agua en el APD-2 de Cotolino, las viviendas de la zona siguen en la misma situación que entonces, esto es, sin la pertinente licencia y, por tanto, sin los servicios mínimos.

Lo ha confirmado en Castro Punto Radio uno de los propietarios de las 12 viviendas afectadas, José Palazuelo, al tiempo que ha informado que el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento “ha emitido un informe técnico que resuelve que hay deficiencias en la urbanización y que no se nos concederá licencia ni contaremos con contadores de agua mientras no se solucionen esos problemas”. Tienen que ver, por lo que sabe este vecino, “con asuntos de la red de canalizaciones del desagüe, de alguna reforma en la vía pública y que cuando se hizo la construcción, algunos caminos no se terminaron bien”.

Por lo que parece, “supuestamente, el Ayuntamiento podría hacerse cargo de estos trabajos de manera subsidiaria y reclamar después el coste a la promotora Norcobi. Lo que pasa es que está cerrada, con lo que, no sé quién asumiría los gastos”, cuya cifra no ha podido especificar Palazuelo, a la espera de conocer el presupuesto de las obras.

Algunos propietarios, incluido él, han presentado una denuncia, por lo civil, contra “Caja Laboral, entidad financiera que nos vendió la viviendas a sabiendas de que tenían deficiencias y sin comunicar este extremo a los compradores”. Los denunciantes entienden que “eso es una estafa en toda regla” y están dispuestos a llegar a la vía penal, si fuera necesario, “para que esta entidad bancaria asuma los costes y las gestiones para que nos den la licencia. Si no, solicitaremos la rescisión del contrato y que nos devuelvan el dinero”.

Es un grupo de afectados el que ha presentado esta denuncia porque “hay otros que adquirieron sus casas directamente con la promotora y hay uno que lo hizo con otra entidad”.

Con toda la documentación de que disponen, “se ve que estas viviendas no estaban para poder ser vendidas, porque había obra sin terminar”. Así, “tengo absoluta esperanza en que esto lo tenemos ganado y, o unos u otros tendrá que asumir las consecuencias”.

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