El juicio del caso ‘La Loma’, sobre presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico del SUNP 12 de Castro Urdiales, en Santullán, ha quedado visto para sentencia este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial después de cinco meses desde su comienzo y más de 40 sesiones, celebradas en el salón de actos de Las Salesas, en Santander.
Según informa Europa Press, en la última sesión del juicio, la Sala presidida por el magistrado Agustín Alonso ha citado a los 45 acusados iniciales en el proceso para darles la posibilidad de ejercer el derecho a la última palabra, aunque solo unos pocos han hecho uso del mismo, entre ellos el exalcalde Rufino Díaz Helguera; el exsecretario municipal César Saiz; y el exmiembro de la Junta de Gobierno Local, Salvador Hierro. No lo ha hecho, sin embargo, el exalcalde Fernando Muguruza.
La fiscal, Pilar Santamaría, retiró los cargos a 39 de los acusados al principio del juicio, cuando decidió adelgazar la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, sacar de la misma los SUNP 3, 4 y 7, y dejar únicamente el SUNP 12 y a seis acusados, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz, a los que también redujo las peticiones de pena respecto al escrito de acusación inicial del año 2012, que presentó la fiscal María Jesús Cañada.
Esto propició la retirada de todas las acusaciones particulares, salvo la Junta Vecinal de Santullán, que reformuló su acusación y la dirigió contra once acusados.
La fiscal puntualizó que la decisión de “contraer” la acusación, “consensuada” con todas las acusaciones, se fundamentó, por un lado, en la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que “su principal interés es la no demolición de sus viviendas”.
Tras cinco meses de juicio, la fiscal confirmó la semana pasada los cargos que formuló en octubre contra seis de los 45 acusados iniciales, por delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental.
La Fiscalía atribuye a Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión. Para Díaz Helguera pide cuatro de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho.
ÚLTIMA PALABRA EN EL JUICIO DE DÍAZ HELGUERA, SALVADOR HIERRO Y ALGUNOS OTROS ENCAUSADOS
Rufino Díaz ha usado su última palabra para asegurar que es “inocente” y afirmar que la fiscal, “ni en siete vidas” que tuviera, “conseguiría probar nada” en relación al cohecho del que le acusa.
“Nos han traído a un juego en el que yo le acuso y usted demuestre que es inocente. No, la carga de la prueba en quien acusa”, ha aseverado el exalcalde.
También ha acusado a la fiscal de haber abierto una “malla ancha” para que se “evadieran” de ella algunos “peces gordos” del proceso que, a su juicio, “de haber habido cohecho”, “habría sido alguno” de ellos.
“Usted, señora fiscal, nos viene en octubre, y de la noche a la mañana y con la misma boca que ha ratificado la instrucción de Acayro va y se calza el 87% de lo instruido”, le ha reprochado Díaz Helguera, a la que, además, ha afeado que haya justificado esa actuación basándose en los “famosos informes Olivares” sacados “baja la manga, como el mago Tamariz”.
También ha usado su derecho a la última palabra el exsecretario municipal, César Sáiz, para quien la fiscal pide siete años de cárcrel, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros por prevaricación, falsedad documental y un delito continuado de cohecho. Saiz ha defendido su actuación como secretario municipal y ha negado los hechos de los que se le acusa.
Por su parte, han renunciado a la última palabra otros de los acusados de la Fiscalía, como el promotor Valentín Galdós Tobalina, para el que pide cinco años de cárcel y multa de 39.000 euros por falsedad documental y cohecho y la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, para la que solicita cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.
Tampoco ha hablado el exarquitecto municipal Pedro Restegui, para el que solicita cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros y 10 años de inhabilitación por cohecho continuado.
Por su parte, la Junta Vecinal de Santullán no ha formulado cargos contra el exalcalde Díaz Helguera, pero también acusa a otros cinco acusados del Ministerio Público: Muguruza, Restegui, Yolanda Sánchez, César Saiz, y Valentín Galdós Tobalina.
De siete miembros de la Junta de Gobierno Local presidida por Muguruza en la legislatura 2003-2007 todavía imputados, solo Salvador Hierro ha usado su derecho a la última palabra, y ha achacado el mantenimiento de la acusación a la “sed de venganza” contra él del pedáneo de Santullán y concejal del PRC en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, Julián Revuelta, y su abogada, Yolanda Merino, que “lo único que quieren es meterme en la cárcel”. Además, Hierro ha considerado “curioso” que esta parte le acuse a él y no a otros ediles del PSOE que han votado lo mismo que él.
En el juicio, también han hecho uso de su última palabra la exconcejal Marta González Hernáiz y Daniel Colina y Juan Jarvier Nardoni, de la promotora Altos de Otañes, que han descrito “la ansiedad”, el “daño” y la “ruina” que les ha causado este proceso.
POSIBLES DEMOLICIONES Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden la nulidad del plan parcial del SUNP 12, así como del proyecto de urbanización, el de compensación, y las licencias de los 46 chaléts construidos al amparo de esos instrumentos por Vallehermoso -ahora propiedad de Altamira Santander Real Estate-, así como su demolición -Santullán únicamente las 11 construidas en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8-.
La Junta Vecinal, que reclama para sí una indemnización de 144.000 euros por la ocupación de caminos de su propiedad, no pide la responsabilidad civil solidaria del Ayuntamiento, que sí solicitan tanto la Fiscalía como Altamira Santander Real Estate, titular de las 46 viviendas.
Altamira reclama al Ayuntamiento de Castro, como responsable civil subsidiario, una indemnización de 1,65 millones de euros si se declara la nulidad de la licencia de edificación de las viviendas construidas hasta la fecha; 31,1 millones si se declara la nulidad del plan parcial y los proyectos de urbanización y de compensación; y 24,5 millones si se da este último supuesto pero la mercantil mantiene la titularidad de las fincas de aportación.
