En nota de prensa, recuerda la formación política que “durante el pleno extraordinario celebrado recientemente para abordar la deuda de la Junta Vecinal de Mioño al Ayuntamiento, como consecuencia de las subvenciones del agua, la alcaldesa se refirió de nuevo a ‘la mal llamada subvención’. La alcaldesa, en contra de lo que todas las instancias judiciales han sentenciado, puede seguir pensando y afirmando que no fue una subvención, si no una compensación por las instalaciones de agua que las juntas vecinales cedieron al Ayuntamiento para la gestión municipal del servicio de agua municipal”.
Castro Verde lo considera “un error de interpretación, por lo que es importante conocer las consecuencias que esa contumacia puede tener para la supervivencia de tres pedanías, Mioño, Otañes y Ontón. Sámano saldó recientemente su deuda por la venta de parcelas para la ampliación del Polígono Industrial de Vallegón, dinero que no volverá a la Junta”.
Según CV, “durante la pasada legislatura, y por la persistencia en ese error, se tachó al Ayuntamiento gobernado por CastroVerde de insensibilidad y de falta de autoridad por no desoír a los técnicos que defendían lo que después los tribunales han demostrado que era lo correcto. Pero lo que aún es peor, se ha puesto a las pedanías en riesgo de desaparición por insolvencia financiera. En primer lugar porque sus alcaldes pedáneos, tres del PSOE y uno del PRC, se gastaron casi 2,2 millones de la subvención en un destino incompatible, en vez de realizar inversiones, se gastó en servicios varios, sueldos, compras, festejos…, debiendo devolverse por ello el importe al Ayuntamiento”.
“Y en segundo lugar”, continúa CV, “por la decisión posterior de los alcaldes de esas cuatro juntas, esta vez tres del PSOE, entre ellos la actual alcaldesa de Castro, y uno del PP, ahora primer teniente de alcalde, de acudir a juicios para demorar el pago en vez de acordar con el Ayuntamiento los términos de la devolución, incrementando así la deuda de las Juntas en otros casi 2 millones al añadir los intereses, recargos y costas judiciales de todos los procesos”. Este es el cuadro que aporta Castro Verde:
Concluye CV afirmando que “respeta la opinión de la alcaldesa, aunque resulta evidente el gran error y las graves consecuencias de sus decisiones y del resto de alcaldes de juntas vecinales afectadas, ya que con su gestión se ha privado a las juntas de más de 4 millones de Euros. Y de ello, también se ha de responsabilizar la alcaldesa”.
