Tras el parón navideño, este lunes, a las 10 de la mañana, se reanuda en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el juicio sobre el desarrollo urbanístico en la zona de Castro Urdiales, conocido como ‘Caso La Loma’, con la práctica de la prueba testifical.
El ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en la zona denominada SUNP-12, y la Junta Vecinal de Santullán, como acusación particular, solicita condenas para once personas. Precisamente fueron los acusados los que coparon las sesiones del juicio en los meses de noviembre y diciembre.
Ahora es el momento de los testigos. Esta semana, las sesiones del juicio serán tres: el citado lunes 13, el martes 14 y el jueves 16.
El resto del calendario es el siguiente:
- Prueba testifical: 20, 21, 22, 23, 29 y 30 de enero, 3 y 4 de febrero.
- Prueba pericial: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de febrero.
- Conclusiones, informes de las acusaciones: 20 de febrero.
- Informes de las defensas: 24, 25 y 26 de febrero.
- Derecho a la última palabra: 27 de febrero.
Recordemos que la Fiscalía solicita penas para uno de los acusados por su condición de alcalde, al que le atribuye un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, ascienden a diez años de inhabilitación y dos de prisión.
Lo reclamado para otro de los acusados que también fue alcalde en una época anterior, al que atribuye un delito continuado de cohecho, suma cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros.
Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales le atribuye un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación, otro delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, veinte de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.
Por su parte, el fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.
Asimismo, al acusado que ejerció funciones de arquitecto municipal, el ministerio público le considera autor de un delito continuado de cohecho y la pena solicitada es de cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.
Finalmente, la fiscalía también acusa a un promotor inmobiliario, al que atribuye delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.
La Junta Vecinal de Santullán, que solicita penas para el que fuera alcalde y los miembros de la junta de gobierno local entre los años 2004 y 2006 –cuando se fueron aprobando los instrumentos urbanísticos objeto del procedimiento-; para el secretario municipal, la ingeniera del ayuntamiento, el arquitecto contratado por el consistorio y un promotor inmobiliario.
Entiende que los delitos cometidos son los de prevaricación en concurso con falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho.
