A comienzos de cada año, el Ministerio de Hacienda hace una estimación del dinero que va a recaudar a través del cobro de impuesto y, en base a ello, envía a los ayuntamientos la parte que les corresponde. Lo ideal es que ese cálculo se ajuste lo máximo posible a la realidad. De no ser así, cuando llega la liquidación presupuestaria que se hace cada dos años, el Ministerio envía a los consistorios un cheque si se ha quedado corto o reclama cantidades en caso de que se presente el escenario contrario, que es lo que ha sucedido ahora.
El estado calculó mal el dinero y ahora, realizada la liquidación de 2017, reclama cantidades a muchos ayuntamientos. A los de Cantabria, en concreto, un total de 2.980.000 euros.
El de Castro Urdiales tendrá que abonar 89.137 euros y el de Guriezo 5.846 euros.
