Recordemos que en la investigación de aquella querella, tanto la juez instructora como la Fiscalía de Cantabria observaron indicios de delito, con lo que solicitaron la apertura de juicio oral contra el magistrado castreño. Fue en el recurso presentado por Luis Acayro Sánchez cuando se desestimó la querella por parte de dos de los tres miembros del tribunal de apelación. La defensa de Jon Loroño presenta ahora Recurso de casación ante el Tribunal Supremo por Infracción de Ley contra el auto que archivaba la querella en nuestra región. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria también se sumaba en días pasados al recurso de casación que el viernes se hizo oficial en el alto tribunal de nuestro país.

En la recta final del juicio que se ha celebrado ayer y hoy en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones y ha suprimido el delito de tráfico de influencias del que les acusó inicialmente. La Unión, que ha ejercido la acusación popular, ha mantenido su postura inicial y ha pedido una condena de 14 años y nueve meses de inhabilitación especial para Muguruza por dos delitos de prevaricación continuada, y un año de prisión y siete de inhabilitación para ‘KyK’ por tráfico de influencias y prevaricación. Mientras tanto, las defensas han pedido la libre absolución de Muguruza y Rodríguez López, la imposición de las costas a la acusación popular, y el levantamiento de las trabas sobre los bienes y derechos de los acusados. En su declaración final, Muguruza ha recalcado que ninguno de los dos propietarios de las lonjas en cuestión eran amigos suyos, “y desde luego no obtuve ningún beneficio personal”. Ha vuelto a defender la gestión del equipo de Gobierno destacando que respondía a una “lógica interna”, que era resolver el problema de los bomberos. Y en este sentido, ha asegurado que la decisión sobre las lonjas “no fue caprichosa en ningún momento” ni resultó “injusta”, ni en términos económicos ni para los ciudadanos. “Si para solucionar los problemas municipales se hiciera solo con leyes y técnicos municipales, no necesitaríamos políticos ni democracia”, ha dicho el exalcalde visiblemente emocionado. Hoy ha testificado también la perito judicial que realizó el informe caligráfico sobre el manuscrito en el que, presuntamente, Rodríguez López informaba al departamento de Contratación de que podía iniciar el proceso de alquiler, cuando aún no lo había acordado la Junta de Gobierno. Esta técnico no ha podido aclarar si las fechas que figuran en ese documento fueron modificadas, como alega la defensa del ex concejal de Hacienda, que asegura que se modificó la fecha en la que el edil dio la orden a Contratación. Mientras en ese papel consta el 25 de agosto, Rodríguez López asegura que él lo entregó el 3 de noviembre, fecha en la que la Junta de Gobierno decidió adjudicar el alquiler. Visto para sentencia, por tanto, el juicio contra estos dos expolíticos.