La Comisión Informativa de Desarrollo Territorial daba cuenta el lunes de los pasos dados para cumplir con la ejecución de la sentencia relacionada con el SUNP-12 (Suelo Urbanizable No Programado número 12). Se trata de la urbanización de chalets a la entrada de Santullán desde La Loma, de la que se ha construido sólo un sector, aunque sin ocupar. En abril de 2023 se declaraba firme la sentencia que condenó a tres de los acusados por el desarrollo urbanístico en la zona de La Loma (Fernando Muguruza, exalcalde de Castro, César Sáiz, exsecretario municipal y Valentín Galdós, promotor y arquitecto), ordenando la demolición de las 11 viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras. Los gastos debían ser sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados, con responsabilidad civil subsidiaria del consistorio. El concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, ha detallado en Castro Punto Radio que en 2023, desde el Consistorio, “se solicitó a los penados el proyecto de demolición. Costó, pero lo redactaron, cuantificando el presupuesto del derribo en torno a los 65.000 euros”. A partir de ahí, se solicitaron los informes sectoriales a las administraciones afectadas, que son Carreteras del Estado y Autonómicas. “Esto fue el pasado mes de febrero y la respuesta de Autonómicas no llegó hasta octubre”. Lo que sucede ahora es que “en ese informe, dan el visto bueno a la demolición pero, de forma sorprendente, señala que sólo les afecta un chalé y no los 11 que contempla la sentencia”. Con todo, “los pasos que tenía que dar el Ayuntamiento para cumplirla están dados, pero supongo que ahora los penados tomarán cartas en el asunto aludiendo a ese informe de Carreteras regionales”. El concejal no sabe si “teniendo en cuenta esto, la sentencia se podrá ejecutar”. Y es que, “lo que alude Carreteras es que la variante diseñada hace 20 años y que se vio afectada por la ocupación de esos 11 chalés, ya no tiene sentido, teniendo en cuenta las tramitaciones que se están ejecutando para desarrollar otras zonas como el SUNP-4 (hacia La Loma), y que hay que barajar otras opciones”. La sentencia, por otro lado, ordenaba al Ayuntamiento castreño que restaure la legalidad urbanística de esa zona después de declarar la nulidad del Plan Parcial del sector SUNP-12, así como los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencia de Obras). “En eso se estaba trabajando con la nueva propiedad de los terrenos, pero esta situación frena todo un poco también porque, si no hay que tirar 11 chalés sino 1, habría que adaptar el Plan Parcial a lo que esté construido”. Amor ha querido recordar cómo, con el inicio del conocido como ‘Caso La Loma’ “pendía una amenaza hacia el Ayuntamiento con una reclamación subsidiaria por todos los imputados que había de más de 50 millones de euros. El Consistorio tuvo que resolver el mayor problema, que era el abastecimiento de agua de toda la zona investigada y se hizo con la construcción del depósito del Monte Cueto”. Tras ello, “la sentencia quedó reducida a este caso del SUNP-12 y a los tres acusados”.