Debate monográfico sobre vivienda entre los concejales portavoces de los diferentes grupos políticos en Castro Punto Radio. Alberto Martínez, de Podemos (no está en la foto al que tener que irse unos minutos antes de que concluyera), Gorka Linaza (PSOE), Eduardo Amor (Castro Verde), Agustín Fernández (Vox) y Cristian Antuñano (PP) han debatido sobre uno de los problemas más acuciantes para muchas familias castreñas: la falta de vivienda para compra y alquiler, y la que hay, a precios desorbitados. Uno de los motivos de la carencia de oferta para alquilar es la inseguridad jurídica y el desamparo de los pequeños propietarios a los crecientes impagos, lo que incrementa el destino de esos inmuebles como pisos turísticos. Para Podemos, «las administraciones tienen que intervenir en materias como la vivienda pública, y se empieza a ver que estamos todos en la idea de que se tienen que adoptar medidas. Como por ejemplo declarar el municipio como ‘zona de alquiler tensionada’, subir el IBI a la vivienda vacía de grandes tenedores o la regulación de pisos turísticos, cuya supervisión con los medios del Ayuntamiento es complicado, con lo que echamos en falta mas apoyo de la Consejería». Otras iniciativas propuestas por Alberto Martínez son la «creación de nuevas viviendas sociales de alquiler y compra, y para evitar los impagos y dar seguridad, aplicar ese Plan de Movilización de Vivienda vacía que el gobierno regional creó en 2023 y sigue sin ponerse en marcha». «Ponemos el foco en la falta de construcción», añadía Martínez, «cuando ese es un problema a medio plazo. Debemos poner en juego las que ya están construidas. La denostada Ley de Vivienda se ha puesto en marcha en zonas tensionadas y ha tenido efectos beneficiosos, donde se han congelado o bajado los precios de alquiler, lo que es una solución rápida. En cualquier caso, apostamos por un modelo urbanístico de construir en altura y no casas unifamiliares por aquí y por allí». Gorka Linaza (PSOE) reprochaba al Gobierno de Cantabria que «ya haya dicho que no va a declarar la zona tensionada que apoyamos. En cuanto a las viviendas de protección oficial (VPO), la alcaldesa dejó claro que hubo contactos con el consejero de Fomento, poniendo parcelas municipales a disposición del Gobierno para crear ese parque de viviendas. Desde el Ayuntamiento nos gustaría que el gobierno actúe como lo ha hecho con otros municipios de Cantabria. Nos hemos quedado fuera del Plan Regional de VPO y otros municipios lo han conseguido». Finalmente, Linaza destacaba las inspecciones y «denuncias de los pisos turísticos ilegales que se están llevando a cabo por el Ayuntamiento. Además, medidas como la deducción del 100% del IRPF aprobada por el Gobierno de España, vienen muy bien. A nivel local, tenemos poco margen de intervención». Cristian Antuñano, del Partido Popular, desmentía al concejal socialista: «las parcelas a las que alude la alcaldesa que el ayuntamiento ha ofertado al gobierno son una mentira. Un informe de la Dirección General de Vivienda dice que no está acabada la urbanización de la zona, con lo que no da tiempo a construir las viviendas, ya que como son con fondos europeos y no deben estar terminadas en el 2º trimestre de 2026. El consejero le dijo a la alcaldesa que ‘si no entran con estos fondos europeos, podremos ejecutarlas con cargo al presupuesto regional hasta que se dé una solución a los problemas urbanísticos que recoge el informe’. Susana Herrán es consciente de interés del gobierno en construir vivienda pública en Castro cuando se acabe la urbanización de estas parcelas. La alcaldesa miente y tergiversa las palabras del ejecutivo regional». Añadía el portavoz popular que «no ha habido ni una sola actuación en gestión y promoción de vivienda pública en nuestro municipio en los últimos 10 años de gobiernos del PSOE y CV. Y esa es competencia local. En Castro solo se escucha a la oposición, PP y Podemos, hacer propuestas sobre la materia, nada por parte del equipo de gobierno». Para Eduardo Amor (CV), «no es solución inmediata la modificación del Plan General, ya que no duraría menos de tres años, y el problema de la vivienda es inmediato. Además, no se puede hacer todo el suelo urbano para construir más. El problema es que todo lo que se edifica en Cantabria es de segunda residencia, y los ayuntamientos no pueden paralizar eso. La solución no es construir por todos los lados». Apuntaba al control municipal de los pisos turísticos, que «no nos va a solucionar los problemas de escasez de la vivienda. En el último año y medio ha habido 100 solicitudes de legalización, de las que casi 40 no cumplían el Plan General. Si se meten en el mercado de alquiler, tampoco van a resolver demasiado». Concluía indicando que «creemos que en los suelos que quedan por desarrollar donde haya planificaciones unifamiliares, se pueda pedir a los promotores que lleven al máximo la vivienda colectiva». Agustín Fernández, de Vox, apuntaba a la Ley estatal de Vivienda, «que nos coló el PSOE un mes antes de las elecciones de 2023 y que no protege a los pequeños propietarios». Insistía en la inseguridad jurídica ante el riesgo de impagos en alquileres o la ocupación de viviendas, concluyendo que «la alcaldesa dijo en le último pleno, ante la moción del PP, que el Ayuntamiento no es una inmobiliaria, pero ella pretende que Gobierno de Cantabria sea una constructora». En el siguiente enlace se puede escuchar o descargar el debate mantenido por los portavoces de los grupos políticos municipales: