25 MAYO 2017 / Tras la Comisión de Desarrollo Territorial celebrada esta mañana, el concejal de Urbanismo, Eduardo Amor, ha dado detalles sobre algunos de los principales asuntos tratados. En primero lugar, se ha referido a la modificación número 22 del PGOU, que tiene que ver con la adscripción del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma, a los diferentes promotores de la zona. El edil ha hecho un recorrido por los pasos dados hasta el momento, con el fin de culminar «el largo trabajo realizado durante más de un año» y que tiene como objetivo final «regularizar una zona, permitiendo a sus vecinos recibir servicios esenciales como el agua, recogida de residuos o iluminación, de los que actualmente carecen». Del mismo modo, «se intenta preservar al Ayuntamiento de una reclamación de 53 millones de euros, que es la que se pide a los imputados en el denominado ‘proceso de La Loma’ y subsidiariamente al Ayuntamiento». Para Amor, La Loma es una zona «que resume un modelo de urbanismo que se ha repetido en nuestro municipio y por el que, desgraciadamente, se ha dado a conocer Castro por todo el país». Ha dicho que, «empujado por la especulación y un vertiginoso mercado de compra-venta de inmuebles», el Ayuntamiento «autorizó la construcción de viviendas sin asegurar que éstas tuvieran servicios básicos» Con la llegada de la crisis, «los promotores de muchas urbanizaciones (que ya habían vendido las viviendas) desaparecieron, dejando en la estacada a sus compradores y con un problema de magnitud al Ayuntamiento y por ende al resto de ciudadanos». Desde que CastroVerde entró a gobernar, en 2015, «el caso de La Loma se ha abordado por un equipo formado por técnicos municipales, el alcalde y el concejal de Urbanismo, y tras el análisis de la situación y antecedentes, se elaboró una hoja de ruta que tiene como fin la regularización de la zona». El problema principal era el suministro de agua y, «tratándose de un suelo urbanizable no programado (equivalente a rústico), su coste debía ser soportado por los promotores, para poder así darle la condición de suelo urbano». Para solucionarlo, se planificó la construcción de un depósito de agua en el monte Cueto, por lo que el Ayuntamiento encargó y aprobó en 2009 un proyecto para la ejecución del mismo, el cual ya tenía el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente, con su correspondiente informe de impacto ambiental. Para resolver la situación de La Loma se han planificado varias acciones en paralelo, la mayoría ya en ejecución y cada una de las cuales consta de varios trámites. Todas estas actuaciones han sido detalladas por Amor: 1. Modificación del Plan General (PGOU) en el que se incluyen las cuotas de reparto a cada sector de La Loma del coste del depósito. 2. Expropiación de terrenos rústicos donde se ubicará el depósito. 3. Valoración de obras restantes de urbanización (aceras, viales, iluminación, saneamiento…) y, ante la negativa de los promotores a realizarlas, el Ayuntamiento las ejecutará con cargo a los avales depositados. 4. Tramitación de un expediente de contratación para construir el depósito, que financiará inicialmente el Ayuntamiento con arreglo a la financiación afectada del canon del agua y lo repercutirá a cada sector en función de su cuota de reparto. 5. Adaptación de los planes parciales de cada sector al PGOU. Ahora, se lleva a Pleno la aprobación provisional de la modificación 22 del Plan General, que contesta las alegaciones presentadas a la aprobación inicial. Todas ellas «tienen un denominador común, ya que cuestionan la idoneidad del depósito». Sin embargo, el concejal ha dejado claro que «la modificación no aprueba el proyecto del depósito, que ya se hizo en 2009, si no que establece las cuotas de reparto del mismo, para que el Ayuntamiento no tenga que abonar la totalidad de un proyecto que ronda los tres millones de euros, sino sólo un 25%». Varias alegaciones repiten también que, en vez de construir este depósito, una solución más rápida sería conectar La Loma al ya construido en el APD-2 de Cotolino. Pues bien, «esta solución rápida es la que básicamente motivó la imputación de unas 50 personas, que justificaron con soluciones provisionales diferentes a las planeadas, el futuro suministro del agua a la zona, ya que de esa manera se estaba librando a los promotores de dotar de infraestructuras básicas como el agua a un suelo rústico para poder transformarlo en urbano. Sin embargo, los promotores del APD-2 de Cotolino sí costearon su depósito, pero para dar servicio a su propio sector, no para otros». Todo lo anterior «está contestado contundentemente por los técnicos municipales» y su propuesta se elevará al pleno para aprobar la modificación del Plan General que, si cuenta con la mayoría suficiente, se trasladará a la CROTU para que dé su visto bueno final. CONVENIO CON LA FÁBRICA DE LOLÍN Al margen de este asunto, Eduardo Amor ha dado detalles sobre otro de los temas tratados en la Comisión: el convenio con la empresa Conservas Lolín, que permita el traslado de la fábrica a Vallegón y la construcción de un centro comercial en la zona en la que se ubica actualmente. En este punto, el edil de Urbanismo ha recordado que, «con el crecimiento del casco urbano de nuestra ciudad, muchas industrias ubicadas antes en las afueras quedaron confinadas por zonas residenciales, especialmente en el barrio de Brazomar. Esta problemática se ha dado en muchas ciudades del país y se resuelve facilitando por parte de la administración el traslado de las industrias a polígonos construidos al efecto y eliminando así las molestias medioambientales de las zonas residenciales». Para facilitar el traslado, «el Ayuntamiento acuerda con la actual propiedad un cambio de uso de la parcela, de industrial a comercial, permitiendo la instalación de un centro comercial, además de exigir la construcción de infraestructuras que mejoren la vialidad conectando el carril bici hacia Mioño con Castro mediante una pasarela, el aumento de dotaciones públicas y de un local de 950 metros cuadrados en el edificio». Para poder iniciar la tramitación del presente convenio, «se elevaron consultas a las administraciones que pudieran verse afectadas sobre el cambio de uso propuesto». Desde el punto de vista medioambiental, «se ha obtenido dictamen favorable de la Consejería de Medio Ambiente, asegurando que la iniciativa no tiene efectos sobre el mismo». Una novedad importante con respecto a otros convenios urbanísticos gestionados por el Ayuntamiento en el pasado, «es que el cambio de uso propuesto será elaborado por el propio Ayuntamiento, reservando así a la administración la competencia de planificación urbanística». El convenio recoge, además, una condición suspensiva que, «en caso de que alguna administración impida la modificación del PGOU propuesta, ambas partes se verán resarcidas de las estipulaciones y el convenio se dará por cancelado». Tras la aprobación inicial del convenio se sometió a exposición pública y se han recogido seis alegaciones. La mayoría de ellas «rebaten el cambio de uso convenido. Sin embargo, el convenio no supone la modificación automática, sino que ésta deberá ser objeto de un expediente aparte, aún sin iniciar, y que tendrá su correspondiente exposición pública». También se ha cuestionado la posible propiedad pública de parte de la parcela de la empresa, «aspecto que ha sido rebatido por los técnicos municipales, puesto que no hay pruebas al respecto, como algunos alegantes admiten, y que durante la modificación del PGOU se analizará la propiedad del suelo, siendo ese el momento de determinarlo». Otro aspecto repetido en las alegaciones es la imposibilidad de un concejal de la corporación para hacer convenios con el Ayuntamiento, puesto que es uno de los propietarios de la actual empresa. En este sentido, Amor ha dicho que «baste aclarar que el concejal en cuestión no forma parte del Gobierno municipal y deberá abstenerse en las decisiones plenarias relacionadas con el expediente». Por otra parte, «los técnicos afirman que la ley no impide que pueda suscribir convenios con este Ayuntamiento, sino que la prohibición legal es para suscribir contratos, circunstancia que no se da». Como conclusión, el Ayuntamiento suscribe un convenio «que es acorde al interés general» al lograrse varios objetivos: «ayudar a trasladar una industria molesta de la zona urbana, con el compromiso de instalarse en el propio municipio y conservando todos los puestos de trabajo, y lograr la cesión al Ayuntamiento de un local en el futuro centro comercial, además la construcción de una pasarela por encima de la actual rotonda que conecte el carril bici de Mioño con el centro de Castro, así como la ampliación de las aceras actuales».