22 MAYO 2017 / En un largo escrito de alegaciones presentado en el Ayuntamiento de Castro el pasado miércoles 17 de mayo, EQUO Cantabria se opone al Convenio Urbanístico que significaría el modificado del PGOU para recalificar el suelo de la Fábrica de Anchoas Lolín y permitir con ello la construcción de un Centro Comercial, una vez se trasladen las antiguas instalaciones al polígono de Industrial de Vallegón. Equo Cantabria se muestra radicalmente en contra de esta operación porque, según declara el responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de la Mesa de Coordinación este partido en Cantabria, Juantxu Bazán, “es un convenio que no es ético, no es legal, y encima está lleno de trampas, algunas tan graves que podrían significar responsabilidades penales en caso de el Ayuntamiento siga adelante con esta operación”. En el escrito de alegaciones, EQUO muestra su «desconcierto» por el hecho de que «no se advirtiera el conflicto de intereses al ser el promotor del convenio, Jesús Gutiérrez, dueño de la fábrica de anchoas y, al mismo tiempo, concejal del Ayuntamiento», lo que la formación política entiende «es éticamente inadmisible», señalando que “no debería haber duda alguna de que se produce conflicto de intereses en la medida de que el concejal tiene interés económicos directos y personales en la recalificación objeto de este convenio, y en su condición de concejal está comprometiendo la imparcialidad e independencia del Pleno de la Corporación de la que forma parte”. En el escrito de alegaciones, EQUO muestra su extrañeza «por la falta de informes jurídicos al respecto», y pide que se solicite a la Junta Consultiva de Contratación u órgano consultivo competente para que informe que el concejal puede hacer un convenio urbanístico con el Ayuntamiento pues, en caso contrario, «estaríamos ante un convenio siempre bajo sospecha». El nuevo Centro Comercial «obtiene tres veces más del aprovechamiento urbanístico que el establecido en las ordenanzas». Más allá de esta consideración, EQUO expone en sus ocho alegaciones una larga argumentación jurídica y técnica que cuestiona la legalidad de este convenio, del que niega su interés público. En concreto, dice que no se opone al traslado de la fábrica de Lolín, pero expone que “habrá que hacerlo con todas las fábricas, y planificando adecuadamente el conjunto de la zona de Brazomar, y no haciendo un convenio con un solo empresario”. En su escrito de alegaciones señala además que “es falso» que este convenio sirva al interés público. «Lo que realmente se persigue es un negocio empresarial entre el dueño de la fábrica y un grupo empresarial, negocio que tiene una condición suspensiva: que el Ayuntamiento apruebe el convenio y recalifique los terrenos, a través del modificado nº 23 del PGOU, para que el negocio sea rentable”. También se denuncia en el escrito que se le están concediendo al promotor unos aprovechamientos «exorbitantes» hasta el punto de que «el nuevo Centro Comercial incumpliría las Normas Urbanísticas del Plan General al ocupar un 88% de la parcela (frente a un máximo del 65% permitido por la ordenanza), con una edificabilidad neta de 14.504 metros cuadrados, lo que significa un coeficiente de 2,35 m2/m2 mientras que la ordenanza para el suelo comercial establece una edificabilidad del 0.70 m2/m2». Por otro lado, EQUO Cantabria dice que las cesiones a las que está obligado por ley el promotor «no están correctamente calculadas», y que “hay una desproporción entre las prerrogativas del promotor y las ventajas que obtiene el Ayuntamiento, que en modo alguno está justificada por el hecho de que el promotor se comprometa a construir una pasarela para peatones y ciclistas”. En la última de sus alegaciones EQUO Cantabria denuncia la usurpación de suelo público. «Se trata de suelo que debió cederse en el momento de construir la fábrica, que se corresponde al espacio viario y peatonal que no fue cedido por el promotor ni controlado por los técnicos municipales de Urbanismo» y que, según estimaciones de esta formación política, «podrían ser 835 m2». El «agrandamiento» de la parcela de Lolín «se ha producido a costa del espacio común de todos los ciudadanos”, insiste Bazán, “y espero que el Ayuntamiento no caiga en la trampa de tapar esta usurpación de suelo público con este convenio». Entiende EQUO que «es posible que una parte del suelo, el calificado como industrial, sea irrecuperable, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de recuperar de oficio los bienes de dominio público ocupados ilegalmente, por lo que aprobar el convenio, y no actuar para recuperarlos, podría derivar en responsabilidades penales para los miembros de la corporación que se decidan a aprobar el convenio”, advierte Juantxu Bazán. En las imágenes, planos de lo cómo quedaría el nuevo centro comercial.