30 AGOSTO 2018 / El alcalde, Ángel Díaz-Munío, ha respondido a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Nuevas Generaciones del PP en Cantabria, Álvaro Aguirre (en la imagen), acusando a CastroVerde de “acosar a determinados hosteleros y dar manga ancha a otros que son sus amigos”.

30 AGOSTO 2018 / El alcalde, Ángel Díaz-Munío ha analizado hoy la problemática existente en la Residencia Municipal, los Bomberos y la Policía Local y ha hablado de las limitaciones que presenta la Ley en cuanto a realizar nuevas contrataciones, cómo se puede solucionar y cuando. Ha comenzado defendiendo que “cualquier alcalde estaría encantado de ampliar las dotaciones de personal, sobre todo en estos tres sectores pero, si no se sacan plazas, no es porque no se quiera sino porque, en este momento, no se puede y ésa no es una situación desconocida”. Ha desgranado los problemas concretos que, desde su punto de vista, tiene cada uno de estos departamentos. En cuanto a la Residencia, ha señalado que, “en recursos e instalaciones, se cumplen todas las normativas”. Por tanto, se ha centrado en lo que sucede con las auxiliares de clínica, que son prácticamente la mitad de la plantilla. “Son pocas, aunque cumplimos los ratios exigidos por el Gobierno de Cantabria. La media de edad es de 50 años y el número de bajas es importante, con una tasa de absentismo de más del 30%”. A esto se suma el hecho de que, en verano, hay vacaciones y “las sustituciones son más complicadas porque todas las residencias demandan auxiliares”. El trabajo, por tanto, se intensifica “y es justo que se quejen”. En relación a los bomberos, “además de exigir más plantilla, piden un aumento de sueldo”. Para el alcalde, la situación de este departamento “viene como consecuencia del histórico de su situación”. Ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno en disolver el Organismo Autónomo e integrar a los trabajadores en la plantilla municipal”. Eso “pasa por hacer una Valoración de Puestos de Trabajo, que es un proceso largo”. Como ha explicado, “se ha elaborado un Plan de Integración que hay que negociar con los sindicatos para que presenten propuestas. La reunión no ha podido celebrarse porque no podían acudir los técnicos necesarios. En cuanto puedan, se hará esa reunión”. En la Policía Local, “hay jubilaciones y, sobre todo, agentes que pasan a segunda actividad. Esto hace que haya menos policías patrullando en la calle, lo que redunda en un peor servicio”. En cuanto a las posibles soluciones para aumentar plantilla, “hay unas normas y restricciones a cumplir como administración pública que somos”. En este sentido, “tenemos que sacar la Oferta de Empleo Público y eso está condicionado a la aprobación de los presupuestos”. Por otro lado, en la Oferta de Empleo Público, “hay que poner las plazas de nueva creación y todas las interinas, que en el Ayuntamiento son muchas, y que deberán salir a concurso”. Además, en la Ley de Racionalización se establece lo que se llama Tasa de Reposición, que marca el límite de plazas a ofertar. Dice que no se puede contratar a más personas que las plazas fijas vacantes que se tengan por jubilación o por el motivo que sea. En la Residencia, por ejemplo, “serían cero porque todas las plazas son interinas”. Por otro lado, en el equipo de Gobierno, “no sólo queremos cubrir las vacantes que haya en los departamentos del Ayuntamiento, sino sacar nuevas plazas”. Para aprobar el presupuesto y sacar la Oferta de Empleo Público, queda por delante “un proceso largo y dificultoso, con un montón de obstáculos que tendremos que superar”. El presupuesto se llevará a comisión informativa y a Pleno “en cuanto los técnicos subsanen algunos errores que había en la documentación” y en la Oferta de Empleo “habrá que superar barreras en cuanto a las posturas que puedan tener los sindicatos, los técnicos y los políticos”. Como conclusión, el alcalde ha señalado que ”la parte de responsabilidad que tiene CastroVerde en toda esta problemática es bastante limitada, teniendo en cuenta que viene de hace muchos años y no lo han resuelto aquellos que ahora nos exigen solución”. En esta misma línea, Díaz-Munío cree que “se está lanzando un mensaje falso e injusto cuando se dice que no hacemos nada”. Ha hablado de “algunos intereses detrás, que están dirigidos a que la opinión pública entienda lo que no es verdad. Lo que pretenden determinados intérpretes de esta situación es sacar su propio rendimiento y que no se hagan avances, para así desgastar a CastroVerde”.  

28 AGOSTO 2018 / El Pleno ha sacado esta tarde adelante, con los votos a favor de CastroVerde y PRC y las abstenciones del resto de grupos, la aprobación provisional de la Modificación Puntual Número 22 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene que ver con la vinculación del coste del depósito de agua para abastecer a La Loma a los diferentes promotores de la zona. El concejal de CV, Eduardo Amor, ha recordado cómo “en mayo de 2017 ya se aprobó en Pleno, pero la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU) emitió un informe desfavorable”. Esto provocó que el Ayuntamiento presentara un recurso Contencioso Administrativo “que estaba próximo a resolverse”. Antes de que eso sucediera, “ambas administraciones, Ayuntamiento y CROTU, entendimos que se podía llegar a un acuerdo. Desde el Consistorio teníamos bastante claro que ese proceso judicial se iba a ganar, pero lo ideal era seguir con las tramitaciones referentes al depósito de agua lo antes posible”. Con la aprobación de esta tarde, “se establecen las cuotas de reparto del coste a los diferentes promotores de la zona y, lo que se hace para responder a los requerimientos de la CROTU es, simplemente, cambiar el texto para que sea una modificación del estudio económico financiero del PGOU”. Del mismo modo, “se da potestad al acalde para ejecutar los trámites de retirada del Contencioso”. El PRC, que también ha apoyado el punto, ha defendido que “siempre hemos dado la cara con respecto a este asunto y nunca nos hemos puesto de perfil”. Así lo ha señalado Emilia Aguirre añadiendo que “los vecinos de La Loma necesitan que solucionemos sus problemas y las abstenciones nunca han sido una solución”. Acudir a los tribunales “no es una solución rápida, pero sí ha hecho que las comunicaciones entre administraciones existan”. Al margen de esto, se ha quejado de que “nos enteramos de la solución alcanzada con la CROTU por los medios de comunicación, cuando debería haberse celebrado una comisión o una Junta de Portavoces”. A esto, Amor ha asegurado que “no fuimos nosotros los que filtramos la noticia a los medios y, en cuanto la respuesta de la CROTU llegó al Ayuntamiento, lo llevamos a comisión”. La portavoz del PP, Ana Urrestarazu, espera que, tras esta aprobación provisional, el informe de la CROTU sea favorable y, por tanto, “el acuerdo alcanzado entre administraciones sea efectivo”. Ha planteado, eso sí, dudas al respecto de “a quién se va a repercutir el coste del depósito que corresponde a constructoras de La Loma que han desaparecido o están en quiebra”, preguntando si “serán los vecinos de la zona los que deban abonar ese dinero”. A esto, Amor ha respondido que “no se descarta la vía de repercutirlo a los vecinos, pero será lo que determinen los técnicos”. Ha señalado que “habrá que ver si hay avales y ejecutarlos. En caso de que no los haya, se irá a embargar las viviendas que esos promotores tengan vacías y, en último extremo, acudir a los vecinos. Ante las consecuencias judiciales que puedan tener sus viviendas, entiendo que hacer un pago será un mal menor”. Alejandro Fernández, (PSOE) ha afirmado que “el desbloqueo de esta situación se está basando en el diálogo entre administraciones, que es precisamente lo que los socialistas pedíamos desde el principio”. Del mismo modo, “hemos reclamado el diálogo político en el Ayuntamiento, que apenas ha existido”. Ha sido claro a la hora de afirmar que, en todo este proceso, “la CROTU y el Ayuntamiento han intentado echarse la culpa uno al otro, lo que ha tensado la cuerda entre administraciones, echando un pulso que no ha beneficiado a los vecinos”. Amor también ha respondido a esto y, ante el anuncio del PSOE de que se iba a abstener en la votación, ha dicho que “absteniéndose no se soluciona ningún problema y aquí nos han puesto los ciudadanos para solucionar problemas”. A día de hoy, CV no entiende cuáles son las dudas del PSOE sobre este asunto “porque lo que os dicen los técnicos parece que no os sirve”. La postura de los socialistas ha sido reprochada también por el PRC que no entiende “cómo pedís que se den soluciones, que haya diálogo entre administraciones y que todo salga adelante, pero luego os abstenéis”. Demetrio García (MásCastro), que también se ha abstenido, ha defendido que “cada grupo tiene derecho a votar lo que quiera y yo no reprocho nada a nadie sobre lo que vota. Si no lo vemos claro, nos abstenemos”. Una vez concluida la votación de este punto, el alcalde ha suspendido el Pleno por unos tres minutos después de que varias trabajadoras de la Residencia hayan mostrado una pancarta pidiendo “soluciones”. Ángel Díaz-Munío ha pedido que se retirara esa pancarta y ha suspendido la sesión hasta que se ha retirado: SANCIÓN A UNA NAVE CONSTRUIDA DE FORMA ILEGAL Se ha reiniciado la sesión con el punto relativo a la sanción de 15.001 euros que se ha impuesto al propietario de una nave de ganado construida en Otañes sobre suelo rústico de especial protección y sin licencia municipal. La nave pertenece a la empresa “Explotaciones Forestales Labella, S.L.”, propiedad de Santiago Berriolópez. El asunto ha salido adelante con los votos a favor de CV, PRC y PSOE y las abstenciones del PP y MásCastro. Amor ha explicado que el propietario de esta nave “realizó al Ayuntamiento una solicitud de informe de compatibilidad urbanística. Desde el Consistorio no se llegó a contestar pero, el ahora sancionado, siguió con la construcción”. Se impone la sanción mínima, dentro de las consideradas muy graves, “porque el Ayuntamiento no fue diligente en contestar y, aunque ese informe de compatibilidad no le habilitaba para construir, sí podría haber agilizado la obtención de la licencia”. Ha explicado también que, al margen de la sanción, la nave es legalizable y, de hecho, el expediente ya se encuentra en proceso de información pública. Después, “habrá que remitirlo a la CROTU que será la que diga si es legalizable o no”. De forma paralela, está en trámites otro expediente sancionador que tiene que ver con el ensanchamiento de la vía verde de Alén, en un tramo de 165 metros, para permitir el acceso del tráfico rodado a la parcela en la que está ubicada la nave. Al PP le “sorprende“ la “diligencia” con la que “multamos, cuando tardamos 22 meses en contestar a un informe de compatibilidad urbanística de la construcción de esa nave”. Los populares exigen “que se cumpla la Ley”, pero también que “el Ayuntamiento sea más diligente a la hora de responder a ciertas peticiones”. En esta misma línea, Demetrio García ha justificado su abstención en “la duda sobre si se llega a informar a esta empresa, en tiempo y forma, hubiera hecho o no la nave”. Eduardo Amor ha respondido que el sancionado “no ha pasado en 22 meses a informarse sobre cómo estaba la petición que había realizado. Por el contrario, empieza la obra y la acaba, con lo que no creo que tuviera mucho interés en informarse. Además, no creo que fuera desconocedor de que estaba sobre suelo rústico”. También ha aludido a que hay técnicos que “tienen sobrecarga de trabajo” y, de ahí, que se haya dilatado tanto la respuesta a esa petición del propietario de la nave. Un argumento que no le vale a Urrestarazu porque “hay otros técnicos que, por orden del concejal, dejan otros trabajos para agilizar otros expedientes sancionadores”. Durante el debate de este punto, se ha ausentado del salón de plenos el concejal José Arozamena por tener familiares involucrados en el asunto. EMERGENCIA SOCIAL Con el único voto en contra del concejal del PP, Javier Muñoz, ha salido adelante la aprobación inicial de la modificación en la Ordenanza de Ayudas de Emergencia Sociales. El concejal de Asuntos Sociales, José Ángel Uriarte, ha explicado que “se trata de cambiar, a propuesta de los técnicos, una serie de términos en la redacción del documento. Se aumenta también, de dos a tres meses, el plazo para que los beneficiarios de ayudas justifiquen las mismas y se amplían un poco los importes de algunas de las ayudas”. En este punto, los socialistas han hecho alusión a un aspecto que se introduce en la ordenanza y que “permite denegar ayudas a gente que lo necesita y que cumple los requisitos si no hay presupuesto”. Alejandro Fernández ha pedido que se retire este punto de la Ordenanza, a lo que Uriarte ha respondido que “es una inclusión que han hecho los técnicos. Si se agota el presupuesto para este asunto, se van a hacer modificaciones presupuestarias, como se ha hecho hasta ahora. Los Asuntos Sociales son una prioridad para nosotros”. Ha informado también de que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) “nos ha concedido una subvención de 15.000 euros para que contratemos a una empresa que haga un estudio de las necesidades sociales que hay en Castro, para ser más rigurosos a la hora de ajustar los presupuestos a esas necesidades”. En el apartado de ruegos y preguntas, Muñoz ha explicado a qué se ha debido su voto en contra. Ha pedido que en los dictámenes del Pleno “no se incluyan las intervenciones de los concejales en las comisiones informativas porque las actas aún no están aprobadas. Una de mis intervenciones en esa comisión no está bien recogida y no puedo aprobar este punto, que incluye esa intervención que no se ajusta a la realidad”. En materia de ayuda social, el Pleno ha aprobado, por unanimidad, la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Apoyo a Personas y Familias en situación de emergencia social, que creó el Gobierno de Cantabria. “Es una herramienta para coordinar todas los recursos en Cantabria para personas en situación de emergencia social”, ha dicho Uriarte. Ha explicado también que la conforman, entre otros, “el Gobierno de Cantabria, entidades locales, entidades sociales sin ánimo de lucro, la Federación de Municipios de Cantabria o el Colegio de Trabajadores Sociales de Cantabria”. Lo que se hace es “crear redes de apoyo a personas en cada zona, con protocolos de colaboración y la elaboración de un mapa de recursos en toda la región”. ORDENANZA DE SUBVENCIONES DEPORTIVAS También por unanimidad, se aprobaba definitivamente la Ordenanza de Subvenciones Deportivas, tras resolverse las alegaciones. El concejal del PSOE, José Sámano ha valorado que se incluyan, como los socialistas propusieron, “puntos a los clubes o asociaciones que realicen actividades para personas con discapacidad”. PRESUPUESTO Durante la sesión, se ha dado cuenta de la ejecución del presupuesto en el primer semestre de 2018 y de la liquidación del presupuesto en 2017. Sobre esto último, Amor ha explicado que el resultado contempla unos ingresos de unos 31 millones de euros y unos gastos de unos 27 millones. Ha dicho que se cumplen la regla de gasto, el límite de deuda y la estabilidad presupuestaria y ha añadido que se cuenta con un remanente positivo de Tesorería de 1.783.000 euros, “pese a que hubo que hacer frente a la sentencia de Ascan”. RUEGOS Y PREGUNTAS En el apartado de ruegos y preguntas, Guadalupe Liendo (PP) ha pedido que se haga un estudio de cómo se puede mejorar la Residencia Municipal y que se aplique a las trabajadoras “lo que se acordó cuando se firmó el convenio: que si mejoraba la situación económica del Ayuntamiento y de la Residencia, también mejoraría la suya”. A esto el alcalde ha respondido que “una subida de sueldos está limitada por la Ley y no es posible”. Ha defendido que la Residencia “es una prioridad para nosotros y todo lo que pide el director en cuanto a mejoras, se está llevando a cabo”. El socialista Alejandro Fernández, ha rogado que el Consistorio pida la subvención regional para la rehabilitación de fachadas y grupos de viviendas en el casco viejo. El equipo de Gobierno “está trabajando en toda la tramitación”, según el alcalde. También el PSOE ha pedido que “se informe sobre vivienda en la próxima comisión del área porque, este tema no se toca desde que asumió el área Eduardo Amor”. A otra pregunta de los socialistas sobre un plan estratégico para el municipio, Ángel Díaz-Munío ha señalado que “sigue no siendo una prioridad en este momento”. Demetrio García ha preguntado en qué punto está un posible aumento de plantilla en la Policía Local. La respuesta ha sido que “hay que hacer una Oferta de Empleo Público y, para eso, hacen falta unos presupuestos y negociaciones con los sindicatos. Todo eso está muy difuso porque la situación de qué se puede incluir o no en la Oferta de Empleo Público está a debate entre los técnicos”. A la sesión plenaria de hoy no han acudido Aitzol Zuazo (PP) y Susana Herrán (PSOE).

28 AGOSTO 2018 / Hace unos días hablábamos con dos representantes del Comité de Empresa de la Residencia Municipal, que criticaban que se considere su semana laboral de lunes a viernes, lo que supone que no les pagan como festivos los sábados que lo son. También denunciaban que los domingos no se les paga nada como festivo y que por una noche, que dura 10 horas, cobran 6 euros, que con las deducciones se quedan en 4. Las trabajadoras continúan con las concentraciones todos los viernes, en la Plaza del Ayuntamiento, insistiendo en estas reivindicaciones y reclamando más personal en las instalaciones. Hoy hemos tenido la oportunidad, en Castro Punto Radio, de hablar al respecto de todos estos asuntos con el director de la Residencia, Mariano Gutiérrez. Ha comenzado recordando que «varias de las reivindicaciones tendrían que tener su reflejo en el convenio colectivo, que finalizó el 31 de diciembre de 2017». A día de hoy, «estamos esperando a que, todos juntos, planteemos un calendario de negociaciones con todas estas peticiones, que creo que se deben dirimir en una mesa de negociación». En cuanto a los sábados y festivos, ha remitido a un acuerdo alcanzado en febrero, tras una mesa de negociación, “donde se determinó la jornada y se especificó, por parte de todos los reunidos, que los festivos que caían en sábado (cuatro este año) se sustituían, cada dos, por un días de asuntos propios a añadir a los cinco que ya tienen por convenio” En cuanto al 22 de mayo, Santa Rita, “se acordó que se daba otro día de asuntos propios pero, quizá no quedó muy claro en ese acuerdo como se tenía que reflejar ese día y se va a pagar en la nómina de agosto”. Por lo demás, Gutiérrez ha sido claro a la hora de asegurar que “los acuerdos hay que cumplirlos y considero que no es serio decir una cosa un día y, al siguiente, la contraria”. En una mesa de negociación “se propuso también meter una persona más en las rotaciones de turnos para que, en lugar de 24, fueran 25 y se hicieran menos noches. No les interesó en aquel momento porque se cambiaban turnos y ya lo tenían organizado y se ha quedado en que, el año que viene, lo cambiamos ya y empezaremos a rotar 25”. En cuanto a la jornada laboral de lunes a viernes que critican las trabajadoras, el director ha señalado que “yo negocio una jornada de lunes a domingo”. A partir de ahí, “ahora mismo, yo me baso en el convenio colectivo y en los acuerdos alcanzados en su momento”. En base a eso, “ellas tienen que trabajar cinco días y descansar dos. Hay unos cuadrantes que vienen desde hace tiempo y no se han modificado”. Por tanto, “no entiendo esa polémica porque todo se negoció y acordó”. Para Gutiérrez, lo que “sí tienen que tener claro” estas trabajadoras es que “no son funcionarias, sino personal laboral que funciona de otra manera”. Sin embargo, “disfrutan de más días de asuntos propios porque, si nos remitimos al convenio de residencias, aspectos como los festivos, el pago de las noches, domingos y demás, está contemplado pero a ellas eso no les interesa. Hay cosas que les benefician y otras que no, pero no se puede tener todo todo todo”. En cuanto al pago de domingos y turnos de noche de 10 horas por seis euros, Gutiérrez comparte las reivindicaciones de las trabajadoras, pero insiste en que “eso se estableció también en el convenio”. Un documento sobre el que “se puede hablar, pero todo tiene un correlato económico que hay que establecer y eso se tiene que aprobar en los presupuestos del Ayuntamiento”. Ha dejado claro que “siempre estaré dispuesto a hablar y negociar como se debe hacer”. Se ha referido a “las peticiones de reuniones con el concejal o el alcalde” por parte de las trabajadoras y considera que “tenemos que ser serios y ponernos a trabajar y esta polémica yo creo que no es buena, pero no voy a ir contra la libertad de manifestación y de expresión”. Ha valorado el “trabajo encomiable y sacrificado que hacen las auxiliares”, pero ha afirmado que “en la Residencias, aparte de ellas, trabaja más gente. Somos 51 personas y ellas 29. No puede ser que el 57% de la plantilla condicione al resto. No me parece justo. Su trabajo es importante, pero como lo es el del cocinero, mantenimiento, peluquera, enfermeras, personal de administración…”. El directo ha señalado también que en la última inspección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) “no nos ha dicho que estemos mal de personal, sino que cumplimos con las ratios establecidas”. Tampoco el ICASS “ha dicho nada en ese informe” sobre el albergue de peregrinos provisional que se ha habilitado en el recinto de la Residencia. “No sé si habrá otro informe porque, parece ser, que ha habido una denuncia con respecto a ese albergue”. Una instalación que “a mí no me gusta especialmente. Si se altera la convivencia en los residentes, se cerraría. Hasta la fecha, no he tenido constancia de alguna situación que pudiera entenderse perturbadora de la convivencia”.