7 MARZO 2017 / El alcalde de Castro, Ángel Díaz-Munío, ha confirmado en Castro Punto Radio que el motivo por el que no se les pagan las nóminas del mes de febrero a siete trabajadoras de la Residencia municipal es que realizaron sus tareas sin existir, de por medio, un contrato formalizado. Ante los problemas de personal» existentes en las instalaciones, en el mes de febrero «se comenzó a funcionar con siete auxiliares de clínica, cuando realmente no tienen contratos. Los mismos deben tener el visto bueno del interventor y cuando se los llevaron para que lo firmara, dijo que no estaba conforme con ellos». Una circunstancia a la que se ha llegado porque, «por necesidades del servicio, muchas veces, se sustituye la burocracia por la eficacia. En este caso, y como han hecho anteriormente, como no se podía esperar a que toda la maquinaria administrativa terminara su proceso, dando por supuesto que no iba a haber problemas, les han dicho (el alcalde no sabe quién) que empezaran a trabajar mientras se resolvían todos los trámites del contrato. Como se suele hacer y nunca pasa nada pero, esta vez ha pasado. El interventor considera que de acuerdo con su interpretación de la Ley de Presupuesto del Estado, no está en nuestra mano el contratar a ningún personal, mientras no se aclare cuál es la situación de esa Ley». Díaz-Munío ha dejado claro que, en este momento, «nuestra política sigue siendo la de no pasar por encima de la opinión de los interventores, que son los que obligan a mantener a los políticos dentro de la legalidad». Cree que «hay soluciones» y «las buscaremos”, pero «sin tener que ir en contra de las opiniones de nadie». En este sentido y al hilo de lo dicho por el Comité de Empresa de la Residencia sobre que otras administraciones estaban contratando, el alcalde ha insistido que «en cada Administración se hace en función de la interpretación de sus funcionarios». En cualquier caso, tras tener sobre la mesa la opinión del interventor, el Ayuntamiento ha consultado al Ministerio sobre su interpretación del artículo de la Ley de Presupuestos del Estado que afecta a las contrataciones y “nos han dicho que, si tomamos decisiones contrarias, hay riesgo de inconstitucionalidad». Díaz-Munío ha asegurado que las siete trabajadoras afectadas «cobrarán el dinero que se les adeuda» porque «hay posibilidades legales, aunque ahora no están en mi mano». De no abonar esas cantidades, «estaríamos incurriendo en un enriquecimiento ilícito». Lo cierto es que, según el interventor, a día de hoy no se pueden realizar contrataciones, lo que podría poner en riesgo la supervivencia de la Residencia Municipal, una instalación que, según las propias trabajadoras, tiene un importante problema de personal. El Comité de Empresa aseguraba esta mañana que, si no se cumpliera la ratio mínima marcada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), los residentes podrían ser trasladados a otros centros. El alcalde cree que «somos lo suficientemente responsables como para solucionar los problemas sin necesidad de llegar a esa situación. Ese escenario no me parece próximo y, antes de que el ICASS tenga que tomar medidas, podremos hacer algo». Lo que tiene claro es que «todos tenemos que impedir que los problemas internos que tengamos en el Ayuntamiento repercutan en la atención a los ancianos». No ha terminado la intervención del alcalde en Castro Punto Radio sin hacer alusión a la respuesta que, según las trabajadoras afectadas por el impago de nóminas, les dio en la reunión que mantuvieron hace varios días. Recordamos cómo estas trabajadoras aseguraban que «nos dijo que si no estábamos a gusto, que nos fuésemos y que nos buscásemos la vida por otro lado». Díaz-Munío ha dejado claro que «la frase no fue así ni con esa intención. No es mi carácter ni se lo he podido decir así». Ha reconocido que «hablamos de su situación y me pedían soluciones. Entre las cosas que dijimos, salió que, sin contrato, no tienen obligación de quedarse. Le aseguré que si decidían quedarse que mejor, pero que estaban en su derecho de no hacerlo». Ha lamentado que «no pude reconducir el encuentro hacia donde yo quería porque me pidieron soluciones que no estaban en mi mano. Intenté explicarles cuál era la situación, pero me pedían que pasara por encima del interventor y que pagara esas nóminas y, por mucho que haya gente que piense que puedo hacer tal cosa, no puedo». De «desafortunada» ha calificado el alcalde la convocatoria de aquella reunión y del desarrollo de la misma. Y es que, «se desenfocó el tema porque, en principio, iban a venir las siete trabajadoras a preguntarme mi opinión y, al final, vinieron el Comité de Empresa, la directora y la concejala. En aquel ambiente, yo no supe reconducir el tema a donde creo que debíamos reconducirlo, que era decir mi opinión sobre los problemas». Según han confirmado a Castro Punto Radio fuentes del Gobierno de Cantabria, el ICASS ha dado orden a su departamento de inspección para que emita un informe sobre las condiciones en las que se encuentra la Residencia municipal de Castro Urdiales. Tras conocer el contenido de ese documento, actuarán en consecuencia. En el siguiente enlace se puede escuchar o descargar la entrevista del acalde en Castro Punto Radio: