LA COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL DICTAMINA DESFAVORABLEMENTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO CON EROSKI QUE RECLAMABA LA OPOSICIÓN

SE HA CONVOCADO UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE EL TEMA EL JUEVES DÍA 10 A LAS 8 DE LA MAÑANA

439

La Comisión de Desarrollo Territorial celebrada esta mañana ha dictaminado desfavorablemente el único punto del orden del día, titulado ‘Decisión de cumplimiento o incumplimiento del Convenio con Eroski’. Una reunión celebrada a petición del PRC haciendo uso de la posibilidad que da la normativa de convocar sesión si lo solicita un cuarto de los ediles de la Corporación.

Únicamente los regionalistas han votado a favor, mientras el equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos) lo han hecho en contra y el resto de grupos (CastroVerde, PP y Podemos) se han abstenido. El asunto irá ahora a un pleno extraordinario que se celebrará el jueves día 10, a partir de las 8 de la mañana.

Al respecto de este asunto, recordamos que el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández, firmó el pasado 5 de junio un decreto en el que declaraba cumplido el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa vizcaína a cambio de una indemnización de 84.000 euros para las arcas municipales como compensación por no haber construido el centro comercial que se preveía. Una decisión que fue duramente criticada por el PRC y CastroVerde que, entre otras cuestiones, dudaban de la competencia del edil para tomar una decisión de este tipo, que entendían debía ser adoptada por el pleno.

Sobre la reunión de esta mañana hemos hablado en Castro Punto Radio con el concejal de Podemos, Alberto Martínez, que ha hablado de sesión “tensa”, teniendo en cuenta que “es un tema complicado, con hechos jurídicos, litigios con Eroski y, al final, da lugar a muchas interpretaciones y posturas difíciles de dilucidar”.

Para explicar cuál es la situación, el edil de la formación morada se ha remontado al año 2002, cuando se firma el convenio entre el Ayuntamiento y Eroski. “Incluía varios conceptos a cumplir por ambas partes, que fueron cumplidos por el Consistorio, mientras que la parte correspondiente a la empresa vizcaína es lo que está en discusión”.

En el año 2007, “el Tribunal Superior de Justicia emitía una resolución en la que daba la razón al Ayuntamiento y mandaba corregir ciertos incumpliendo por parte de Eroski. Entre ellos, la no construcción del centro comercial que se contemplaba, con cines y locales comerciales con condiciones favorables para establecimientos de Castro”.

El TSJC “mandaba a la empresa hacer un encauzamiento del río para evitar la inundabilidad de la zona, que era lo que impedía hacer ese centro comercial. En el periodo entre 2007-2016 se corrigen algunas cuestiones menores, como aportaciones de Eroski en materia deportiva, pero en cuanto al tema del centro comercial no se hace nada”.

En 2016 “cambia la legislación y ya no se puede hacer ese encauzamiento que mandaba el TSJC”. En junio de este año es cuando surge ese decreto del concejal de Urbanismo para cerrar el convenio, aportando la empresa al Ayuntamiento 84.000 euros como compensación por esa parte incumplida.

Durante la comisión han sido varias las propuestas planteadas, entre ellas, que ese centro comercial se construya en el edificio con el que cuenta en la actualidad Eroski. “Pero esto entra en conflicto con el convenio, que recogía que debía haber un supermercado de 4.000 metros cuadrados, y el edificio tiene 5.000”.

Según Alberto Martínez, “han sido varias las interpretaciones de los jurídicos, que parecen guiarnos a que hay poco que hacer”.

Por eso desde Podemos consideran que “no se debe cerrar el convenio y menos con una cuantía de 84.000 euros que consideramos muy baja. Nuestra postura va en la línea de dejar abierto el convenio para que el Ayuntamiento no pierda su derecho a reclamar en caso de que, a futuro, cambie la Ley y se permita alguna figura para construir el centro comercial”.

El asunto se debatirá en pleno extraordinario y Podemos espera que lo que en la sesión se decida “sirva para algo”. Tiene dudas porque “preguntando a los técnicos sobre si el concejal de Urbanismo tiene capacidad para acordar el cierre del convenio a cambio de esos 84.000 euros, lo jurídicos parece que lo avalan”.