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LOS FAMILIARES DE USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA EXIGEN QUE SE MANTENGA EL SERVICIO EN CASTRO Y “NO SE VULNEREN SUS DERECHOS”

SE MUESTRAN "INDIGNADOS" PORQUE "NOS ENTEREMOS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIN QUE SE NOS HAYAN EXPLICADO LOS MOTIVOS NI EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS"

Los familiares de usuarios del Centro de Día de Castro se reunieron el pasado miércoles con la empresa que actualmente gestiona el servicio y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre. Ayer remitían un escrito a la alcaldesa, al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a los grupos políticos municipales exigiendo que se mantenga el servicio en Castro.

Así lo ha señalado en Castro Punto Radio una de las familiares, María Antonia Caparrós que ha trasladado la indignación y sorpresa de todos los usuarios porque “nos enteramos del cierre por los medios de comunicación cuando el vicepresidente vino a Castro a anunciar que se iban a hacer una obras en el edificio”. Fue después de ese día cuando “el ICASS se puso en contacto con nosotros, por teléfono, sin notificarnos ninguna resolución por escrito”.

Se siguen preguntando “por qué se cierra. Porque no se tenemos ninguna resolución ni los motivos ni en qué circunstancias”.

Ha trasladado que “las opciones que nos han dado son o trasladar a nuestros familiares a una residencia o a otros Centro de Día cercano, aunque no a todos se nos ha dado esa posibilidad”.

Por el contrario, “se plantea una ayuda a domicilio de dos o tres horas en función del grado de dependencia y una compensación económica sin especificar la cuantía”. Opciones todas ellas que “no cubren nuestras necesidades en cuanto a los horarios laborales de las familias y porque no son servicios como los que se prestan en un Centro de Día”.

Trasladarlos a una residencia “es algo que tenemos que decidir las familias y no impuesto, porque nosotros sabremos cuándo queremos hacer algo así”.

A los que les han ofrecido la posibilidad de ir a otros Centro de Día cercanos, “les plantean Liendo, Laredo y algunos a Santoña, pero no a todos les pagan el transporte. Va en base al grado de dependencia”.

Caparrós ha defendido que “se están vulnerando los derechos de los usuarios”.

Imagen de las pancartas que, como protestas por el cierre, colocaron en el edificio los trabajadores del centro.

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