Tras las advertencias de legalidad en los contratos de gestión de podas del Ayuntamiento a las que hacía referencia en nota de prensa CastroVerde, hemos hablado en Castro Punto Radio con la edil de esta formación política, Mónica Icaza. Ha recordado que “la proliferación de podas ha generado que, en menos de un año, la cantidad que dediquemos a estos menesteres alcance los 80.000 euros. No se pueden realizar en menos de un año contratos menores por esa cuantía para una misma cuestión”.
Precisamente por eso, “nos ponemos a investigar hace unos meses, cuando se habían hecho aún contratos por 67.000 euros y, entre otros asuntos, vemos una advertencia de legalidad del interventor en uno de desbroce de caminos, señalando que constituía un servicio estructural y no podía adjudicarse mediante un contrato menor”.
Además, “el informe técnico del expediente lo firma el propio concejal de Medio Ambiente, José Mari Liendo, y no el técnico. Un concejal que, a la vez, es alcalde pedáneo de la Junta de Sámano, propietaria de la parcela en la que se depositan los restos de poda. En el informe que firma él rehúsa la responsabilidad de la junta en la generación de residuos, derivándola en el Consistorio. Actúa como juez y parte”.
A lo anterior “habría que añadir que este contrato es el segundo que se realiza en el mismo año para el mismo servicio, ya que hubo otro en enero por 13.000 euros, superando ampliamente el importe del contrato menor, contraviniendo la Ley de Contratos”.
No sólo se refiere CastroVerde a esas advertencias, sino que “percibimos algunos datos, cuanto menos curiosos. Por ejemplo, que una de las empresas contratadas tenía interpuesta una sanción por infracción urbanística y el importe de esa sanción era el mismo por el que se había adjudicado el servicio”.
Icaza ha insistido en que “el goteo de posibles irregularidades es incesante y no queríamos pasarlo por alto”.
AYUDAS A SECTORES VULNERABLES
Por otro lado, la concejala de CastroVerde ha recordado los motivos por los que su grupo se abstuvo en la votación plenaria relativa a la modificación presupuestaria de 2.365.000 euros de los que 1,3 millones van al nuevo Plan de Reactivación Económica.
“El Consejo de Ministros acordó una disposición mediante la que se permite a los ayuntamientos usar el remanente de tesorería pero en base a criterios de pandemia”. De hecho, “la resolución dice textualmente: la decisión del Gobierno permite que los ayuntamientos pueda recurrir a sus remanentes de tesorería para colaborar en la reconstrucción económica y social. Con esta medida se dota de mayor margen a la administración para combatir las consecuencias económicas de la pandemia, ofrecer apoyo a empresas y ciudadanos y sentar las bases de la recuperación”.
Pese a esto, “de los 2,4 millones de euros de la modificación presupuestaria abordada en el pleno, 900.000 euros se usan para gastos como seguros, primas, intereses de demora, suministros o reparaciones. Consideramos que esto queda fuera del espíritu de la disposición legal y no podía contar con nuestro voto favorable”.
En esta línea, CastroVerde cree que el nuevo Plan de Reactivación Económica “llega un poco tarde. Hace 7 meses que nos asoló esta pandemia y nosotros nos pusimos a trabajar en cómo lo haríamos. Teníamos claro que todos los esfuerzos tenían que ir dirigidos a los departamentos económico y de Asuntos Sociales. Por una lado, contención del gasto de lo no necesario y toda la ayuda que puedan necesitar los sectores más desfavorecidos. De ese análisis, salieron una serie de medidas concretas a la que el equipo de Gobierno hizo caso omiso. Hemos tenido que esperar hasta ahora para poder hablar de un plan”.
Imagen de archivo de Mónica Icaza en los estudios de Castro Punto Radio.
