PODEMOS SE SIENTE “DEFRAUDADO” PORQUE LOS CAMBIOS QUE SE PLANTEAN EN LA LÍNEA CASTRO-SANTANDER “SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES”

ALBERTO MARTÍNEZ LAMENTA QUE "NO SE LLEGA A LA CAPITAL ANTES DE LAS OCHO DE LA MAÑANA Y NO SE REVISAN LOS PRECIOS"

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El concejal de Podemos, Alberto Martínez, se ha mostrado “defraudado” con los cambios que el Gobierno de Cantabria pretende poner en marcha en la línea de autobuses Castro-Santander, aunque aún no se conoce la fecha en la que se harán efectivos.

Recordamos que habrá dos servicios ‘express’ al día, sin paradas y con una duración de viaje de 55 minutos. Las salidas diarias desde Castro de estos servicios tendrán lugar a las 7:30 horas (con llegada a Santander a las 8:25) y a las 19:40 (llegada a las 20:35). En sentido contrario sólo habrá un servicio ‘express’, con salida diaria de Santander a las 20:40 y llegada a las 21:35 horas.

Martínez ha lamentado que, “después de dos estudios realizados esta legislatura, el último con un coste de casi 15.000 euros, no sólo se llega a conclusiones que todos sabíamos ya, sino que sigue sin haber un autobús que llegue a la capital antes de las ocho de la mañana, no se revisa el precio, que supone casi 13 euros ida y vuelta; y sigue sin haber detalles de las paradas y horarios en las marquesinas ni paneles digitales donde se vea qué autobús va a pasar y cuánto falta para que llegue en tiempo real”.

Ha insistido en que “nos defrauda y sigue siendo insuficiente porque no cubre necesidades de gente que vaya a consultas a primera hora, de alumnos de la universidad o personas que vayan a trabajar”.

Ha lamentado que “no se hace más por falta de interés económico”. En este sentido, ha afirmado que “estamos hablando de un transporte público que presta el Gobierno de Cantabria, no una empresa que debe obtener beneficios”. Por eso, “si ampliar líneas y reducir el precio del billete supone un quebranto económico para la empresa adjudicataria, ese déficit lo debe cubrir la Administración. Así pasa con el Castrobús, por ejemplo, que tiene un déficit de unos 500.000 euros que paga el Ayuntamiento. Al final es un servicio público en el que el beneficiario debe ser el ciudadano”.