“Mientras que en otras comunidades autónomas se apuesta por respetar el suelo rústico, proteger la biodiversidad, y mitigar el cambio climático, Cantabria, a diferencia de lo que sucede en Asturias o País Vasco, va por el camino de convertirse en una infinita reserva de hormigón”. Esta es una de las conclusiones que se expusieron en la charla debate de ayer jueves organizada por el Grupo Alceda e Iniciativa Cantabria Sostenible, que abre un ciclo de actos por toda Cantabria para dar a conocer y debatir sobre el nuevo proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria.
El acto dio comienzo con la intervención de Carlos García, secretario de ARCA, que señaló que, “en vez de proteger el medio rural, apostando por el desarrollo de los recursos alimentarios, y proteger el suelo rústico y forestal, el gobierno de Cantabria apuesta por la acción urbanizadora destruyendo el suelo rústico que debería estar protegido”. “Nuestros políticos”, dijo García, “en lugar de pensar en las generaciones futuras, están fomentando intereses económicos especulativos, desparramando por los prados urbanizaciones residenciales y destruyendo los núcleos rurales de Cantabria, algo que en Europa sería impensable”.
La geógrafa Ángela de Meer hizo un recorrido por las novedades de la nueva ley, que plantea la posibilidad de construir viviendas unifamiliares y equipamientos públicos en suelo rústico que hasta ahora había sido protegido. “No puede admitirse”, dijo, “que las llamen ‘áreas de desarrollo rural´, cuando lo que se pretende es sembrar de hormigón los entornos de los pequeños núcleos rurales, contrariamente a lo que implicaría un desarrollo rural apoyando las iniciativas de los empresarios locales”.
Uno de los aspectos más controvertidos de esta nueva ley permite la construcción de viviendas unifamiliares e instalaciones vinculadas a actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural “mediante la delimitación de ‘áreas de desarrollo rural’, a cien metros del límite de los pequeños núcleos rurales, en las que se podrán construir tantas viviendas como la mitad del viviendas existentes en dicho núcleo”.
También llamó la atención por lo que considera “una perversión de la ley, que se fomente la construcción de viviendas de protección oficial en suelo rústico, cuando lo idóneo sería hacerlas en suelo urbano o urbanizable”.
El geógrafo e historiador Manuel García Alonso señaló que “es falso que la urbanización masiva del medio rural sirva para frenar el despoblamiento rural, uno de los pretextos que se esgrimen en esta ley para fomentar el crecimiento urbanístico en los núcleos rurales y en el suelo rústico, cuando lo más sensato sería promover la rehabilitación o reconstrucción de los edificios de los pueblos, o fomentar el sostenimiento de los propios recursos que ayuden al sostenimiento de la economía rural”.
Durante el debate se planteó que esta nueva ley “estaba ya pactada de antemano por el PP y el PRC, y que saldrá adelante tras su deliberación en el Parlamento de Cantabria, algo que es posible suceda en el primer trimestre del año que viene”.
En estas circunstancias, también se dijo, que “el espacio de participación abierto hace año y medio por parte de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, en el que asociaciones y entidades profesionales habían presentado alegaciones, había sido un ejercicio de postureo y maquillaje, en el que ni siquiera la Consejería se había molestado en contestar a las alegaciones presentadas”.
Puesto, una vez aprobada, no va a ser posible recurrir la Ley, se señaló la necesidad de “ir ampliando el debate entre la ciudadanía como única manera, en principio, de que la participación ciudadana llegue al Parlamento de Cantabria”.
El próximo debate será en Torrelavega, el lunes 22 de noviembre en la Casa de Cultura.
