Los concejales pertenecientes a los grupos municipales Socialista, Popular, de Ciudadanos y Podemos han presentado una denuncia ante los Juzgados de Castro Urdiales contra la empresa Conservas Lolín S.L y contra su representante Fernando Gutiérrez Castro por el escrito que registró en el Ayuntamiento en el que advertía de “responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable” en la que podría incurrirse si no se convocara el Pleno para la aprobación definitiva de la Modificación número 23 del PGOU (recalificación de la fábrica de la conservera), si no se asistiera a la sesión o no se votara a favor de dicha modificación.
Los firmantes son los 12 concejales de dichos grupos, incluida la alcaldesa, Susana Herrán.
La denuncia afirma que “los hechos pueden ser constitutivos de ilícito penal de coacciones, en el ejercicio de un Derecho fundamental”. Añade que “se nos está requiriendo la obligación de aprobar un instrumento urbanístico de modificación puntual del Plan General bajo la amenaza de las responsabilidades personales de todo tipo”.
Se recoge en la denuncia que “esta coacción para condicionar el voto es ilegítima, por cuando la modificación a la que hace referencia, proviene de un Convenio urbanístico que se aprobó en la anterior legislatura al amparo del artículo 260 y concordantes de la Ley 2/2001 de Cantabria de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico.
Y al amparo de esta Ley, se establece la plena facultad que estos corporativos, como miembros y representantes de la Corporación, tienen para la aprobación de una modificación puntual en lo referido a los convenios de planeamiento suscritos. Y así, en el apartado 4 de este precepto: el Ayuntamiento estará obligado a tramitar la aprobación o modificación del planeamiento urbanístico a que se haya comprometido, pero conservará la plenitud de su potestad de planeamiento.
Esta coacción o intimidación es personal, pero también encaminada a impedir el ejercicio de un Derecho fundamental definido en el artículo 23 de la Constitución, ya que tiene como objetivo impedir el libre ejercicio del mismo.
Se pretende, en suma, impedir y coaccionar para que no realicemos una actuación que la Ley no prohíbe. Y estos son los motivos de presentación de esta denuncia, en cuanto se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la Ley no prohíbe. Coaccionándonos para la aprobación de este planeamiento”, reza en la denuncia.
