CASTRO HA DEJADO DE PERCIBIR “80 MILLONES DE EUROS EN 20 AÑOS POR NO HABER REGULARIZADO A LAS PERSONAS NO EMPADRONADAS”, INDICA PODEMOS

CREEN QUE "ESTO NO SE HA HECHO EN DOS DÉCADAS POR LAS CORPORACIONES ANTERIORES AL SER UNA MEDIDA IMPOPULAR" Y "POR MIEDO A QUE ESAS PERSONAS NO LES VOTEN"

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Como ya hemos informado, Podemos ha presentado una moción al pleno del próximo martes “para que el Ayuntamiento compruebe qué personas residen realmente en Castro Urdiales y les requiera su empadronamiento”.

Al respecto de esta petición hemos hablado en Castro Punto Radio con el concejal de la formación política, Alberto Martínez, que ha dejado claro, en primer lugar, que “el “Real Decreto 1690/1986 recoge que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite más tiempo al año”.

Por tanto, ha insistido en que “no es una opción, sino una obligación, “cuyo incumplimiento trae consigo una serie de sanciones, y es el alcalde del municipio el que tiene potestad para sancionar”.

Teniendo en cuenta el número de ciudadanos empadronados y la población que realmente está residiendo en Castro, “el Ayuntamiento está perdiendo al año entre 4 y 5 millones de euros en transferencias de la Comunidad Autónoma y del Estado que se aportan en base al número de empadronados. Si nos vamos a los últimos 20 años, estamos hablando de más de 80 millones que Castro ha dejado de percibir”.

Ha lamentado que “desde el Consistorio se han puesto en marcha campañas de empadronamiento tratando de seducir con una serie de contraprestaciones que no pueden competir con las que ofrece el País Vasco. Por el contrario, no se ha hecho cumplir con una cuestión que es obligatoria por Ley, que es la de empadronarse donde se resida”.

Preguntado por qué cree que las distintas corporaciones en estas dos décadas no han actuado en este sentido, ha reconocido no tener una “respuesta clara”, pero cree que “puede deberse a que es una medida impopular, por miedo a que los que se empadronen no les voten y porque también es complicado perseguir a los no censados y residentes, ya hacen falta pruebas”.

Sin embargo, para Podemos “hay diversas maneras de comprobar si una persona reside o no en un domicilio concreto, como los consumos de luz, agua u otros suministros, incluso la certificación mediante visitas presenciales (poco práctico, eso sí). No queremos empezar por comprobaciones complicadas, sino por dos básicas: datos de personas que indican en su declaración de la renta que su vivienda habitual está en Castro¸ pero no están empadronados; y datos de personas que figuran en su DNI como residentes en Castro y no están empadronados”.

De estas dos comprobaciones “debería salir un listado de residentes que se han declarado como tales voluntariamente, pero sin embargo están en situación de empadronamiento irregular. Entendemos que conseguir los datos de viviendas declaradas habituales y del DNI puede tener alguna dificultad burocrática entre administraciones, pero no debería ser un impedimento”.

Con todo, esta formación política solicita en la moción:

  1. Realizar las comprobaciones sobre personas que declaran que su vivienda habitual o su residencia está en Castro Urdiales atendiendo a la declaración del IRPF y/o a los datos del DNI.
  2. Requerir a las personas resultantes del listado del punto 1, a que regularicen su situación bien sea mediante el empadronamiento o corrigiendo sus datos en las administraciones pertinentes, apercibiendo de futuras sanciones si no se corrige la situación.
  3. Repetir estas comprobaciones de forma anual.

APORTACIONES ECONÓMICAS DEL AYUNTAMIENTO A LAS JUNTAS VECINALES

Al margen de este asunto, Martínez se ha referido a un punto debatido ayer en la Comisión de Hacienda y que forma parte del orden del día del pleno del próximo martes. Se trata de la propuesta de modificación de la base 39 de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento relativo a las subvenciones y aportaciones municipales a favor de las juntas vecinales.

Como ha explicado Martínez, el objetivo de la medida es que ese dinero que entrega el Consistorio “no sea en forma de subvención sino como parte del presupuesto y con una cuantía fija en función a criterios de población”.

Ha señalado que “hay una serie de cuestiones que habrá que debatir más adelante y que tienen que ver con los casos concretos de Oriñón e Islares, que ven multiplicadas sus poblaciones en los meses de verano”.

Sobre el punto que se debatirá el martes, Podemos tiene algunas dudas que tienen que ver con “la opacidad en cuanto a las cuentas que se producen en ocasiones en las pedanías, muchas de las cuales no las están presentando al Tribunal de Cuentas”.

Con el cambio de subvención a asignación “será más difícil de controlar lo que se hace con el dinero, y cada pedanía hará como Juan Palomo”.