27 DICIEMBRE 2016 / Apenas 35 minutos ha durado el Pleno ordinario del mes de diciembre celebrado esta tarde y en el que el único punto de debate tenía que ver con la prórroga, hasta el 14 de mayo de 2017, del actual contrato del Castrobús, un asunto que ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno y el PRC y las abstenciones de PP y MásCastro /AAV. Como ha recordado el portavoz de CastroVerde, Eduardo Amor, «en el transcurso de la adjudicación de un nuevo contrato de este servicio, después de aprobado el pliego, la clasificación de ofertas y adjudicado a ALSA, una de las empres licitantes (Autobuses Cuadra) puso un recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid, porque entendía que no se había hecho correctamente el proceso de adjudicación. Ese tribunal ha resuelto que el Ayuntamiento ha cometido un error al mezclar las ofertas subjetivas y objetivas en el mismo sobre y no podemos adjudicar». Con todo, «nos vemos abocados a realizar una nueva prórroga y a rearmar el expediente». Mientras tanto, «tenemos que garantizar que el servicio se sigue prestando y para ello agotamos la prórroga posible que hay hasta el 14 de mayo». Amor ha explicado, del mismo modo, que «somos conocedores que la empresa ganadora (ALSA) también querrá apelar esa resolución, lo cual crearía más incertidumbre porque, si el tribunal le acepta las medidas cautelares de que no se paralice el contrato, tendríamos que adjudicarlo incluso». De esta forma, «no nos queda otra que prorrogar el actual contrato, mientras se resuelve todo esto para garantizar que siga habiendo Castrobús a partir del 1 de enero». Su compañero en el equipo de Gobierno, Alejandro Fernández (PSOE), ha asegurado que «ésta es una situación que se repite en las administraciones regionales y nacionales, porque las empresas luchan con todos sus medios por llevarse los contratos de transporte público y todavía no se ha dado con un pliego que evite que prosperen este tipo de recursos». Ahora, «toca trabajar en dos frentes: iniciar una licitación del servicio y trabajar en dar encaje jurídico a la continuidad del mismo por parte de la empresa que lo presta en la actualidad, dado que es muy probable que no se pueda adjudicar un nuevo contrato antes del 14 de mayo de 2017», ha dicho Fernández. Por parte del PP, Ana Urrestarazu ha reconocido que esta prórroga «la permite la Ley», por lo que «no podemos decir nada en contra”. Sin embargo, ha asegurado que «es una pena que no podamos decir nada sobre lo que va a pasar a partir del 14 de mayo porque no sabemos nada sobre el nuevo pliego, ni se ha abierto un debate al respecto, que esperamos se abra cuanto antes». En la misma línea, la regionalista Emilia Aguirre, ha defendido la necesidad de ese debate y ha preguntado «hasta dónde manda el tribunal de Madrid retrotraernos en el proceso de adjudicación». A esta pregunta Amor ha afirmado que siguen esperando respuesta al respecto por parte del Tribunal para que diga si se debe volver a la redacción de los pliegos o si es necesario publicar en el Boletín europeo, con un año de antelación, la intención de sacar adelante un nuevo contrato. En tal caso, los plazos harían imposible, de momento, mantener el Castrobús más allá del 14 de mayo. El portavoz de MásCastro no ha tomado la palabra en este punto. CONTRATO DE LIMPIEZA En el apartado de Ruegos y Preguntas, la concejala del PRC, Emilia Aguirre, se ha interesado por la situación en la que se encuentra la empresa que se encarga de la limpieza de gran parte de los edificios municipales (Bilur). El alcalde, Ángel Díaz-Munío, ha explicado que mantuvo una reunión con el gerente de la empresa a efectos de tratar de resolver los problemas que habían surgido y que eran de tres tipos: – Económico: «porque había que prorrogar el contrato y la empresa urgía a que fuera cuanto antes porque no estaba muy contento con el resultado del mismo. Le dijimos que haríamos todo lo posible». – Laboral: «la situación de los trabajadores y la repercusión que podía haber tenido el cambio de los servicios del Ayuntamiento. Acordamos que había soluciones para que no se pudieran sentir perjudicados y que se reincorporara, a partir del 1 de enero, la trabajadora que había sido despedida». – Administrativo y jurídico: «el visto bueno por parte del interventor a la fórmula de aplazamiento del contrato. Está en sus manos evaluar cuál va a ser su postura respecto a la renovación de este contrato». La explicación del alcalde no ha solventado todas las dudas de la oposición, que ha preguntado cuál es la situación contractual que existe con la empresa, «teniendo en cuenta que en la Junta de Gobierno del 9 de diciembre, el interventor dijo que cómo se iba a prorrogar un contrato que había finalizado». Ante esto, ha tomado la palabra el propio interventor que ha explicado lo siguiente: «esperamos ciertas cosas de la empresa para ver si ratifica una posición u otra y, mientras tanto, nada que hacer más que esperar. La empresa emitió un documento que ratificaba su voluntad de seguir con el servicio pero, claro, tenía algún conveniente, por lo que no puedo decir nada más ahora. Hay ciertas dudas jurídicas en cuanto al fondo de las voluntades y las decisiones, pero no depende del Ayuntamiento». Además de esto, ha dejado claro que «la prórroga del contrato se ha efectuado por decreto de Alcaldía. Las prórrogas se realizan de mutuo acuerdo entre las partes o por decisión unilateral de la administración. La otra parte puede o no aceptarla y puede invocar ciertos perjuicios y reclamar ciertas indemnizaciones. Ha habido un decreto de 25 de noviembre en el que se decreta la modificación y la prorroga a 7 de diciembre. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia de que la empresa haya repudiado esa prórroga. Por lo tanto, el contrato está decretado. No se ha impugnado y la empresa tiene todo el proceso administrativo para no atender esta prórroga, aunque sí ha manifestado que está en condiciones de seguir prestando el servicio, algo que por otra parte es obligatorio, Y ahí estamos», como así lo ha explicado el interventor. SENTENCIA DE ASCAN A preguntas también del PRC, el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia que le obliga a abonar a Ascan 5.161.000 euros. Al mismo tiempo, «estamos buscando la manera de satisfacer la sentencia, en caso de tener que hacer frente a ella ya, si se aprueban las medidas cautelares». Del mismo modo, «estamos estudiando en qué medida afectaría a los presupuestos y en qué medida, de una forma estable, podríamos seguir manteniendo el contrato del agua, porque entendemos que Ascan seguirá haciendo reclamaciones por desequilibrio económico». El Pleno, que ha contado con las ausencias de Jesús Gutiérrez (PRC) e Ignacio Garmendia (CV), ha aprobado la proposición de Alcaldía por la que se corrige un error en el acuerdo adoptado por el Pleno el 25 de octubre de aprobación definitiva de la modificación del convenio suscrito con Eroski. El fallo se debió a un error a la hora de copiar y pegar el dictamen de la comisión informativa al acuerdo plenario. Hubo dos anexos que no se adherieron. En el siguiente enlace se puede escuchar o descargar el audio del Pleno celebrado ayer: http://www.ivoox.com/pleno-ayuntamiento-castro-urdiales-27-diciembre-2016-audios-mp3_rf_15498054_1.html