29 MAYO 2015 / Daniel Rivas ha presentado ya su dimisión como Secretario General del PSOE de Castro. Él mismo lo ha confirmado en los micrófonos de Castro Punto Radio a la salida del Juzgado, donde se le ha hecho entrega del auto de apertura de juicio oral por el ‘caso La Loma’ en el que está imputado. Se ha definido como «una persona de compromiso y de palabra» y, en este sentido, ha recordado cómo renunció a ser candidato socialista en las elecciones municipales antes de la apertura de este juicio oral y adelantándose, por tanto, a lo que exige el Código Ético del PSOE. «En este caso he hecho ya lo que tenía que hacer. Siempre cumplo con los compromisos y he presentado mi dimisión en el momento en el que me han notificado el auto». A partir de ahora «será el partido» el que decida si se forma una gestora local porque «no me corresponde a mí dar esas explicaciones, sino al partido». Ha insistido en lo «injusto» del auto de La Loma «en lo que a mí se refiere» y ha defendido su inocencia, convencido de que saldrá absuelto. «Aprobé un Plan Parcial -que está sin desarrollar, verde y sin construir- con los informe técnicos favorables y sin advertencia de ilegalidad por parte de la Secretaria municipal. Ejercía labores en la oposición y nunca he pertenecido a la Comisión de Urbanismo, sólo levanté la mano en el Pleno». Pide «que la justicia sea rápida y esclarezca todo esto cuanto antes». El exalcalde, Fernando Muguruza, también ha atendido a esta emisora a la puerta de los Juzgados. Ha hablado de La Loma pero también se ha referido a otra causa, la que tiene que ver con el alquiler de las lonjas para el servicio de bomberos. El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander le ha condenado a dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa, sentencia que «voy a recurrir porque no es justa». Ha recordado cómo «se nos acusaba de tráfico de influencia, nos pedían cárcel y varios millones de pesetas y al final se ha quedado en esto porque se produjo un incremento en el precio del alquiler de los locales». Según ha contado, dio el visto bueno aunque el interventor «me decía que había que sacar un concurso público». Pero es que «la situación en la que me encontré era de fuerza mayor y, si hacía caso al interventor, tenía que sacar a los bomberos de las lonjas». Para Muguruza «esto es lo que se llama una prueba diabólica. Es decir, que hagas lo que hagas, estas cometiendo un delito. Te proponen una situación en la que da igual lo que resuelvas. Si acepto el alquiler me sancionan y si no lo acepto dejo a Castro sin bomberos y se me puede acusar de la desprotección de la ciudadanía. No se puede poner a un alcalde en esta situación y creo que hice lo lógico». Sobre el ‘caso La Loma’ y las elevadas fianzas que se piden en algunos casos, el exalcalde ha asegurado que «no la puedo pagar. Me embargarán mi casa y mi coche, que están previamente embargados». Ha recordado que «la caja de los truenos la abrió el PSOE y el entonces alcalde socialista de Santullán, Julián Revuelta, que presenta una denuncia con interés político destructivo, lo mismo que La Unión, y la mala suerte que ha tenido Castro es que esto ha caído en el terreno propicio de un juez como Acayro». Para finalizar, ha calificado como «algo bueno que tiene el día», el hecho de que, según el auto que se ha entregado hoy a las partes, ya no tiene que comparecer en los Juzgados una vez al mes, sino cuando la instancia judicial se lo reclame. El exconcejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, también ha visitado los Juzgados para recoger el auto de apertura de juicio oral del ‘caso La Loma’. Durante su intervención en Castro Punto Radio se ha referido a la causa del alquiler de las lonjas, en la que ha resultado absuelto de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que estaba acusado. Al respecto, se ha mostrado contento y ha insistido en que «nunca hemos ido en contra de los informes técnicos y jurídicos y eso quiere decir que las gestiones hasta la fecha han sido correctas y conforme a la Ley». Espera también que el asunto de La Loma «se esclarezca y podamos hablar en un año y medio o dos de que he sido absuelto». Un total de 46 personas, entre políticos, constructores y funcionarios, están inmersos en este proceso en el que se trata sobre la concesión irregular de licencias y construcción de viviendas sobre dominio público, carentes de servicios como agua, luz y limpieza viaria. Además de imputar diversos delitos, el juez establece una serie de fianzas a 28 de ellos (9 expolíticos, 7 técnicos y 12 promotores), para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de las multas solicitadas.

29 MAYO 2015 / El Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander ha condenado al exalcalde de Castro, Fernando Muguruza, a dos años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito de prevaricación administrativa derivado del alquiler irregular de dos lonjas destinadas al servicio de bomberos entre los años 2003 y 2010. El otro encausado, José Miguel Rodríguez ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que estaba acusado.

28 MAYO 2015 / El Juzgado número 2 de Castro Urdiales ha hecho público el Auto de Apertura de Juicio Oral por el Caso La Loma, del que informamos a principios de esta semana, y contra el que no cabe recurso. En el auto, de 85 páginas, el magistrado Luis Acayro Sánchez indica que «de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprenden múltiples indicios de delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, de delitos contra la ordenación del territorio, de delitos de falsedad de documento público, de delitos de cohecho, de delitos de estafa, de delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos y de delito de desobediencia a la autoridad». Continúa el juez: «Todos ellos en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en el desarrollo urbanístico de la zona conocida como ‘La Loma’ en el municipio de Castro Urdiales, que permiten concluir, provisionalmente, que dicho desarrollo ha sido gestionado a criterio y voluntad de los responsables municipales, técnicos y promotores mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística, así como de la manipulación de los expedientes urbanísticos que ha lucrado a los mismos, al tiempo que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio municipal, a la Administración General del Estado, a la Junta Vecinal de Santullán y a los particulares que han adquirido viviendas viciadas de graves ilegalidades urbanísticas». Además de imputar diversos delitos a 46 personas, el juez establece una serie de fianzas. a depositar en el plazo de un día, a 28 de ellos (9 expolíticos, 7 técnicos y 12 promotores), para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de las multas solicitadas. Para los 9 políticos encausados, las fianzas oscilan entre los 165.000 y los 12.000 euros, aunque la mayor parte tiene que afrontar 21.000 euros de fianza. Al exarquitecto municipal Pedro Restegui, el juez Acayro solicita la mayor de las fianzas, 1.821.000 euros, al exsecretario municipal César Saiz le solicita 1.100.000 euros. A los técnicos Yolanda Sánchez, 452.000 euros, y a Javier Leonardo 380.000 euros. Además de esas fianzas individuales, el juez instructor hace a muchos de los imputados responsables civiles solidarios, junto a autoridades y funcionarios, por importe de cantidades millonarias, de las que el Ayuntamiento es «responsable civil subsidiario» por importe de algo más de 53 millones de euros. En cuanto al Ayuntamiento de Castro Urdiales, el Auto recoge como el consistorio “ha presentado escrito en calidad de actor civil y ha solicitado que se le considere perjudicado en lugar de responsable civil. No obstante, no puede atenderse dicha petición por sus propios argumentos. Es decir, el propio Ayuntamiento reconoce que no se puede ser perjudicado y responsable civil subsidiario en el mismo procedimiento, y tiene razón. Por eso le corresponde asumir la posición procesal que le atribuye con carácter prioritario la Ley de Enjuciamiento, como es la condición de responsable civil subsidiario frente a terceros que se derive de los hechos por los que se acusa a las autoridades y técnicos que han desempeñado sus funciones en el Ayuntamiento”, refleja el Auto. Respecto a los perjuicios ocasionados al propio Ayuntamiento, «gran parte del perjuicio ocasionado ha sido por no haber recibido la totalidad de las cesiones de suelo y aprovechamiento público que debía percibir y que han sido valorados en 9.380.406 euros», según indica el magistrado. En la misma situación se encontraría la Administración General del Estado (Demarcación de Carreteras) y la Junta Vecinal de Santullán, ya que, de prosperar las acusaciones y la demolición solicitada de la urbanización de chalets ubicada en la entrada de Santullán desde La Loma, se recuperarían los terrenos vecinales de la Junta valorados en 204.094 euros y que son de su titularidad, así como los del Estado. Por otro lado, el Auto rebaja las medidas cautelares impuestas con anterioridad al exalcalde Fernando Muguruza, que ya no tendrá que comparecer periódicamente en los Juzgados, salvo cuando sea llamado. Recordemos que el Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación 196 años de cárcel para los 46 imputados, a quienes acusa de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y estafa. Las penas más elevadas las pide para el exarquitecto municipal Pedro Restegui, con 12 años de cárcel, misma cantidad que para Rufino Díaz Helguera. Para el exalcalde Fernando Muguruza, 11 años de prisión, mientras que para el exconcejal Salvador Hierro, 8. Además de penas de cárcel, el fiscal solicita multas para muchos de los imputados, que ascienden en total a varios millones de euros, e inhabilitaciones para empleo o cargo público, como lo que pide para el todavía secretario general de los socialistas castreños, Daniel Rivas, que tendrá que dimitir en las próximas horas, según impone el Código Ético del PSOE. En la imagen, el juez Luis Acayro Sánchez visitando la zona de La Loma, en plena fase de instrucción.