

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 1 año de prisión y 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza Galán, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística en el denominado ‘caso La Loma’.
El tribunal también confirma la condena al exsecretario municipal de la misma localidad César Sáiz Alonso, de 2 años de prisión por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa a 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El Supremo rechaza los recursos de Muguruza y de Sáiz contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 30 de septiembre de 2020, que estableció las penas aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas a ambos.
En cuanto al tercer condenado por la Audiencia cántabra, Valentín Galdós Tobalina, administrador de una sociedad inmobiliaria, el Supremo estima parcialmente su recurso y reduce de 2 años a 4 meses su pena de prisión por delito de falsedad, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y rebaja de cinco a cuatro meses la pena de multa con cuota diaria de 50 euros.
La sentencia de la Audiencia cántabra declaró además la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado Nº 12 de Castro Urdiales, así como de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencias de Obras). Y añadió que procederá la demolición de las once viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, correspondiendo el control y restauración de la legalidad urbanística a los órganos de la Administración competentes. Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres acusados condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, según dispuso la sentencia.
La sentencia al completo en el siguiente enlace: Sentencia caso La LomaSegún indica Castro Verde en nota de prensa, «la habitual cuesta de enero se notará especialmente en el departamento municipal de Festejos, ya que tras contabilizar los gastos realizados por el Consistorio en distintas actuaciones para ‘amenizar’ las fiestas navideñas, se comprueba que se han gastado más de 260.000 euros de los 309.000 con los que cuenta el presupuesto municipal anual para Festejos».
Tal y como recuerda la formación política castreña, «tradicionalmente el Ayuntamiento ha venido gastando entre 350.000 y 400.000 euros en los actos de festejos durante todo el año, importe que se vio reducido en la confección del presupuesto de 2021 vigente actualmente, puesto que entonces la pandemia aún tenía efectos. Pero ni con las cifras anteriores podría gestionarse todo el año si el nivel de gasto de las Navidades fuera como el último». Castro Verde desglosa el gasto en decoración y eventos navideños: «el gasto más importante fue el de la iluminación de las calles, que ascendió a 120.000 euros, además quitando del servicio la semana de Carnaval que ahora deberá contratarse aparte, cuando anteriormente se destinaban unos 50.000 para Navidad y Carnaval. Otro servicio que ha aumentado considerablemente es el de decoración navideña instalada en la Plaza del Ayuntamiento, paseo de Ostende (cerrado por obras) y la Plaza de las Marismas de Cotolino, que superó los 75.000 euros».«Para concluir las festividades», recalca CV, «también se destinaron más de 56.000 euros para la Cabalgata de Reyes, cuando nunca se superaban los 15.000. En este caso se contrató el alquiler de carrozas por 18.000, sonoridad e iluminación específica por otros 18.000, fuegos y confeti por 6.000, además de varios gastos de pasacalles, caramelos y chocolatada».
Concluye Castro Verde indicando que «a partir de ahora, el Ayuntamiento deberá hacer frente a los festejos de todo el año con el 20% restante en el Presupuesto Municipal o, como probablemente ocurrirá, detrayendo el gasto de otras partidas que también serán necesarias. Esta forma de gobernar parece más bien un intento del PSOE de lanzar su campaña electoral a cargo del dinero público, en vez de lo que se requiere a una administración responsable, que debiera gestionar los servicios públicos ajustándose a las necesidades y recursos disponibles».