10 ABRIL 2015 / El concejal de Transporte, Peru Zaballa, ha insistido en que el servicio de Castrobús se mantendrá después del 14 de mayo, fecha en la que finaliza el actual contrato. Y es que, como ha recordado en Castro Punto Radio, «la Unión Europea contempla que, en caso de interrupción de los servicios o riesgo inminente de tal situación, la autoridad competente (en este caso el Ayuntamiento), podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga”. Con esta garantía sobre la mesa, el edil entiende que ahora «habrá que convocar una Comisión Informativa a la mayor brevedad posible, para ver los distintos informes, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) nuestro deseo de sacar un nuevo concurso para que empiecen a contar los plazos y modificar y dejar preparado el pliego de condiciones para poder publicarlo cuando se cumpla un año»: Ahí está uno de los principales errores cometidos y que han llevado a la Secretaria Municipal a emitir un informe en el que entiende que hay que anular el concurso. «La Ley de Contratos del Estado fija qué procedimiento hay que mandar al DOUE y dice que son los procedimientos armonizados. En este caso, el transporte público no es de ese tipo pero resulta que hay una normativa específica para el transporte terrestre, que era desconocida tanto por el técnico de Contratación como por la secretaria, que dice que en caso de realizarse más de 50.000 kilómetros al año hay que publicar un anuncio previo diciendo que vas a sacar el concurso, ni siquiera publicar los pliegos». No es la única diferencia que existe entre normativa nacional y europea. La reglamentación comunitaria establece una duración de los contratos de transporte, debiendo limitarse a un plazo inicial de 10 años y una prórroga de máximo 5 años. En los pliegos castreños se recogían 12 años más 6 «porque la Ley estatal lo permite». Aún así, «es de mayor rango la Europea». Zaballa ha defendido que «deberíamos ir al Tribunal Especial de Contratos a defender que hay un enfrentamiento entre la Ley estatal y la normativa europea. Entiendo que si existe esa obligación, se debería recoger en las normas del estado». Otra de las alegaciones presentada por la empresa Autobuses Héctor S.L y que ha motivado el informe de la secretaria tenía que ver con «la indebida inclusión en el estudio de Viabilidad de una subvención anual del Gobierno de Cantabria por importe de 64.732 euros para el transporte a las pedanías». Al respecto, Zaballa ha explicado que «en el pliego nosotros planteamos que el nuevo concesionario está obligado a acudir a la orden de subvención y que si no se la conceden el Ayuntamiento compensaría. Yo la cuento en el estudio de viabilidad porque la empresa está obligada a pedirla». En relación al servicio que se presta hasta Guriezo, «se lleva dando el servicio hace muchos años y hay un acuerdo con ese Ayuntamiento». Ha recordado que «hace más de tres meses me encargué personalmente de llevar al Director General de Transporte los pliegos para que me los revisara y mi sorpresa fue cuando esta misma semana recibo un escrito en el que se me dice que tengo que dejar Guriezo fuera». Sobre las sociedades certificadoras, ha reconocido que ha sido «un error» no incluir alguna más. Zaballa se ha referido también a las críticas a la gestión de este asunto vertidas ayer por algunos concejales en la tertulia política de Castro Punto Radio. Ha defendido que «no hay irresponsabilidad por nuestra parte. Hay cosas serias con las que no se debe jugar y ésta es una de ellas».