20 SEPTIEMBRE 2017 / El exalcalde de Castro Urdiales y concejal de Urbanismo desde 2003 hasta 2011, Fernando Muguruza, ha negado que el instrumento urbanístico que desarrolló la zona de Santa Catalina contemplara menos espacio para equipamientos públicos que el previsto en el Plan General de 1996, como sostienen el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro, y la fiscal del caso Santa Catalina. «Lo niego. Le aseguro que todo está ahí físicamente», ha contestado Muguruza a la fiscal y a su abogado. El exalcalde ha declarado en la segunda jornada del juicio, que ha comenzado este martes en el Juzgado de lo Penal nº3 de Santander, si bien las sesiones se están celebrando en el salón de actos de Las Salesas dado el volumen de acusados, 19 en total entre concejales y técnicos municipales del Ayuntamiento de Castro Urdiales en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2008. Según el juez instructor y la fiscal, las presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terreno destinado a equipamientos públicos previstos en el PGOU, como consecuencia de la apertura de un vial que no estaba recogido en el planeamiento, que calculan pudo suponer un menoscabo patrimonial para el Consistorio de 2,4 millones de euros. Están acusados de prevaricación los miembros de las Corporaciones que aprobaron la modificación del PGOU para legalizar el vial en marzo de 2003 y los instrumentos de gestión y ejecución -estudio de detalle de la unidad de actuación 1.34 y proyecto de reparcelación y urbanización-, así como la concesión de licencias. Varios de los acusados han declarado que en marzo de 2003 no se aprobó la modificación puntual del PGOU sino un requerimiento a la Comisión de Urbanismo para que reconsiderara su informe desfavorable a la modificación. También han defendido que la necesidad de ese vial, la calle Poeta José Hierro, era un «clamor» entre los vecinos de la zona para poder acceder a sus viviendas sin tener que ir hasta el túnel de Ocharan y para dar servicio a los usuarios del pabellón Pachi Torre. Sin embargo, la fiscal ha expuesto que los instrumentos urbanísticos se aprobaron con informes desfavorables de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU), en los que según ha dicho se cuestionó que el vial respondiera al interés general. De hecho, el Ministerio Público y el juez instructor consideran que se hizo en beneficio de los promotores, que así verían revalorizado su terreno. El exconcejal de Urbanismo en la legislatura 1999-2003, Joaquín Antuñano, ha explicado que cuando llegó a la Concejalía en 1999 ya se encontró con el vial hecho, y que el Ayuntamiento no gastó en él «un euro», ya que lo construyó una promotora para poder ejecutar sus tres bloques de viviendas. Antuñano ha asegurado que «nunca ha recibido dinero de los promotores», que se lo preguntó el juez Acayro durante la instrucción, y que «no le consta» tampoco ni por parte del alcalde Díaz Helguera ni de otros miembros de su equipo de Gobierno. SIN CONOCIMIENTOS URBANÍSTICOS La mayoría de los exconcejales han alegado desconocimiento en materia urbanística, incluido el propio Muguruza, quien ha explicado que precisamente su «total limitación» en ese ámbito fue lo que le hizo proponer la creación de la figura del gerente de Urbanismo. El exalcalde por el PRC ha señalado que al llegar al Ayuntamiento en 2003, «nadie le hizo traspaso de poderes ni le puso al día», que delegó todas sus competencias en la Junta de Gobierno, incluidas las de Urbanismo, y que después «por agilidad» asumió la aprobación de expedientes que llegaran con informes favorables. En todo caso, ha argumentado que la tramitación urbanística es «una dinámica absolutamente reglada y automática» en la que los políticos «intervenimos muy poco». En esa misma línea, el que fuera su primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, han señalado que los asuntos se aprobaban cuando llegaban con todos los informes favorables, y si en alguno había dudas, «se dejaba sobre la mesa». Además de los citados, también están acusados los exconcejales Salvador Hierro, que se ha acogido a su derecho a no declarar; Pedro Olano, Teresa Pérez Barreda, Angeles Blanquet, Javier Zurbano, Pilar Villanueva, Paulino Lavín, Juan Tomás Molinero, Jaime Díez Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Santiago Vélez, y tres técnicos municipales. INSTRUCCIÓN El juez instructor señaló en el auto de apertura de juicio oral en septiembre del año 2011, que existían hasta cinco informes negativos y vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo advirtiendo de ilegalidades, que han sido «conocidos, criticados y finalmente omitidos» por parte de los entonces concejales, que votaron en el Pleno «sabiendo perfectamente lo que se votaba». En este sentido, el magistrado afirmaba que aunque los acusados han aducido «confusiones, malas informaciones o defectos de información por parte de los servicios técnicos», basta leer las actas de los Plenos para apreciar que la cuestión de la legalidad urbanística «se habló y mucho en los Plenos y no sólo por los que votaron en contra». Asimismo, señaló que la «disciplina de voto» alegada «carece de eficacia en el ámbito penal», porque «quien vota en un consistorio, es responsable de lo que vota, le beneficie a él o no, pues en un ayuntamiento quien debe beneficiarse es el municipio y sus habitantes, no sus concejales». El juicio continuará los días 25 y 27 con la declaración de testigos y el 28 y 29 de septiembre serán las conclusiones.

20 SEPTIEMBRE 2017 / Continúan hoy las sesiones del juicio del ‘Caso Santa Catalina’, que se está juzgado en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, en Santander. Ayer, tras las cuestiones previas, declararon siete de los 19 acusados. Entre ellos, el exalcalde de Castro, Rufino Díaz Helguera, que, según informa nuestro compañero Abel Verano, aseguró que «la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) se equivoca al valorar el interés general. Es más, se está preocupando más de los intereses privados que del interés general». Así se pronunciaba en alusión a la negativa del máximo órgano urbanístico del Gobierno de Cantabria a la apertura de un vial público (la calle Poeta José Hierro), entre el polideportivo Pachi Torre y el colegio Arturo Dúo, lo que ha provocado que 19 personas, entre expolíticos y técnicos municipales, estén sentados en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa. El exalcalde, al igual que hizo el exsecretario municipal César Saiz, defendió la necesidad de habilitar ese vial que, según señala el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, «no estaba recogido en el planeamiento, lo que se calcula que puede ser un menoscabo patrimonial para el Consistorio de unos 2,4 millones de euros». La razón para defender la apertura de la calle fue la de unir una arteria principal del casco urbano de Castro, la calle Leonardo Rucabado, con la zona de Santa Catalina, donde se construyeron varias urbanizaciones y un colegio. Díaz Helguera quiso dejar claro que «esa calle no era para nosotros, sino para la sociedad», al tiempo que recordó que durante su mandato se construyeron diversas dotaciones deportivas, culturales y educativas. «Se falsea la realidad porque se no se ha perdido patrimonio público», apuntó ante las tesis del Ministerio Fiscal, que acusa por presuntas irregularidades cometidas entre los años 2001 y 2008 en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina que, a su juicio, supusieron la privación de 2.000 metros cuadrados de terrenos destinados a equipamientos públicos previstos en el PGOU. «En ese vial se habilitó un aparcamiento que da servicio exclusivo a todos los usuarios del polideportivo», aseguró el exalcalde, después de subrayar que tanto él como su equipo de Gobierno «votamos siempre con los informes favorables de los técnicos y jurídicos del Ayuntamiento». Díaz Helguera arremetió en varias ocasiones contra la Crotu, «que ahora permite modificaciones del PGOU, no sé si por amistad o por enemistad». Y es el que exalcalde no entiende que en su momento este órgano no permitiese modificar el Plan de Castro para abrir el citado vial, «y ahora vayamos ya por la modificación número 23». Hoy continúan las declaraciones de los acusados. A partir de ahí, los días 22 y 25 están citados los testigos, el día 27 los peritos y los días 28 y 29 serán las conclusiones.

19 SEPTIEMBRE 2017 / Las acusaciones particulares personadas en el caso de Santa Catalina de Castro Urdiales, que se está juzgando desde hoy en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas, se han retirado de la causa quedando únicamente el Ministerio Fiscal como acusador. Esto supone que las penas que recaían sobre los 19 acusados en el caso-entre concejales y técnicos municipales de Castro- sufrirán una variación.