27 JUNIO 2017 / Con los votos a favor de CastroVerde, PSOE y PRC y las abstenciones del PP y MásCastro, el Pleno ha aprobado definitivamente el expediente de modificación presupuestaria necesaria para poder sacar a licitación el contrato de la OCA a seis años. Se trata de un asunto cuya aprobación inicial se llevó ya a pleno el 17 de mayo y que hoy ha salido delante de manera definitiva tras la resolución de las alegaciones. Como explicó en su momento el concejal de Hacienda, Eduardo Amor, “en los últimos tiempos han surgido una serie de novedades que suponen que es el Ayuntamiento el que debe recaudar las tasas de estos servicios (tarjetas y tickets) para después realizar la compensación oportuna a la empresa adjudicataria”. Para ello, “se tiene que contemplar en el presupuesto, ese dinero como ingresos, que serán los que financiarán el contrato”. En principio, el debate de este punto se iba a centrar hoy, de forma exclusiva, en dar cuenta de por qué se desestima la única alegación presentada y en votar la aprobación definitiva tras la intervención de los grupos. No obstante la situación se ha complicado tras quedar patente la disparidad de criterio entre los dos técnicos económicos habilitados nacionales. Ante la baja laboral del interventor, ha sido el viceinterventor, Fernando Martínez, el que se ha encargado, en los últimos tiempos, de los informes relacionados con este asunto, desde su aprobación inicial a mediados de mayo hasta el día de hoy. Documentos que daban el visto bueno a esta modificación presupuestaria y amparaban la votación política. Justo en el día de hoy, el interventor, David Puebla, se ha incorporado a su puesto de trabajo y ha acudido, por tanto, a la sesión plenaria. Pese a reconocer que “me acabo de incorporar y he tenido acceso al expediente hace cinco minutos”, ha dicho que “no procede a la aprobación definitiva de este expediente” y ha aludido a que “el artículo 181 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales excluye taxativamente los recursos de naturaleza tributaria, como los son las tasas de este caso, para generar crédito en el estado de gastos”. Tras estas palabras, el alcalde, Ángel Díaz-Munío ha defendido que “los acuerdos alcanzados en su ausencia están amparados por los informes del viceinterventor y vamos a seguir con el procedimiento”. A partir de ahí, “si tiene usted que hacer algo, haga lo que tenga que hacer”. A esto, el edil de CastroVerde, Eduardo Amor, ha recordado que, “lo que en su día dijo el interventor, era que no había que crear una partida, sino buscar en el presupuesto actual la forma de financiar el servicio, lo que es imposible cuando estamos hablando de más de un millón de euros que habría que quitar de otro sitio. En su ausencia, el viceinterventor hizo un informe en el que vio que no era necesario hacer esa búsqueda de recursos, sino que se podían crear esos ingresos nuevos de las tasas, que iban a financiar después el gasto”. Según Amor, este técnico municipal “realizó consultas a la Intervención General del Estado, que diferencia entre ingresos nuevos y a mayores. Si se trata de un ingreso nuevo, como es el caso porque antes no estaba contemplado en los presupuestos, sí es posible hacerlo”. Pese a todas estas explicaciones, el resto de partidos de la oposición han trasladado sus dudas, ante las discrepancias técnicas. Tanto es así, que PP y MásCastro han pedido que el asunto quedara sobre la mesa a la espera de una explicación profunda en comisión informativa. La edil popular, Ana Urrestarazu, ha lamentado que “si los interventores no son capaces de explicar lo mismo con la Ley en la mano, imagínate que podemos hacer nosotros”. “Sorprendidos” se han quedado los regionalistas con las palabras del interventor y “fríos” ha sido el término empleado por los socialistas para explicar su sensación tras las palabras de David Puebla “que vienen a echar tierra sobre lo que era una previsible y rápida aprobación definitiva”. El concejal del PSOE, Vicente Santamaría, ha asegurado que “no sé hasta qué punto un informe largamente meditado por el viceinterventor tiene más validez que las manifestaciones del recién incorporado interventor, pero esta situación sí genera dudas”. Ante todo esto, el alcalde ha reiterado que “somos políticos y nos tenemos que basar en un criterio político, confiando en los informes técnicos, como hemos hecho. Nosotros vamos a seguir los informes que se presentaron en el momento en el que teníamos que votar (los del viceinterventor) y eso es lo que nos soporta”. A esto, Eduardo Amor ha añadido que “estamos hablando de un servicio necesario y, contando con que todos los trámites para realizar la contratación salgan adelante en tiempo, nos pondríamos en el mes de noviembre”. Ha reiterado que “esto es lo que tenemos encima de la mesa y cuenta con el respaldo de quiénes han trabajado el expediente. El interventor se acaba de incorporar y seguro que, si lo mirara mejor, lo entendería y daría el visto bueno”. Ante la petición de los regionalistas “para debatir entre nosotros el asunto y consensuar una postura tras los dicho por el interventor”, el alcalde ha acordado un receso de unos cinco minutos. Tras el mismo, la secretaria, que comparte el criterio del viceinterventor, ha explicado que “hay varios tipos de modificaciones de crédito y aquí lo que nos ocupa es una modificación de crédito extraordinario. A lo que se refiere David Puebla con el artículo 181 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es a una generación de crédito por ingresos y no es lo que se está haciendo aquí”. Al margen de este asunto, la única alegación presentada por un ciudadano a esta modificación ha sido desestimada porque “alegaba que no estaba de acuerdo con el servicio que se va a prestar y es algo que no tiene nada que ver con el asunto que vamos a aprobar de la modificación presupuestaria”, ha subrayado Amor. Por lo demás, el pleno ha aprobado, con la única abstención del PSOE, la proposición de Alcaldía para el nombramiento de Patricia Camino como representante del Ayuntamiento en el Grupo de Acción Costera Oriental y, en concreto, como vicepresidenta del ente, que es el cargo que Castro tiene asignado. Se ha dado cuenta de la renuncia a su acta de concejal del regionalista Jesús Gutiérrez, que se ha despedido dando las gracias “a todos los compañeros de la Corporación por el trato dispensado, a los técnicos por todo lo que he aprendido y a mis compañeros de grupo municipal, que son muy buena gente, fieles, leales y siempre lucharán por el interés de Castro”. Para terminar, se ha debatido una moción, presentada por el PSOE a propuesta de los sindicatos UGT y CCOO. La socialista Susana Herrán ha procedido a leer la moción que dice lo siguiente; “El 29 de marzo 2012 se convocó en España una Huelga General contra la Reforma Laboral. Se cargó contra los piquetes informativos y se llevaron a cabo detenciones de forma aleatoria. Una de esas detenciones tuvo lugar en la Plaza de la Lealtad a dos sindicalistas de UGT, tras una carga desproporcionada contra un piquete informativo que ejercía su derecho constitucional de dar publicidad de la Huelga General. El 21 de junio de 2017 se celebraba el juicio y se enfrentan a una petición del fiscal de siete años de cárcel por atentado a la autoridad y delito contra el derecho de los trabajadores, en base al artículo 315.3 del Código Penal, que ha sido usado de forma sistemática por la Policía en sus atestado y aprovechado por la Fiscalía para pedir años de cárcel a cualquier sindicalista y en cualquier tipo de huelga”. Lo que se propone en la moción es que “por el pleno se muestre apoyo y solidaridad a Los Dos de la Lealtad, dos sindicalistas que sufren desde hace más de cinco años una petición de pena injusta de la Fiscalía por el ejercicio de su derecho de huelga”. También se pide que “el pleno muestre su apoyo a los más de 300 sindicalista encausados por ejercer el mismo derecho, y que apoye las iniciativas parlamentarias, basadas en propuesta de UGT y CCOO, para la modificación del Código Penal que impida que los sindicalistas sean criminalizados por el ejercicio de su derecho fundamental”. La moción ha salido adelante con el apoyo de PSOE y CV, el voto en contra del PP y las abstenciones de MásCastro y PRC. Populares y regionalistas entienden que no es apropiado que el Ayuntamiento se posicione sobre un tema que está judicializado y abogan por que sean los jueces los que tomen una decisión sobre el grado de culpabilidad o no de Los Dos de la Lealtad. En la segunda imagen, el alcalde habla con el interventor y la secretaria durante el receso.