4 OCTUBRE 2015 / El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, que la Audiencia Provincial de Cantabria impuso en diciembre de 2014 a dos implicados en una red de distribución de droga «a gran escala» entre la zona oriental de Cantabria y la occidental de Vizcaya, según informa Europa Press. El Supremo ha rechazado los recursos de casación presentados por los dos acusados, a los que la Audiencia Provincial impuso además sendas multas de 146.000 y 20.000 euros, respectivamente.

2 OCTUBRE 2015 / RODRÍGUEZ LÓPEZ CREE QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE ACAYRO «TIENE QUE DEJAR ALGUNA HUELLA EN LA ACTUACIÓN DEL JUEZ EN CASTRO» Ayer se daba a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que aprecia indicios de delito de revelación de secretos por parte del Juez Acayro y estima los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular ejercida por el constructor Jon Loroño Trabudua, que acusaba al juez de revelar sus antecedentes penales ya cancelados en el trámite de unas diligencias informativas que se seguían ante el Consejo General del Poder Judicial. A raíz de esta noticia, José Miguel Rodríguez López, uno de los exconcejales de Castro imputado en varias causas instruidas por este magistrado, entiende que «todo esto alguna huella tiene que dejar en la actuación de Acayro en Castro» donde «ha interpretado algunas situaciones de forma torticera, imputando a decenas de personas y afectando a toda la actividad relacionada con el sector inmobiliario, tan importante para el desarrollo económico de Castro y que se ha ido al garete». Rodríguez López ha acogido esta sentencia «agradablemente» porque cree que «es un momento importante en el cual vamos a quedar todos más tranquilos en relación a la forma de interpretar todas las instrucciones por parte de Acayro». Considera que con la decisión del Supremo «habrá que mirarlo todo con más lupa» aunque «con la sentencia que pueda dictar el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es quien tiene que sentar en el banquillo al juez, estaré de acuerdo». Pese a estas consideraciones, el exconcejal no sabe «en qué situación quedaremos los que estamos imputados en las actuaciones que llevó a cabo cuando estaba en el Juzgado castreño pero, lo que está ya en Santander se llevará allí y lo que ha quedado en Castro lo tendrá que resolver el que le ha sustituido aquí». Entre las causas que se encuentran ya en sede judicial de Santander está el Caso Trapur (presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Trapur para desarrollar trabajos de desratización y desinfección en el municipio). «Me han notificado que los días 12, 13 y 14 de febrero se celebra la vista, por fin después de tantos años». SALVADOR HIERRO SÓLO CONFÍA EN QUE SEA EL SUPREMO EL QUE CONDENE AL MAGISTRADO PORQUE «EN CANTABRIA HAY MUCHO CORPORATIVISMO» Sobre esta sentencia del Supremo ha dado también su punto de vista otro exconcejal imputado por Acayro. Se trata de Salvador Hierro quien ha destacado el hecho de que «si este juez quería ser famoso, ya lo es por ser el primero imputado en Cantabria. Para ser juez estrella hay que ser bueno y hacer un buen trabajo». Hierro no tiene dudas de que el juez será condenado e inhabilitado pero entiende que el que dictará esto será el Supremo porque «en Cantabria, la mayoría de los jueces son muy corporativistas». En cualquier caso, el asunto deberá pasar primero por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El exconcejal imagina que «la situación de Acayro ahora será la misma que han tenido cientos de personas en Castro: los imputados y sus allegados. La diferencia entre él y nosotros es importante porque los ciudadanos no tenemos porqué saber de leyes pero el sí y sabía que lo que estaba haciendo era ilegal y un delito». Recordamos que el Alto Tribunal aprecia en la actuación del juez indicios del delito perseguido en el artículo 197.2 del Código Penal, que castiga con entre uno y cuatro años de cárcel «al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero». En la imagen, un pleno de una legislatura pasada en el que están presentes Rodríguez López y Hierro.