EL SINDICATO APLB ACUSA AL AYUNTAMIENTO DE “ELUDIR RESPONSABILIDADES A MANDOS DE LA POLICÍA LOCAL EN CASOS DE ACOSO LABORAL”

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La Sección Sindical del sindicato APLB  (Asociación de Policía Local y Bomberos) de Castro Urdiales ha emitido un comunicado en el que critica que “el Ayuntamiento de Castro Urdiales elude exigir responsabilidades disciplinarias a mandos de la Policía en casos de acoso laboral”.

Recuerdan que en una sentencia fechada el mes de enero, el Ayuntamiento de Castro Urdiales fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como consecuencia de la demanda por acoso laboral interpuesta por un agente de la Policía Local, “ante la persecución continuada a la que le venía sometiendo el Jefe del Cuerpo desde hace varios años, hechos que se produjeron durante la pasada legislatura, bajo el gobierno de Castro Verde, cuando el agente ejercía como presidente de la Sección Sindical de APLB en Castro. El demandante acudió a los tribunales, ante la pasividad del Ayuntamiento, que tenía pleno conocimiento de la situación”, según APLB.

El fallo del TSJC ratificaba los hechos que ya declaró probados el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander en sentencia previa dictada en 2019, aunque rebajó considerablemente la indemnización a recibir por el agente, de 20.000 a 6.000 euros. La nueva sentencia “desestimaba las modificaciones planteadas en el recurso del Ayuntamiento, y confirmaba que el jefe de la Policía Local ha estado sometiendo al demandante a un control exhaustivo que no se extiende a otros agentes, en un contexto definido como una manifiesta situación de conflicto laboral”.

Tras la sentencia de enero del TSJC, “APLB envió un comunicado informando a la plantilla municipal, a través del correo corporativo. Como respuesta, sus tres representantes en Castro, incluido el agente que denunció el acoso, recibieron un e-mail del jefe de la Policía en el que, tras acusarles de un delito de injurias, les conminaba a publicar una rectificación en texto previamente redactado por él, otorgándoles un plazo, con fecha y hora de finalización incluida, bajo la advertencia de plantear acciones legales. A día de la fecha, pese a no haber rectificación, no se ha consumado la amenaza”, señala APLB.

Tras la primera condena de 2019 del Juzgado de lo Social, “la alcaldesa de Castro Urdiales manifestó que ‘no es la única denuncia hacia el Jefe del Cuerpo que se ha producido por los mismos motivos y estamos en la obligación de investigar qué está pasando’. Paradójicamente, el equipo de gobierno decidió recurrir la sentencia”, recuerda el sindicato policial.

Ratificada la condena por el TSJC, “tanto la víctima como APLB han exigido al Ayuntamiento que depure las responsabilidades disciplinarias, reiterando recientemente información al respecto, sin obtener respuesta alguna. Por si los excesos y la inacción al respecto no fuesen suficientes, al reincorporarse la víctima a su puesto de trabajo tras la primera sentencia, siguió sufriendo actuaciones vejatorias por parte del jefe de la Policía que, una vez denunciadas por escrito, han obligado a la activación de nuevo del protocolo municipal ante situaciones de acoso laboral”, indica APLB.

Recuerda la representación sindical de APLB que “durante la pasada legislatura tuvo que activarse hasta en tres ocasiones el ya citado protocolo municipal por acoso, debido a denuncias de otros tantos agentes por la discriminación y el trato dispensado hacia ellos por el jefe del Cuerpo. Dos de estas denuncias han derivado a la vía judicial”.

APLB “lleva años denunciando internamente la situación existente en la Policía Local, con infinidad de arbitrariedades, discriminaciones y diferencias de trato hacia determinados agentes. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Castro Urdiales elude exigir responsabilidades disciplinarias a mandos de la Policía Local, a pesar de que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. En 2016 un oficial del Cuerpo fue condenado por la Audiencia Provincial, tras causar lesiones durante el servicio a un agente. En aquel caso, pese a que el reglamento disciplinario aplicable a los Cuerpos de Policía Local de Cantabria es meridianamente claro al respecto, el Ayuntamiento evitó imponer sanción disciplinaria alguna al autor de las lesiones”.