En nota de prensa, esta formación política defiende que «es escaso el terreno de propiedad pública que existe y se necesita para instalar en él equipamientos y servicios. Regalarlo para que el Gobierno autonómico levante Vivienda de Promoción significa ignorar la realidad y la historia reciente de Castro. Y es más sangrante aún cuando se sabe que el municipio hay más de 10.000 viviendas vacías». Insiste Podemos en que «resolver los problemas habitacionales de Castro no requiere construir más viviendas en una ciudad que ya está saturada y que cuenta con demasiadas vacías. Si la voluntad del consejero Mazón y del PRC es conseguir viviendas de uso social, ahí tiene un campo amplio de negociación más barato y sostenible». Facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas en situación de necesidad habitacional «solamente requiere optimizar el parque de viviendas desocupadas. Y para ello no se precisa soluciones especulativas, sino planteamientos racionales». Unos planteamientos que «podrían consistir en que los propietarios de vivienda vacía pusieran sus inmuebles a disposición del Ayuntamiento y del Gobierno y que los poderes públicos les garantizaran unas condiciones suficientes a los interesados en poner esos pisos en alquiler social». Habla Podemos de «un precio de alquiler adecuado, el cobro puntual del alquiler, la devolución de sus viviendas en la fecha pactada o cuando las necesiten y la devolución de sus viviendas en idénticas condiciones de conservación que cuando fueron entregadas en alquiler». El Ayuntamiento de Castro Urdiales «debería paralizar de forma cautelar cualquier idea de regalar el escaso terreno de propiedad municipal y la firma de convenios que sólo favorecen la especulación, hasta la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana», asegura Podemos, que afirma que «regalar este terreno implicaría perder la posibilidad de instalar en esa zona otros equipamientos, además de una excusa para seguir beneficiando a promotores privados con el desarrollo de suelo público». Disfrutar una vivienda digna «es un derecho que debe ser tutelado por las administraciones públicas, pero debe ser gestionado con finalidad social, no con sentido especulativo o empresarial».