El Pleno del Parlamento cántabro ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley (PNL) contra el cierre del centro de día de Castro Urdiales, previsto para el 31 de diciembre dado que la empresa adjudicataria dejará de prestar el servicio, aunque los grupos que sustentan al Gobierno regional, regionalista y socialista, han asegurado que se están buscando soluciones para mantenerlo abierto hasta que comiencen las obras de remodelación del edificio. A través de esta iniciativa, presentada por el PP, la Cámara insta al Ejecutivo a buscar las herramientas jurídicas para garantizar la continuidad del servicio una vez que la empresa, que ha alegado pérdidas económicas, deje de prestarlo. Cuando la entidad anunció que no continuaría, el Gobierno planteó un proyecto para acometer en el centro que contempla la mejora sus instalaciones y la construcción de una residencia en el edificio. Sin embargo, la oposición denunciaba que el proyecto ni siquiera está redactado y «no se sabe nada» de él, por lo que a su juicio carece de sentido que los trabajadores pierdan sus puestos al terminar el año y la treintena de usuarios tengan que desplazarse a otros centros a «20, 30 o 40 kilómetros» cuando aún no van a comenzar las obras. La consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), ya avanzó hace dos plenos que se estaban estudiando las posibles vías para prorrogar el servicio, y así lo han reiterado hoy los grupos regionalista y socialista. «Los regionalistas no vamos a permitir que se cierre el centro del día», ha sentenciado la diputada Emilia Aguirre, que, como castreña, ha celebrado el apoyo unánime a esta PNL y ha asegurado que la instalación «va a permanecer abierta hasta el día anterior a que empiecen esas obras». Por ello, ha mandado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, usuarios y familias, porque está «segura» de que por parte de la Consejería, que está en manos del PSOE, su socio en el Gobierno regional, «van a darse soluciones» dado que existen «muchas herramientas jurídicas» para continuar a pesar de que la empresa no vaya a prorrogar el contrato. Además, y dado que la Consejería había planteado trasladar a los usuarios a centros de día de otros municipios durante el cierre, la regionalista ha aclarado que su grupo «no respalda» esta alternativa, que puede «generar confusión» a los afectados, al ser personas mayores con problemas físicos y cognitivos. Frente a ello, ha apostado por buscar soluciones dentro del municipio. La diputada del PSOE Eva Salmón ha aclarado que el departamento que dirige Gómez de Diego y el Ayuntamiento de Castro Urdiales ya están ahondando en esas diferentes posibilidades jurídicas y reuniéndose con los afectados para negociarlas. Sin embargo, la ‘popular’ Isabel Urrutia, que ha sido la encargada de defender la iniciativa, ha recordado que la intención de cerrar es la que tenía «el Gobierno regionalista-socialista», que hasta ahora «no ha hecho nada» por evitarlo. Es por ello que el PP llevó la proposición no de ley a la Cámara, señalando como lo han hecho los portavoces de Ciudadanos y Vox, Félix Álvarez y Armando Blanco, respectivamente, que el Ejecutivo «no ha hecho los deberes a tiempo» para licitar el servicio antes de que se marchara la empresa el 31 de diciembre y que por ello había anunciado las obras como «una invención» y «una coartada para tratar de salvar una situación insalvable». En este sentido, han lamentado que se trate de justificar el cierre del centro con un proyecto de obras para las que no se ha pedido licencia ni se ha redactado el proyecto, por lo que es «imposible que empiecen antes de verano», como ha apuntado el diputado de Vox.