7 JUNIO 2016 / La Fiscalía mantiene su acusación por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra los diez imputados en el ‘caso Mioño’, entre ellos el exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza, si bien ha rebajado en unos meses las peticiones de penas para varios de ellos, por la concurrencia, a su juicio, de la atenuante de dilaciones indebidas. La segunda sesión del juicio se sigue desarrollando en las Salesas, en Santander, y arrancaba esta mañana a las 9, aunque por las numerosas declaraciones de testigos y técnicos, la vista ha hecho un receso para comer y se ha reanudado a las cuatro de la tarde. El ‘caso Mioño’ alude a la presunta adjudicación irregular de las obras del túnel de dicha localidad castreña y de la supresión de barreras arquitectónicas en el mercado municipal de Castro Urdiales a la empresa Izeta, que tenía como gerente a Juan Ignacio Díaz Muro. Este caso fue ya juzgado en 2011 por parte del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander y la condena supuso la retirada de la vida pública de Muguruza (ex-PRC) y del exteniente de alcalde José Miguel Rodríguez López (ex-PP). Sin embargo, dicha sentencia fue anulada por parte de la Audiencia Provincial por lo que ha tenido que repetirse el juicio, esta vez en el de lo Penal Número 1. En cuanto a las dilaciones, la fiscal ha aclarado que «solo» entiende que ha habido dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde la anulación de la sentencia, en diciembre de 2011, hasta la repetición del juicio, que tuvo su primera sesión el 19 de mayo de 2016, y la segunda, este martes, 7 de junio. Para esta parte, no ha habido dilaciones indebidas en el todo el proceso previo, en el que la tramitación fue, en su opinión, «proporcional» a las características de la causa. REBAJA DE PENAS De esta forma, en lugar de la pena de inhabilitación de 8 años y 9 meses que solicitaba para Muguruza, entonces alcalde, la fiscal solicita 8 años y 6 meses. La misma rebaja por la atenuante de dilaciones indebidas ha sido solicitada por la fiscal para el que era teniente de alcalde José Miguel Rodríguez; para el concejal de Industria y hermano del adjudicatario, Jaime Díez Muro (PRC); para el edil de Deportes, Santiago Vélez (IU), y la de Cultura (PP), Concepción Carranza. También, por estas diligencias indebidas, rebaja la pena de inhabilitación que pide para el concejal de Obras, Salvador Hierro, pasando de solicitar 10 años a 9, y la de cárcel para el gerente de la empresa de la adjudicataria, Juan Ignacio Díez Muro, que era de 1 año y pasa a ser de 9 meses y un día. Además, reduce también la multa que impone a este último, de 14.000 a 10.000 euros. Para los otros cuatro imputados mantiene invariable su petición de penas, puesto que la que le solicitaba era la mínima por el delito que les imputa. Precisamente, la inclusión de esta atenuante ha sido, prácticamente, la única modificación introducida este martes por la fiscal en el tramo final de este juicio, que, tras este cambio, ha elevado a definitivas sus conclusiones previas. Y es que para la fiscal, de la prueba practicada en el juicio, ha quedado «debidamente acreditado», según ha dicho, que las adjudicaciones de las obras de limpieza y mantenimiento del túnel de Mioño e instalación de un ascensor en el Mercado Municipal, fueron hechas «a dedo» y «buscando beneficiar» a la empresa Izeta. Ha recordado que la empresa tenía como gerente a Díaz Muro, y ha señalado que en ella tenía también «importantes vinculaciones económicas» e «intereses» el concejal de Obras, Salvador Hierro. La fiscal ha defendido en su exposición que concurren todos los supuestos para considerar que los imputados son autores de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los hechos se remontan a 2004, cuando se contrataron las obras para limpiar y acondicionar el trazado del túnel del antiguo tren minero, en Mioño. Según sostiene la Fiscalía, el responsable de la empresa Izeta, Ignacio Díez Muro, «valiéndose de su condición» de hermano del por entonces concejal de Industria, Jaime Díez Muro, mantuvo contactos con el edil de Obras, Salvador Hierro, para asegurarse la adjudicación de la obra. De esta forma, entregó personalmente a Hierro una oferta de los trabajos, que el edil no trasladó ni al Servicio de Contratación ni a la Comisión de Obras, sino que llevó directamente a la reunión de la Junta de Gobierno del 21 de octubre de 2004, donde fue aprobada por unanimidad de los presentes, a sabiendas de la «ausencia total de expediente administrativo» y de que era la única oferta presentada. En concreto, la oferta recibió en la Junta el respaldo de Muguruza, y de los ediles Díez Muro, Rodríguez López, Vélez, Carranza y el edil del PRC Juan Tomás Molinero. Para la Fiscalía, el secretario municipal, César Sainz, por su parte, «incumplió» su obligación de advertir de que la contratación carecía de expediente y estaba fuera del orden del día. En el caso de las obras de eliminación de barreras en el mercado municipal, la Fiscalía sostiene que la Junta de Gobierno Local decidió en diciembre de 2004 solicitar tres presupuestos. Pero antes de llegar dicho acuerdo al Departamento de Contratación, Izeta ya presentó una oferta que entregó en la Concejalía de Obras sin pasar por el registro público de entrada. Entonces, el concejal Hierro no dio traslado al servicio de contratación y eludió de nuevo el procedimiento administrativo correspondiente, llevando el presupuesto directamente a la Junta de Gobierno, que lo aprobó por unanimidad el 21 de diciembre de dicho año, nuevamente a sabiendas de la falta de expediente administrativo. En esa ocasión, en la Junta estaban presentes los mismos ediles que aprobaron la contratación de las obras del túnel de Mioño, salvo Tomás Molinero. El acuerdo fue trasladado a la Intervención para autorizar los pagos, y el interventor lo tramitó sin poner reparo, pese a conocer que la adjudicación se había hecho sin expediente administrativo. En total, la fiscal asegura que Izeta obtuvo un beneficio de unos 7.000 euros, por estas dos obras. DELITOS Y PENAS Para la Fiscalía, el responsable de la empresa, Ignacio Díez Muro, incurrió en un delito continuado de tráfico de influencias. En cuanto a los ediles y funcionarios municipales, imputa delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; al interventor, Gregorio Alcedo, y al concejal Tomás Molinero; y delito continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones. Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor y el edil Molinero; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez). El resto de partes en el juicio también han elevado a definitivas sus conclusiones en este juicio. MUGURUZA Y «KAYKA» PIDEN LA EXPULSIÓN DEL TESTIMONIO DE URRUTICOECHEA Una de ellas ha sido la defensa de Muguruza y de Rodríguez López, que ha pedido la libre absolución de ambos al no existir, a su juicio, prueba de cargo para desvirtuar su presunción de inocencia. Además, ha sostenido que los imputados ya han cumplido la pena de inhabilitación «social» y, en algunos casos, «política», que se les solicita. Esta parte también ha pedido la expulsión del procedimiento del testimonio del exintervento Fernando Urruticoechea por su «total parcialidad». Y ha llamado a no olvidar que el exinterventor ha comparecido hoy como testigo pero que, anteriormente, ha sido acusación particular y popular, de la que se «autoexpulsó» al serle requerida una fianza. La letrada de Muguruza ha señalado que aunque Urruticoechea se haya presente como el «defensor de la legalidad», es una persona con «patologías mentales severas», «especialmente obcecado» en estos temas y que, según ha dicho, ha generado problemas en todos los ayuntamientos por los que ha pasado en el desempeño de sus cargos.