El pasado viernes, después de que la empresa vizcaína Siban hiciera pública decisión de reconsiderar su marcha a Cantabria y aclarara que solo era «una posibilidad entre otras», el consejero cántabro de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, denunció «presiones» del Ejecutivo vasco y afirmó que los «modos» para «hacer frente» al plan industrial puesto en marcha en por Cantabria no son «los más adecuados». En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado hoy que el Ejecutivo autónomo «rechaza absolutamente» la acusación de Cantabria porque el Gobierno vasco «no ejerce ningún tipo de presión sobre ninguna empresa a ningún efecto». No obstante, ha recordado que «sí tiene unas medidas generales para atraer la inversión, fomentar y estimular la implantación de empresas en Euskadi» y, por ello, «sencillamente, se limita a aplicar sus medidas, difundirlas y procurar que el máximo de empresas se acojan a las mismas». «Ninguna presión, en absoluto, todo lo contrario. Se trata de instrumentos, de herramientas oficialmente aprobadas con el objetivo loable y compartido por el conjunto de la sociedad vasca de impulsar la inversión en Euskadi, de fomentar y facilitar la implementar la formación de empresas que puedan generar riqueza y crear empleo. El Gobierno se limita a aplicar esas medidas», ha concluido.

Arasti ha insistido en su denuncia de «presiones» por parte del Gobierno Vasco a las empresas ubicadas en esa Comunidad Autónoma y que tienen intención de trasladarse a nuestra región. «Es evidente que el Gobierno vasco está haciendo frente a la política industrial cántabra con modos que no nos parecen los más correctos. Primero denunciaron nuestro Plan de Suelo Industrial a la Comisión Europea porque les preocupaba y eso es una valoración que me parece positiva porque, por primera vez en mucho tiempo, nuestros vecinos nos contemplan como una región realmente competitiva». El Consejero de Industria ha defendido que «las medidas que estamos tomando son jurídicamente impecables y también son eficaces. Después de que esta denuncia les saliera mal, están ejerciendo presiones sobre las empresas que ya han decido instalarse en Cantabria». Una medida que para Arasti es «errónea porque es imposible poner puertas al campo y creo que esta política les va a salir mal porque no hay nada peor para fidelizar empresas que someterlas a presión». Desde el Gobierno de Cantabria «no vamos a hacer lo mismo que las instituciones vascas. Si una empresa quiere venir a la región, puede hacerlo libremente. Nuestra política consiste en apelar a la libertad y que los empresarios conozcan que Cantabria es competitiva y que tiene muchos puntos a favor para instalarse». Por otra parte, sobre las obras que se están ejecutando en las infraestructuras del Polígono de Vallegón, el consejero ha asegurado que «están bastante avanzadas».

González ha dejado claro que «tanto yo como el equipo de Gobierno hemos defendido siempre que esa extra era un derecho que correspondía a los trabajadores y queríamos pagarla, pero necesitábamos los informes para no tener problemas el día de mañana». El alcalde se ha mostrado «satisfecho» porque «se acabe todo. Si algo llevo con orgullo es la normalidad y la tranquilidad que hemos dado al municipio de Castro en esta legislatura». Satisfacción también por parte de los sindicatos que se han mostrado contentos por todos los trabajadores del Ayuntamiento. Tras la reunión, Antonio Alonso (UGT) volvía a defender la «justicia» que supone percibir un dinero «que nos correspondía por derecho, avalado por sentencias judiciales». Ha lamentado que se hayan tenido que organizar movilizaciones porque «creo que no se tenía que haber llegado hasta ahí teniendo en cuenta que era de justicia lo que nos tenían que dar. Nosotros no somos los culpables si es que existía esa supuesta inestabilidad presupuestaria». En cualquier caso, ha negado rotundamente que sus protestas hayan tenido algún cariz político. «Nada de eso. Nosotros, según hemos tenido constancia de lo nuestro, nos retiramos. No queremos participar en esas cosas». Durante la reunión, los sindicatos se han acorado también de aquellas personas que en 2012 estaban en nómina del Ayuntamiento y que a día de hoy ya no lo están. «Ellos también percibirán la parte que les corresponda, pero podría tardarse un poco más en realizar el abono porque hay que mirar el personal en plantilla del año 2012 y liquidar lo que corresponda a cada uno». Para finalizar, Antonio Alonso ha agradecido el apoyo de los empleados del Ayuntamiento que han secundado estas movilizaciones y del resto de sindicatos participantes (CSIF, CC.OO y APL) porque «la unión hace la fuerza». En la imagen, el alcalde junto a representantes sindicales tras la reunión de esta mañana.

A mediados de la semana pasada, el alcalde anunció a los representantes sindicales que el viernes tendría los informes técnicos sobre la posibilidad o no de pago pero «parece ser que el interventor está enfermo y no vino el viernes ni hoy. Le hemos dicho al alcalde que también está el viceinterventor y ha insistido en que la orden está dada al departamento e incluso dice que la Tesorería le había dicho que se lo iban a arreglar». Los trabajadores siguen esperando y lo harán manteniendo las movilizaciones. Recordamos que Alonso aseguró el pasado viernes en Castro Punto Radio que el alcalde había descalificado a los trabajos y amenazado con abrir expedientes. Pese a eso «el tono de la reunión ha sido cordial por ambas partes. Nosotros queremos buscar una solución porque nos amparan dos sentencias judiciales y las directrices del PP en el Gobierno de la Nación». Pese a esto «parece que Castro está en una isla dentro de España donde el alcalde y el equipo de Gobierno hacen lo que les da la gana».