9 SEPTIEMBRE 2016 / La Junta Vecinal de Otañes publica en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de licitación, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, por aprovechamiento especial del dominio público forestal de parcelas pertenecientes al Monte Rucalzada y La Armanza, número 43 del Catálogo de Utilidad Pública. El plazo de concesión finaliza el 31 de diciembre de 2062. Presupuesto base de licitación: El canon anual de concesión, mejorable al alza se establece en 12 euros por hectárea y año. El porcentaje de participación en la corta de los aprovechamientos forestales, mejorable al alza, se determina en un diez por ciento sobre dicho aprovechamiento.

8 SEPTIEMBRE 2016 / Los presidentes de las cuatro juntas vecinales (Sámano, Otañes, Ontón y Mioño) a las que el Ayuntamiento ya ha girados los recibos en los que les reclama la devolución de la subvención entregada a cambio de sus infraestructuras del agua y los intereses de demorado a contar desde 2011, se reunieron ayer con un abogado para estudiar una defensa jurídica de la situación. Sobre los resultados de ese encuentro y la problemática generada en torno a este asunto, hemos hablado en Castro Punto Radio con el alcalde de Otañes, Santiago Berriolópez. Como ha explicado, los cuatro pedáneos se pusieron de acuerdo para consultar al letrado los posibles pasos a dar ahora que ya hay una reclamación firme del dinero por parte del Ayuntamiento. En cualquier caso, «es una situación compleja, ha dicho Berriolópez, por lo que » el bufete tendrá que estudiar todo con detenimiento y sacar todas las conclusiones», para lo que «tendrá que estar en contacto con el secretario-interventor de juntas vecinales». No es la primera vez que este alcalde pedáneo critica el mecanismo que se escogió en 2009 para entregar el dinero a las juntas a cambio de sus infraestructuras del agua. Se usó el termino subvención y «es una cosa de cajón que no debía ser así. Hubo una confusión integral del Ayuntamiento y de las juntas en ese momento porque no se puede llamar subvención cuando lo que se estaba haciendo era una venta pura y dura». Ahí radica uno de los principales problemas: el hecho de que ese término trajera consigo la obligatoriedad de tener justificadas las inversiones realizadas con esas cantidades económicas para 2011. En este punto y «ante la existencia de gente que desconoce el funcionamiento de una administración y puede pensar que se llamó subvención para que tuviéramos que justificar y para fiscalizarnos», Berriolópez ha querido dejar claro que «todos nuestros movimientos están fiscalizados por el secretario-interventor y rendimos cuentas de todo al Ministerio de Hacienda y al Tribunal de Cuentas». Por otra parte, entiende que las formas del equipo de Gobierno para con este asunto «dejan mucho que desear». Y es que, «llegó a la junta y me encuentro una cartita y hazte una idea de la cara que se me queda cuando veo esos dos recibos con esas cifras tan elevadas. Hay una falta de ética muy grande», entiende Berriolópez, porque «qué menos que una notificación personal diciendo, oye baja un día por aquí que hay esto». En este mismo sentido, ha insistido en que «un político se tiene que mojar y tomar una decisión cuando sea algo coherente, por mucho informe desfavorable que haya porque los técnicos, como cualquier otro profesional, también se pueden equivocar». Se ha preguntado «por qué no podemos pedir un contra informe y ver cómo se puede solucionar esto». En cualquier caso, «los vecinos pueden estar tranquilos porque la junta no se va a disolver y, de una forma u otra, podremos hacer frente a ese pago, si la justicia dice que tenemos que hacerlo». Paralelo a este asunto, la Junta Vecinal tiene un trámite adicional. El pedáneo ha encargado al abogado la apertura de un revisión sobre cómo gestionaron el dinero recibido del Ayuntamiento los anteriores responsables de la junta, que «destinaron los 533.000 euros de la mal llamada subvención en hacer obras de una cosa que ya no era competencia nuestra. Cedemos las infraestructuras del agua al Ayuntamiento, y destinamos el dinero a arreglar tuberías». Además, «se hizo un fraccionamiento de obras, saltándose todos los procedimientos administrativos que marca la Ley y con 17 reparos del interventor diciendo que estaban cometiendo una irregularidad». Berriolópez pidió en su momento que se tomaran medidas al respecto y que los anteriores gestores afrontaran la responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados a la junta. Sin embargo, «como por aquel entonces estaba en vigor la prorroga que el Ayuntamiento había dado para justificar la inversión, la justicia entendió que no había daño». Ahora que Otañes ya tiene los recibos de pago en la mano, «y con la reclamación firme del dinero, podemos emprender acciones legales contra ese perjuicio».

7 SEPTIEMBRE 2016 / «Decepción total» es lo que siente el presidente de la Junta Vecinal de Sámano, José María Liendo, después de que esta pedanía y las otras tres afectadas por la situación generada en torno a la subvención del canon del agua (Ontón, Otañes y Mioño), hayan recibido dos comunicaciones del Ayuntamiento. Una rechazando el recurso interpuesto contra la reclamación del Consistorio para que devolvieran esa ayuda entregada a cambio de sus infraestructuras del agua, y otra con dos recibos a pagar: el de la propia subvención y el de los intereses de demora a contar desde 2011. En declaraciones a Castro Punto Radio ha criticado las formas «incorrectas» utilizadas por el Ayuntamiento a la hora de comunicar estos dos asuntos, ya que «nos llegan por carta sin que nadie antes no haya reunido para decirnos lo que iba a pasar». Ha recordado cómo fue el actual equipo de Gobierno el que creó el Consejo de Juntas Vecinales y «a medida que se ha ido presionando al alcalde con distintas cosas y, como no le gusta que le lleven la contraria, no lo ha convocado desde marzo». Es más, «ni siquiera nos han citado a nivel grupal a las cuatro juntas que estamos en esta situación. Qué menos que un encuentro para decirnos lo que iba a pasar y tratar de buscar una solución. Eso es política, juntarse y solucionar los problemas de los ciudadanos». No sólo no ha habido reunión alguna, sino que «llega correos con una carta certificada y descubres dos recibos de 913.000 (subvención) y 305.000 euros de intereses» a contar desde 2011 hasta ahora, incluidos los correspondientes a «los meses que el Ayuntamiento ha tardado en contestarnos al recurso. Lo presentamos en febrero, nos responden en agosto y si los técnicos no hacen su trabajo con celeridad, también lo tenemos que pagar nosotros», ha lamentado Liendo. En este punto ha salido a colación la «falta de sensibilidad» del equipo de Gobierno con las juntas, de la que ya se ha hablado en otras ocasiones. «Formamos parte de un grupo más amplio que es un municipio y el Ayuntamiento nos trata como si fuésemos los vecinos». Sámano, por ejemplo, «es prácticamente el 10% de la población censada. Se tendría que tener más sensibilidad y remar todos en la búsqueda de una solución que sea lo más satisfactoria para las dos partes». Liendo está dispuesto a sentarse con el equipo de Gobierno y «si al final tenemos que pagar el todo o parte, buscar la forma de hacerlo». Económicamente no puede ser, ha dicho, pero «podemos estudiar otro tipo de beneficios para el Ayuntamiento y, por extensión, para todos los vecinos de Castro». Ha recordado que, pese a tener una parte de la subvención justificada (unos 200.000 euros), «se nos reclama todo. Se podría dar por buena esa parte y, a partir de ahí, el resto pagarlo mirando qué necesita el Ayuntamiento que podamos ceder: el polideportivo, la nave de Vallegón, cualquier terreno… Estaríamos avenidos a buscarle una solución». Sin embargo y de momento, «nos tenemos que plegar y entonces ellos intentarían buscar una solución. Es decir, todo pasa porque digamos que el Consistorio tiene toda la razón del mundo. No me lo invento, viene reflejado en las actas de Gobierno». Estas pedanías están dispuestas a defender sus intereses «hasta el último de los días» porque «para buscar una solución» habría que volver hasta el año 2009 cuando las juntas ceden sus infraestructuras del agua a cambio de una subvención. Ese término es el que obliga a justificar la inversión en un periodo determinado de tiempo cuando «nosotros realmente vendemos, porque damos nuestras instalaciones. Llamarlo subvención no tiene sentido». Recordamos que con la firma de aquel convenio se daba de plazo hasta 2011 para justificar las inversiones. Ese plazo de justificación fue ampliado posteriormente para que después el Ayuntamiento tuviera que anular esa decisión y volver a lo inicialmente previsto. De esta forma, «se penaliza a las juntas sobre una decisión que tomó el Ayuntamiento», que decidió prorrogar para dar más tiempo y después lo anuló. «Al final acaba el proceso en que las juntas también son responsables de las decisiones que toma el Consistorio». Los presidentes de las cuatro juntas afectadas se van a reunir esta tarde con un abogado porque «vamos a defenderlo jurídicamente ya que nos dicen que hemos agotado todas las vías con el Ayuntamiento y que tendríamos que ir al Contencioso». Si por el camino «alguien se aviene a una negociación, estaríamos abiertos, pero tenemos que defender los intereses de los vecinos». En el peor de los casos y si después de todos los procesos posibles Sámano tuviera que devolver el dinero, «buscaríamos qué parte del patrimonio podríamos poner a disposición por ese valor para hacer frente a la deuda».

6 SEPTIEMBRE 2016 / Las cuatro juntas vecinales afectadas por la situación generada en torno a la subvención del canon del agua (Sámano, Ontón, Otañes y Mioño), han recibido en los últimos días dos comunicaciones del Ayuntamiento. En una de ellas se resuelve negativamente el recurso que presentaron contra la reclamación del Consistorio para que devolvieran dicha subvención. En la segunda carta emitida desde la administración local, se recogen dos recibos a pagar por la pedanía: uno con el dinero de la mencionada subvención y otro con los intereses de demora a contar desde el año 2011.