Las abstenciones del PSOE, PP y Ciudadanos (11 votos) han impedido la aprobación definitiva de la modificación puntual número 23 sobre el Convenio de Conservas Lolín. Únicamente han votado a favor 9 ediles: 5 del PRC, Castro Verde, y «con la pinza en la nariz, tragándome un sapo nauseabundo», el de Podemos, según ha dicho textualmente Alberto Martínez. La alcaldesa ha dejado claro que “el Ayuntamiento respeta las resoluciones judiciales, pero no compartimos ésta. Por eso se ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ha sido admitido a trámite”. Entre otros, ese recurso defiende que “una cosa es el convenio y otra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y, por tanto, se deben tramitar de forma diferente”. También señala que “los juzgados no pueden sustituir al Ayuntamiento a la hora de tomar decisiones sobre el planeamiento urbanístico”. Por tanto, “el acuerdo que se tome hoy en este pleno quedará supeditado a lo que diga el TSJC, que podría dejar sin valor la decisión que se tome hoy, por lo que entendemos que hubiera sido mejor esperar”. Intervenía después, como uno de los partidos solicitantes de la celebración de este pleno, el PRC. Según Carla Urabayen “se ha actuado en fraude de ley, con las consecuencias que eso acarrea”. Se ha remontado a 2017 para recordar que este asunto “se inicia con el objetivo de trasladar una industria molesta al polígono de Vallegón e instalar en la actual ubicación un centro comercial”. Ha defendido “el interés público del convenio firmado en su momento y que ordena llevar a cabo un actuación diligente en base a ese interés público y ante una industria en peligro de cierre definitivo, que tiene arraigo en el municipio y que suma puestos de trabajo”. Según Urabayen, “desde el equipo de Gobierno han puesto trabas, de forma intencionada, a este asunto, algo que no sólo decimos nosotros, sino también el juez”. Ha hablado de “mala interpretación de los informes emitidos por la CROTU, Costas y el Ministerio para la Transición Ecológica, a pesar de que todos ellos son favorables”. Entiende que “a la alcaldesa se le han agotado las excusas torticeras y ya no puede seguir con esa actitud entorpecedora a la que ha arrastrado a otros concejales, que seguro no querían recorrer ese camino”. Ha animado a “los ediles a tomar sus propias decisiones porque, llegado el caso, deberán responder con su propio patrimonio”. La concejala del PRC ha advertido que “la única decisión política ajustada a derecho es el voto favorable. De lo contrario se estará incurriendo en posibles responsabilidades de distinto tipo”. Durante el debate, Urabayen ha mencionado en varias ocasiones que la alcaldesa declaró ante el juez en relación a este asunto. Susana Herrán lo ha desmentido y ha pedido una rectificación por parte de la edil regionalista, rectificación que se ha producido. El portavoz de CastroVerde (el otro partido que solicitó la celebración de pleno), Eduardo Amor, ha lamentado que “nos estemos reuniendo hoy aquí porque lo ha ordenado un juez y no porque hay informas favorables a este asunto, un convenio urbanístico que justifica la modificación del Plan General y el interés público, porque el convenio fue defendido por el Consistorio y avalado por el TSJC o por defender los puestos de trabajo de la conservera y los que se crearían en el futuro centro comercial”. Considera CV que “el juez no está obligando a votar a favor, sino que lo que hace es indicar que el Ayuntamiento actuó fraudulentamente en el Pleno de febrero y obliga a repetirlo. Dice que debe ser coherente con la tramitación del expediente, que cuenta con todos los informes favorables. No es el juez quién obliga a aprobarlo, sino los propios actos del Ayuntamiento, que se comprometió a ello en un convenio e inicio el expediente”. A partir de ahí, tomaban la palabra el resto de grupos, los que ya en el pleno de febrero decidieron no apoyar el punto o no acudir a la sesión, en el caso del PP. El edil del PSOE, Alejandro Fernández ha recordado cómo “en el pleno de febrero nos pronunciamos de forma libre y sin condiciones judiciales. En esta ocasión, la voluntad de los concejales puede verse anulada por un auto judicial bajo la advertencia de responsabilidades patrimoniales”. Los socialistas “entendemos que el auto del juez sí interfiere en el derecho de los miembros de la Corporación a decidir sobre los asuntos públicos, algo que nos reconoce la Constitución. Esto sí que es insólito”. Ha insistido en que “hay dos cuestiones diferenciadas: una cosa es el convenio firmado entre la empresa y el Ayuntamiento, gobernando CastroVerde; y por otro la tramitación de la modificación del PGOU, que es a lo que se comprometió el Consistorio”. Ha recordado cómo en la pasada legislatura “se llegó hasta la aprobación provisional y en los distintos trámites, entonces y ahora, el PSOE ha mantenido la misma postura de abstención”. Según Fernández, “hemos tramitado diligentemente la modificación planteada pero, tras los informes sectoriales de Costas y la CROTU que advierten de la inundabilidad de la zona, no está claro cómo afectan los condicionantes sectoriales derivados de dichos informes al contenido del documento del modificación del PGOU que se trae a aprobación, ni las responsabilidades que podría acarrear en el futuro contra el Ayuntamiento la aprobación del expediente tal y como está. Un tercer adquiriente se puede ver con problema a la hora de materializar los aprovechamiento y, en ese caso, la responsabilidad del Consistorio sí puede ser cuantiosa”. Por otro lado, el concejal del PSOE ha hecho alusión al artículo del convenio que señala que “el Ayuntamiento no vendrá obligado a probar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad titular de la industria se acredite la adquisición o uso de una parcela en Vallegón para trasladar la fábrica y que también dispone de financiación para adquirir la misma y para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones. La claridad de la cláusula es meridiana y no se cumple. Sólo se aporta un certificado de SICAN que señala que Conservas Lolin está interesada en la adquisición de un derecho de superficie que queda pendiente de que la empresa presente las garantías de financiación pertinentes”. Insistía el concejal en que “ésa es la manera de tener certeza de que la empresa cumplirá con su parte y mantendrá la actividad una vez aprobada la modifica. A día d hoy, el Ayuntamiento no tiene garantía alguna de que la firma pueda cumplir con estas condiciones”. A todo esto, el PSOE ha añadido que “siempre hemos considerado mejor la tramitación de un Plan Especial para reordenar toda esa zona de Brazomar y no sólo una parcela, lo que es un trato desigual y preferente para un propietario sobre otro, sin que exista una razón urbanística específica que lo justifique”. En este sentido ha afirmado que “el urbanismo no tiene como fin solventar los problemas financieros de una empresa”. La concejala del PP, Ana Urrestarazu, ha hecho mención al convenio y a las obligaciones de las dos partes firmantes. En esta línea ha sido tajante al decir que “el Ayuntamiento se compromete a tramitar con diligencia, que no aprobar,  la modificación del Plan General.  Se ha hecho”. Sin embargo, “la empresa no ha cumplido con su parte de certificar la adquisición de la parcela y que tiene solvencia financiera para poner en marcha la actividad en Vallegón, que es lo más importante”. Además de esto, “hay informes que siembran dudas que ningún técnico ha sabido despejar para dar tranquilidad a los que debemos emitir el voto. Por ejemplo, sobre la advertencia de inundabilidad de la Confederación Hidrográfica. Ni la CROTU ni la secretaria municipal despejan esa duda. Es más, la advertencia se sigue arrastrando”. No se ha olvidado Urrestarazu de la “discrecionalidad y voluntad política de los grupos representados. El PP considera que esa zona entera adolece del mismo problema de inundabilidad y debe ser tratada en igualdad de condiciones con los instrumentos que nos da el planeamiento urbanístico, ya sea nuevo PGOU o Plan Especial”. Por parte de Ciudadanos (Cs), José Mari Liendo ha echado de menos que, “en este tiempo, la empresa no haya tomado ninguna medida para solventar las dudas o falta de documentación que existían. Solo se han basado, que es legítimo, en la defensa judicial, pero ha tratado de coartar el libre ejercicio democrático de los concejales, mientras podría haber avanzado en solventar las dudas que se manifestaron en el pasado pleno”. Este partido político no está en contra del traslado de una empresa molesta, pero entiende que “no ha sido positivo el grado de ejecución del convenio porque el Ayuntamiento ha visto disminuidas progresivamente las prebendas que tenía al principio, al haberse perdido una pasarela de las previstas y estar en el limbo la cesión del pozo de agua”. Liendo ha asegurado que “tenemos que velar porque el cumplimiento sea íntegro por ambas partes y la mercantil no ha cumplido la más importante, que es acreditar la adquisición de la parcela en Vallegón y que dispone de financiación para poner en marcha la actividad en el polígono industrial. Tampoco se nos resuelven, por parte de los organismos sectoriales, las dudas sobre inundabilidad. Para aprobar algo se tienen que tener todas las dudas aclaradas”. El concejal de Podemos, Alberto Martínez, ha dejado claro su “oposición rotunda al convenio, que sólo beneficia a una parte, que es la empresa”. Ha señalado que “el PRC aprovechó la debilidad de CV en la pasada legislatura para imponer un acuerdo que sólo beneficia al gerente de la empresa. Se vendieron por un plato de lentejas para mantener el equipo de Gobierno”. Para la formación morada “existen sólidas razones para oponernos a esto”. Ha señalado que “el de Brazomar es un enclave fundamental para diseñar el futuro urbanístico de la zona y, el urbanismo a  la carta ha costado mucho dinero a este municipio. Tenemos la opción de recuperar este entorno, pero un centro comercial lo arruinaría y animaría a solicitar convenios de la misma naturaleza por parte de otros interesados”. Ha continuado diciendo que “el interés del convenio es nulo para el Ayuntamiento. No hay pozo, no hay pasarela y tenemos que correr con el mantenimiento del bajo cubierta del edificio y no sabemos si se podrá usar fuera del horario de apertura del centro comercial”. Según Martínez “ganamos con el traslado de una empresa molesta para poner un centro comercial encima del río, lo que sería también una puntilla para el comercio local”. Por otro lado, “vemos bien salvar los 50 puestos de trabajos de la fábrica, pero la única garantía que tiene el Ayuntamiento de que la empresa no agarre el dinero y cierre es que demuestre su solvencia económica para el traslado. Justo eso, lo más importante, no se ha hecho”. Para Podemos “es inaudito que el Ayuntamiento tenga que respetar un convenio, cuando la otra parte no lo ha hecho”. En lo que tiene que ver con la inundabilidad, “está certificada por la Confederación Hidrográfica. Si el Ayuntamiento asume esta modificación del plan general y la consiguiente instalación de un centro comercial, se convierte en responsable si en el futuro se produce una inundación”. Martínez ha mencionado, por otra parte, como Conservas Lolín “ha recibido, en los últimos 15 años, cuantiosas subvenciones públicas que pagamos todos los cántabros. Curiosamente  siempre concedidas mientras Revilla era presidente. Ese dinero, algo más de 7 millones de euros, no se ha usado nada bien. Ahora se quiere hacer responsables a los concejales de la viabilidad de la empresa”. En la última parte de su intervención ha dado las “gracias a CV y PRC por vender Castro una vez más” y ha calificado a CV como “el gran perversor”. Podemos ha votado a favor de la modificación del Plan General “con los ojos cerrados y tragándonos este sapo nauseabundo que nos traen PRC y CV. Esperamos que el TSJC corrija todo esto”, una vez se resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento. MINUTO DE SILENCIO Y URGENCIA DE LA SESIÓN El pleno comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de todos los fallecidos por Coronavirus y en reconocimiento de las personas de diferentes sectores que “están volcados en proteger nuestra salud ante esta pandemia y crisis sanitaria”, señalaba la alcaldesa. Tras esto,  se procedía a la votación de la ratificación de la urgencia de la sesión. Todos los grupos políticos votaban a favor salvo CastroVerder que se abstenía al entender que “este pleno se podría haber celebrado antes de manera que no tuviera que ser urgente. Ha sido la alcaldesa la que lo ha hecho urgente”. En este mismo punto, Susana Herrán, dejaba claro que “esta sesión se convoca porque así lo ha ordenado el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander (que dirige el juez Acayro), no porque consideremos que éste sea un asunto urgente”. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PLENO MATEMÁTICO Durante el pleno también se aprobaban por unanimidad las normas de funcionamiento de los plenos telemáticos, unas normas que se encargaba de detallar la secretaria municipal, explicando que “se ha podido desarrollar esta sesión de esta forma después del Real Decreto Ley de 31 de marzo, publicado en el Boletín Oficial en día 1 de abril y que entraba en vigor el día 2. Hasta ese momento no se podían hacer plenos telemáticos”. Serán sesiones de carácter público, que se emiten por Internet en directo y cuya grabación se colgará después en la página web del Ayuntamiento.