El Juzgado de lo Social número 2 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Castro Urdiales a indemnizar a un oficial de la Policía Local «por la vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales», según informa el sindicato APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos) en nota de prensa. El oficial denunciaba que «desde hace varios años, por parte del jefe de Policía Local del Ayuntamiento de Castro Urdiales, y con pleno conocimiento de la Administración Local codemandada, se está efectuando una persecución continuada contra el demandante, en su ámbito de trabajo». La Sentencia, según APLB, «es categórica al definir como pasivo el comportamiento del Ayuntamiento, al que le reprocha que ni siquiera finalizó el Protocolo de Acoso Laboral municipal, activado tras denuncia interna del oficial en 2017, ni adoptó medida alguna para evitar, prevenir y gestionar el conflicto y el consecuente daño que pueda generarse en una situación enquistada». Considera «incuestionable la situación generalizada de conflictividad laboral en el seno de la Policía Local, así como la ausencia de medidas para evitarlo, paliarlo o solucionarlo, en este caso en relación con el demandante, medidas que pasan por el diagnóstico del problema, la identificación del riesgo, la adopción de medidas y sobre todo la puesta en práctica de las mismas, y desde esta perspectiva, la actuación del Ayuntamiento no cumple los parámetros necesarios en materia de prevención de riesgo psicosociales». Se reconoce al demandante «la existencia de hasta cuatro procesos de incapacidad temporal relacionados con la problemática existente en el seno de la Policía Local de Castro Urdiales y los diversos enfrentamientos con el jefe de Policía Local, así como de una situación de conflicto generalizado enquistada y de relativa intensidad no resuelto». Ante la Sentencia, cabe recurso de suplicación. La magistrada incide en que «no se trata del único caso, y hace constar que el Ayuntamiento ya fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en enero de 2020, tras un caso análogo en el que otro agente, delegado sindical de APLB, denunció el acoso al que se sentía sometido por el jefe de la Policía Local. En la APLB consideramos de extrema gravedad esta situación, y rechazamos la inoperancia e incapacidad demostrada por el Ayuntamiento de Castro para atajar determinados comportamientos, desentendiéndose de manera reincidente, como expresa de forma rotunda la jueza». Desde APLB «venimos denunciando reiteradamente desde 2015 situaciones de trato arbitrario y discrecional reflejado, al margen de los procedimientos judiciales, en denuncias y quejas de agentes que ni siquiera reciben respuesta por los responsables en Recursos Humanos. El anterior equipo de Gobierno miró hacia otro lado. Con el actual, transcurrida casi media legislatura, la situación persiste». «Desgraciadamente, los dos policías que han visto estimadas sus demandas en los Tribunales, continúan de baja por procesos médicos relacionados con estos hechos, mientras ni siquiera se ha abierto un expediente para determinar las responsabilidades dentro del Ayuntamiento, a pesar del menoscabo creado a las arcas municipales».