Izquierda Unida y Podemos en Castro exigen “la dimisión inmediata del alcalde pedáneo de Santullán, Julián Revuelta y que el PRC le cese de inmediato en militancia por poner en grave riesgo, probablemente a sabiendas, la salud de las personas de este municipio”. Todo ellos tras dar positivo en amianto las catas realizadas en la zona conocida como El Campillo en Santullán. Tanto Alberto Martínez como Pablo Villasante, portavoces de Podemos e IU, han sido tajantes en sus afirmaciones: “No cabe ninguna excusa, a las pruebas nos remitimos. Hay un video que circula por redes en el que Revuelta aparece dirigiendo el vertido de restos, presuntamente de derribo de unas casetas; papeles firmados acordando con la empresa obras que no estaban licitadas y hasta el hecho de que no exista una simple petición de licencia de obra por parte de la Junta. Es una evidencia clara de la intención de saltarse cualquier protocolo o estamento municipal, autonómico y estatal. Desde el interventor de Juntas Vecinales, pasando por los departamentos técnicos del Ayuntamiento, dirección de obra y terminando por la Confederación Hidrográfica, entre otros. Nadie ha sabido absolutamente nada de sus intenciones”. A estas dos formaciones políticas “no nos vale escudarse en la ignorancia, ni por parte de la empresa ni por la del señor Julián Revuelta y, si al Partido Regionalista le preocupase algo la salud de sus vecinos, le pediría explicaciones y le suspendería de militancia ipso facto”. En palabras de Pablo Villasante, “todo lo expuesto anteriormente da una idea de la peligrosidad de los materiales encontrados en las catas. No estamos hablando de algo sin importancia y no nos creemos que la UTE, con la experiencia que tiene en obra pública, no tuviera sospechas de la existencia de asbesto. Ahora falta saber si a los trabajadores que han estado expuestos se les proporcionaron las medidas de seguridad, que doy por hecho que no, ya que sería reconocer que estaban cometiendo una ilegalidad y las consecuencias a largo plazo tanto para ellos como para toda la ciudadanía castreña. No olvidemos que se ha enterrado debajo de un parque donde han estado jugando nuestros menores con sus familias, que seguramente se han filtrado restos al río con las lluvias y que la tierra está contaminada.”

Por todo lo expuesto anteriormente, tanto Martínez como Villasante exigen “una respuesta inmediata y ejemplificadora de las instituciones y la dimisión inmediata de Julián Revuelta en sus funciones a la espera de las consecuencias penales y económicas en que hayan podido incurrir, tanto él como los responsables de la empresa adjudicataria, así como que se realice un seguimiento sanitario a las personas que hayan podido estar expuestas, ya sea por motivo laboral o personal, y se les repercutan todos estos costes a los culpables de semejante negligencia”. Por último recuerdan que la misma UTE ha comenzado las obras de renovación de la red de Abastecimiento de agua del Alto – Maliaño. “Esperamos que, si al final se demuestra su responsabilidad en las obras de Santullán, sea sancionada y se investiguen las obras públicas realizadas por estas dos  empresas y todas de las que puedan formar parte sus responsables. El baremo de las multas puede ser de 30.000 a 600.000 euros e incluso el cierre de la empresa”.