El pleno ha abordado hoy, con diferentes resultados, los puntos que forman parte de ese plan de medidas en el que el Ayuntamiento lleva semanas trabajando para ayudar a autónomos y pymes. Por unanimidad esa dotación de 800.000 euros en ayudas directas a autónomos y pymes que tienen como objetivo “que todo negocio obligado a cerrar por el estado de alarma o que haya visto mermada su actividad en un 75% o más de sus ingresos puedan recibir este apoyo municipal”. Así lo ha dicho el concejal de Industria, Pablo Antuñano al tiempo que ha detallado cómo será el reparto de esa cantidad. “Los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar por el estado de alarma (hasta 1.000 euros de ayuda), los autónomos que hayan perdido un 75% o más de sus ingresos (hasta 750 euros), las pymes obligadas a cerrar (hasta 1.250 euros) y las pymes con pérdida del 75% o más de ingresos (hasta 937 euros). El expediente se someterá a exposición pública durante 15 días, a partir de los cuales “comenzaremos a recibir y estudiar las solicitudes”. Antuñano ha explicado que “el requisito para los beneficiarios es que deberán mantener su actividad al menos seis meses y seguir empleando al mismo número de trabajadores”. También ha dicho que estas ayudas son compatibles con otras que ofrecen otras administraciones y que, “si fuera necesario más adelante, se convocaría otra línea de subvenciones”. En este punto, las dudas de los partidos de la oposición se han centrado en si el Ayuntamiento tenía o no competencias para abonar este tipo de ayudas. “Hay que hacerlo bien porque no es una competencia propia, sino delegada del Gobierno de Cantabria, al que se ha consultado si es posible hacer esto y su respuesta es muy interpretativa”. Así lo ha dicho la concejala del PP, Ana Urrestarazu que, al igual que otros ediles, mostraba su preocupación porque estas subvenciones pudieran causar problemas después a los beneficiarios para acceder, por ejemplo, al cheque resistencia del Ejecutivo regional. La alcaldesa, Susana Herrán, ha informado que, tras cursar consulta al Gobierno de Cantabria pidiendo aclaraciones al respecto “ha contestado que no hay inconveniente para la convocatoria de una línea de ayudas por parte del Ayuntamiento”. ORDENANZAS FISCALES La modificación de seis ordenanzas fiscales (basura, agua, ocupación de vía pública por mesas y sillas, tasa de letreros, de mercadillos ambulantes y la de suelo y vuelo) para poder bonificar las mismas con hasta un 95% a autónomos y pymes en función de cada situación, se ha quedado sobre la mesa. Los partidos de la oposición han solicitado algunas aclaraciones al interventor sobre la legalidad de la medida, teniendo en cuenta que “su informe no es favorable y echa en falta una valoración de la incidencia de esta medida en las arcas municipales”, ha recordado Eduardo Amor (CastroVerde). Por parte de la alcaldesa no se ha dado la palabra al interventor y eso ha llevado a que todas las formaciones políticas de la oposición votaran a favor de dejar el punto sobre la mesa. Esto ha sucedido al final del debate del asunto. En el transcurso del mismo, la concejala de Hacienda, Nereida Díez, ha defendido que “con esta modificación, el Ayuntamiento tendrá las herramientas para ayudar a negocios que se ven obligados a cerrar en situaciones como la que estamos viviendo ahora y no tiene sentido que se les cobren determinadas tasas si no están abiertos”. Ahora bien, ha reconocido que “este tipo de modificaciones no tienen carácter retroactivo”, por lo que se aplicarían en el momento en que entraran en vigor. Éste ha sido uno de los aspectos que se ha subrayado desde la oposición, al entender que “tras el periodo de exposición pública, entraría en vigor en julio, momento en el que, si no todos, la mayoría de establecimientos hosteleros y comerciales estarán ya abiertos”. Por tanto, “esta medida sería de aplicación para un futuro problema similar a la crisis del Coronavirus. Está bien ser previsor”. También se han pedido aclaraciones sobre el servicio de agua y la necesidad quizá de “sacarlo del paquete, teniendo en cuenta que está gestionado por una empresa externa”. Ana Urrestarazu, concejala del PP ha preguntado si “se han mantenido contactos con la empresa para decirle que no va a recaudar lo mismo y si hay acuerdos con ella o si, de nuevo, nos vamos a ver en los Juzgados”. Nereida Díaz ha señalado a esto último que “no hay inconveniente de compensar a la concesionaria como se ha hecho otras veces”. El PRC ha presentado, por otro lado, una enmienda a la totalidad del punto para que “sea sustituido por la propuesta de suspender la aplicación de estas ordenanzas (salvo la que tiene que ver con el agua) hasta el 31 de diciembre”. La enmienda ha sido rechazada. Entre otras cosas, la concejala de Hacienda ha afirmado que “los regionalistas dicen que la nuestra es una propuesta ilegal, pero ellos proponen suspender todas las tasas completamente”. Ha criticado que “el único empresario por el que se está preocupando el PRC en por su secretario general” y ha defendido que “el interventor aclaró que, si se hablaba de una bonificación en las ordenanzas de ‘hasta’ un 95% no había inconveniente”. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO También por unanimidad se ha aprobado una transferencia de crédito de competencia plenaria por importe total de 1.971.300 euros para financiar políticas para paliar los efectos del Covid-19. En definitiva, una modificación presupuestaria para destinar mayor importe a aquellas áreas que así lo necesitan, reduciendo partidas que no se van a poder ejecutar. Además de los 800.000 euros del punto anterior, se contempla, entre otras cosas, “un aumento en 140.000 euros de la partida para la Residencia Municipal, 60.000 euros más para ayuda a domicilio, 10.000 euros más para el servicio de teleasistencia o 75.000 euros para limpieza, desinfección, mascarillas y guantes”. Son datos aportados por Nereida Díaz que ha explicado que “el Ayuntamiento lleva gastados 400.000 euros en ayudas de emergencia social y ahora nos vemos obligados a hacer esta modificación para hacer frente a los problemas de los ciudadanos, reduciendo partidas que no se van a ejecutar, como los 250.000 euros de la Semana Grande y el Coso Blanco”. CASTROBÚS Al margen de lo relacionado con las ayudas a autónomos, pymes y ciudadanos en general, el pleno ha aprobado desestimar la solicitud realiza el 15 de abril por parte de la empresa que gestiona el Castrobús sobre declaración de imposibilidad de ejecución del servicio. El concejal socialista Alejandro Fernández, ha explicado cómo “el equipo de Gobierno ha tenido claro desde el primer momento que el de transporte urbano era un servicio esencial y, por tanto, ha funcionado al 100%, aunque se ha reducido el número de usuarios a los estrictamente necesarios. Ha quedado patente que, de haber reducido frecuencias, hubiera habido más viajeros al mismo tiempo y, por consecuencia, más riesgo de contagio”. Ha añadido que “la empresa defiende sus intereses y, para pedir indemnizaciones, necesita que el Ayuntamiento reconozca que no se puede prestar el servicio en las condiciones actuales. Los informes técnicos y jurídicos concluyen que la ejecución del contrato en necesaria y obligatoria y no se han dado causas que imposibiliten el mismo”. La desestimación ha contado con el voto a favor de PSOE, Ciudadanos, PP, PRC y Podemos y la abstención de CastroVerde. CASA DE LA NATURALEZA Por unanimidad de todos los grupos políticos se ha aprobado solicitar a Costas la declaración de Innecesariedad para el dominio público marítimo terrestre de la parcela sobre la que se encuentra situada la Casa de la Naturaleza. Como ha reconocido el concejal socialista Alejandro Fernández “temíamos poder encontrarnos con una situación parecida a la que se vivió con el Peru Zaballa”. Ha recordado cómo en la legislatura pasada “CastroVerde solicitó una concesión de la parcela, que tenía pocas posibilidades de prosperar porque los usos que se proponían dar al edificio eran incompatibles con la Ley de Costas”. El 23 de abril pasado se recibió la notificación de que se denegaba esa concesión. “Lo necesario y más razonable es regularizar los usos del propio terreno y eliminar esa afectación al dominio marítimo terrestre que, a día de hoy, no está justificada”. Y es que, “en 1998 se realizó un deslinde de la zona, por orden ministerial, no incluyendo esta parcela, que se quedó ahí como una única isla en todo el entorno”. Ahorra “ya estamos en disposición de solicitar a Costas esa regularización para que, además, sea suelo público para el disfrute de todos los castreños”, ha dicho Fernández. Todos los grupos políticos han coincidido en la necesidad de seguir avanzando en esa regularización, aunque Virginia Losada (CV) sí ha lamentado que, “por parte del PSOE, se quiere desprestigiar nuestro trabajo en la pasada legislatura sin ningún rigor”. En este sentido, ha defendido que “nosotros hicimos todo lo que Costas nos requirió y por eso solicitamos la concesión. Después se denegó diciendo que las actividades que se desarrollan en la Casa de la Naturaleza se pueden realizar en otro sitio y que el edificio no es indispensable para ello. Ahora se apuesta por la vía de la desafectación. Es Costas quién cambia de opinión y no CastroVerde el que elige mal la vía de la concesión”. PUNTO EN MATERIAL LABORAL La modificación de la plantilla de plazas y relación de puestos de trabajo para la creación de cuatro plazas (dos de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y otras dos de auxiliar administrativo de Administración General) ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, Cs, Podemos y CastroVerde y los votos en contra de PRC y PP. Como ha explicado la alcaldesa, “se trata de un expediente que continúa con la creación de ciertas plazas, que forman parte de un programa de empleo temporal por tres años que acaba ahora. La labor de estas personas se ha convertido en necesaria”. Varias formaciones políticas, como el PP, han pedido al equipo de Gobierno que trabaje “para acabar con el volumen de interinidad que tiene el Ayuntamiento, sobre el que ya nos advirtió el Tribunal de Cuentas”. Se ha mencionado la necesidad de sacar la Oferta Pública de Empleo. Quedaba rechazado el punto sobre la modificación de la Valoración de Puestos de Trabajo para la inclusión de las fichas de los puestos de encargado de Obras y Servicios, técnico medio de Prevención de Riesgos Laborales y auxiliar técnico de Animación Sociocultural y Turística; modificación de la plantilla de plazas y relación de puestos de trabajo para a creación de las tres plazas citadas. Han votado a favor los partidos del equipo de Gobierno, en contra PP y PRC y se han abstenido CV y Podemos.